Crisis Group: ¿Agoniza la respuesta electoral al conflicto?
Crisis Group destaca que pese a que ninguna de las dos partes logró imponer su argumento tras las elecciones regionales y legislativas, «y con Maduro planeando una reforma radical del sistema electoral venezolano, las facciones de la oposición deben centrarse en cómo reconstruir un movimiento pacífico para el cambio»
La organización Crisis Group señala que las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo se celebraron «en medio de la apatía casi absoluta del electorado», y señalan el cambio de panorama tras los comicios por los problemas dentro de la propia oposición, la pérdida de confianza en el voto y las amenazas de reforma constitucional que adelanta Nicolás Maduro y será entregada a la Asamblea Nacional en enero de 2026.
En un escrito de Phil Gunson, analista senior para la región andina, la organización destaca que «la habitual parafernalia de las campañas, como camiones con altavoces y pancartas de los candidatos, estuvo prácticamente ausente de las calles, y el silencio el día de las elecciones era inquietante».
La victoria de las fuerzas de Nicolás Maduro esta vez era un resultado previsible, afirma Gunson. «La principal pregunta no era quién ganaría, sino si los resultados, incluyendo el tema crucial de cuánta gente se movilizaría a votar, le darían la razón a quienes abogaban por la participación, a pesar de la enorme desigualdad de condiciones, o si prevalecería el ala abstencionista de la oposición y su llamado a una resistencia por medios no electorales».
Crisis Group destaca que pese a que ninguna de las dos partes logró imponer su argumento, «y con Maduro planeando una reforma radical del sistema electoral venezolano, las facciones de la oposición deben centrarse en cómo reconstruir un movimiento pacífico para el cambio».
A continuación, el análisis de Crisis Group:
Votar, pero sin elegir
El candidato presidencial de la oposición Edmundo González obtuvo una contundente victoria sobre Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024, solo para que se la arrebataran en lo que, según demuestra el conteo de las actas impresas por las máquinas de votación, fue uno de los actos de fraude electoral más flagrantes en la historia de América Latina. A esto le siguió una ola de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominó “terrorismo de Estado”.
En los días después de las elecciones, dos docenas de personas murieron, la mayoría por disparos de las fuerzas de seguridad o de grupos parapoliciales conocidos como colectivos, y más de 1.500 fueron detenidas, muchas de ellas menores de edad. El gobierno procedió a dirigir sus ataques contra políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas, incluyendo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
González huyó a España, mientras que María Corina Machado, quien hubiera sido la candidata presidencial de la oposición de no estar inhabilitada por el gobierno, se vio obligada a esconderse. Aunque cientos de las personas detenidas después de las elecciones han sido puestas en libertad condicional, las detenciones continúan. Decenas fueron capturadas justo antes de las elecciones del 25 de mayo, incluido Juan Pablo Guanipa, el más destacado de los aliados políticos de Machado que aún permanecen en el país.
El oficialismo ha hecho todo lo posible para disuadir a la oposición de participar en las elecciones. No ha permitido que el partido de Machado, Vente Venezuela, se registre para los comicios y también impidió que la principal coalición de oposición, la Plataforma Unitaria, registrara candidatos. De los 21 partidos de la oposición cuyo frente unido les dio la victoria en las elecciones legislativas de 2015, sólo uno, Un Nuevo Tiempo (UNT), aún puede presentar candidatos; el resto ha sido objeto de prohibiciones gubernamentales e intervenciones judiciales.
Además de la exclusión arbitraria de candidatos y partidos, la casi absoluta imposibilidad de transmitir las opiniones de la oposición a través de los principales medios de comunicación y el ya habitual uso de fondos, transporte, personal e infraestructura del Estado para favorecer la campaña del partido gobernante, las elecciones se vieron empañadas por una falta de transparencia sin precedentes.
Ante la imposibilidad o la falta de voluntad para presentar un desglose detallado de los resultados de la elección presidencial de julio pasado, y alegando sin evidencia que sus sistemas habían sido hackeados, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que está controlado por el gobierno, cerró su página web, la cual hasta la fecha permanece inactiva. Tras adelantar unilateralmente varios meses la fecha de los comicios, el CNE no fijó plazos para todas las fases del proceso electoral, como exige la ley, y omitió varios pasos obligatorios, tal como la auditoría del registro electoral.
Además, a menos de quince días de los comicios, se supo que habían decidido eliminar el código QR de las actas que en julio permitieron validar el recuento de la oposición.
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Ante estas condiciones, la mayoría de las fuerzas de la oposición decidieron no participar, tal como lo había hecho en las elecciones legislativas de 2021. Machado hizo un llamado a la abstención, calificándola de “desobediencia” (aunque en Venezuela el voto no es obligatorio), e insistió en que no se podía pasar la página del fraude del año pasado. Participar, les dijo a sus seguidores, era una traición a la causa. La principal coalición de oposición, la Plataforma Unitaria, también anunció que no participaría. Cualquier desviación de esta posición acarrearía sanciones.
Cuando UNT, bajo la dirección del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, anunció que presentaría candidatos, la Plataforma suspendió su afiliación. Cuando el excandidato presidencial Henrique Capriles hizo lo mismo, después de que el gobierno quitara la inhabilitación política en su contra, el partido que cofundó, Primero Justicia, anunció su expulsión.
En este contexto, no es de extrañar que los votantes, en particular los opositores al gobierno, tuvieran poco entusiasmo a la hora de participar en las elecciones del pasado 25 de mayo. Aunque el porcentaje de participación es objeto de controversia, todo indica que alrededor de tres cuartas partes del electorado se quedó en casa.
El mapa se vuelve aún más rojo
Los resultados anunciados la noche del 25 de mayo fueron incluso peores de lo que muchos anticipaban para las figuras de la oposición que decidieron participar. De las cuatro gobernaciones que estaban en manos de la oposición, tres pasaron al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quedando el pequeño estado rural de Cojedes como su único reducto.
Un resultado particularmente adverso para la oposición se produjo en Zulia, el estado más poblado del país y principal bastión de UNT. Rosales, que perdió su intento de reelección, responsabilizó tanto al gobierno como a los promotores de la abstención.
En total, el PSUV obtuvo 253 de los 285 escaños de la Asamblea Nacional que estaban en juego, y sólo once fueron para la alianza entre UNT y la facción de Capriles, mientras que un conjunto de partidos menores no alineados con el gobierno, pero que evitan la confrontación con Maduro, obtuvieron trece escaños. Sin embargo, los resultados detallados no han sido publicados.
El jefe de campaña del PSUV y actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo público el conteo final del voto por la Asamblea antes de que lo anunciara la propia autoridad electoral. Otros resultados también cuestionaron la integridad de las elecciones.
Además de los 232 representantes regionales, la Asamblea Nacional tendrá 50 miembros elegidos de una lista nacional, supuestamente determinada por representación proporcional; hasta el momento, no está claro cómo las autoridades electas asignaron esos escaños. El CNE reportó una participación superior al 43 por ciento de “electores activos”, un término que nunca había utilizado anteriormente y que no definió.
Pero el número de votos reportados (poco más de 5,5 millones) representa menos del 26 por ciento del censo electoral, que asciende a unos 21,5 millones. Una vez más, prevaleció la falta de transparencia, aunque es evidente que la mayoría de los votantes se quedaron en casa.
Oposición vs. oposición
La oposición venezolana ha estado tradicionalmente dividida en torno a cuál es la mejor estrategia. En términos generales, la división se da entre quienes quieren derrocar al gobierno mediante manifestaciones masivas, un golpe de Estado, sanciones o incluso una intervención militar, y quienes defienden la participación electoral y una transición negociada.
María Corina Machado, anteriormente la abanderada del primer grupo, encabezó la campaña presidencial de la oposición en 2024, a pesar de estar inhabilitada para presentarse como candidata. Tras ver cómo se le impidió al candidato que la sustituyó, González, asumir el cargo a pesar de una aparente victoria contundente, ha retomado su postura antielectoral.
Machado describió el resultado del 25 de mayo como una victoria de la “desobediencia”. En un mensaje de video grabado desde la clandestinidad, afirmó: “Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal”, argumentando que la abstención, según ella, del 85 por ciento, demostraba que el poder lo tiene la ciudadanía.
También instó a las fuerzas armadas a “abrir el camino a la transición en orden y con seguridad”.
Machado dice que no puede haber más participación en las elecciones hasta que el gobierno reconozca su derrota en el 2024, y que la única negociación que vale la pena emprender con Maduro es sobre los términos de su salida del poder. Por su parte, el gobierno ha descartado sistemáticamente cualquier diálogo con Machado, o cualquiera que la represente.
Los opositores que difieren de la línea de Machado, encabezados por Capriles y Rosales, argumentan que la abstención se ha intentado muchas veces. Afirman que no debilita la legitimidad del gobierno ni acerca al país a una solución a su prolongada crisis política. “La manera de no ‘pasar página’ del 28 de julio es expresándote”, dijo Capriles tras emitir su voto. “No creo que en silencio vamos a derrotar a este gobierno”.
Sin embargo, quienes defienden la participación enfrentan una dura batalla. Reducidos a un puñado de escaños en el parlamento y representando una minoría dentro de la oposición, sus posibilidades de persuadir al gobierno para que haga concesiones parecen escasas.
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Mientras tanto, la parte más visible de la estrategia de Machado es una estrecha alianza con la administración de EEUU. La líder opositora, quien mantiene vínculos de larga data con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con numerosos miembros del Congreso, espera una versión intensificada del enfoque de “máxima presión” implementado en 2019 durante el primer mandato del presidente Trump, con el cual se pretendió, sin éxito, derrocar a Maduro privándolo de recursos y apoyo externo, y desestabilizándolo desde adentro.
Sin embargo, su llamado a un nuevo impulso para derrocarlo enfrenta resistencia tanto en Caracas como en Washington. Varias figuras importantes cercanas a Trump argumentan que los intereses de EEUU se benefician más si se negocia con Maduro en temas energéticos y migratorios. El diálogo directo, afirman, ha permitido la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y ha garantizado que Maduro reciba de vuelta a los venezolanos deportados de EEUU.
Liderados por el enviado especial Richard Grenell y respaldados por cabilderos de la industria petrolera y tenedores de bonos venezolanos, también argumentan que las sanciones petroleras simplemente abren más oportunidades para que rivales geopolíticos, como China, exploten las mayores reservas de petróleo del mundo.
Por ahora, la facción de Rubio parece estar ganando el pulso: dos días después de las elecciones, se dejó expirar la licencia que permitía a Chevron Corp. producir y vender petróleo venezolano a pesar de las sanciones impuestas. Aun así, el panorama es tan incierto como el recuento electoral venezolano, ya que inmediatamente después se concedió una nueva licencia a Chevron. Aunque los términos de la licencia no se han hecho públicos, informes de medios de comunicación sugieren que la compañía podrá mantener su infraestructura en Venezuela, pero no podrá exportar petróleo producido allí.
Dejando de lado el tira y afloja dentro del gobierno estadounidense sobre Venezuela, una postura de mano dura hacia Caracas no está exenta de riesgos. Expone a Machado a ser acusada de promover una política que dificultará aún más la vida de la población venezolana en un país que lleva una década sufriendo una compleja emergencia humanitaria.
La reimposición en marzo de sanciones petroleras totales por parte de Trump, incluida la amenaza de aranceles adicionales del 25 por ciento a cualquier país cuyas empresas compren petróleo venezolano, ya ha acelerado la devaluación del bolívar. Encuestas recientes vistas por Crisis Group sugieren que la mayoría de los venezolanos se oponen a todas las sanciones, excepto a las individuales. (Ultimamente muchas encuestadoras en Venezuela no publican sus resultados por razones de seguridad).
Simultáneamente, Machado ha estado promoviendo con entusiasmo la tesis de que el gobierno de Maduro es un cartel criminal que “vació sus cárceles” y envió a pandilleros del Tren de Aragua a sembrar el caos en EEUU. Este argumento es parte del sustento de la campaña de Trump para deportar a los migrantes venezolanos indocumentados, algunos de los cuales fueron transferidos a la temible megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
A pesar de la evidencia en contrario de sus propios servicios de inteligencia, Trump ha afirmado que la pandilla venezolana, ahora designada como “organización terrorista extranjera”, ha “invadido” EEUU. Miles de venezolanos ya han sido deportados sumariamente.
Hacia un Estado comunal
A pesar de su victoria en las urnas, Maduro tiene mucho de qué preocuparse. Aunque afirma representar a una inmensa mayoría, sus miembros son muy conscientes de que el descontento es generalizado y es probable que aumente. Su capacidad para controlar los subsidios sociales, incluidos los alimentos, y así captar el voto en las comunidades pobres es real, pero se ha visto muy reducida.
Tras un breve retorno al crecimiento, la economía ahora se encamina de nuevo hacia una recesión, impulsada por el regreso a una política de sanciones más severa por parte de la administración Trump. La inflación ha vuelto a los tres dígitos y la crisis humanitaria se agrava, exacerbada por los drásticos recortes a la financiación estadounidense.
Maduro debe hacer malabares con intereses políticos y económicos contrapuestos, tanto dentro como fuera del país. Debe seguir dialogando con Washington, a pesar del rumbo errático de la política de Trump hacia Venezuela, y al mismo tiempo mantener el consenso entre las facciones civiles y militares que conforman la coalición gobernante.
Al asumir su tercer mandato en enero, Maduro anunció un plan para una reforma a fondo de la Constitución de 1999, en un aparente intento por garantizar que el chavismo, el movimiento socio-político que lidera, pueda mantener el control a largo plazo. El objetivo de la reforma, según dijo, es “definir con claridad el modelo de desarrollo venezolano para los próximos 30 años y democratizar hasta el infinito la vida política y social de Venezuela”. Designó una comisión presidencial, compuesta en su totalidad por aliados cercanos, incluida la primera dama Cilia Flores, para estudiar su propuesta, pero en los meses siguientes no hubo más información pública.
Sin embargo, poco después de las elecciones del 25 de mayo, Maduro retomó el tema, prometiendo presentar su proyecto de reforma a la nueva Asamblea una vez que comiencen las sesiones en enero.
Quizás el aspecto más controversial de esta reforma sea la intención, más explícita tras las elecciones, de crear un sistema electoral completamente distinto, basado en las comunas. El predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez, creó las comunas en 2010 como parte de su estrategia para establecer lo que denominó “el poder popular”.
Con el objetivo explícito de desmantelar la “democracia burguesa”, la reforma transferiría el poder de los gobiernos estatales y municipales a asambleas populares dependientes del ejecutivo, creando una estructura paralela que drenaría los recursos financieros de las alcaldías y gobernaciones y reduciría drásticamente sus funciones.
Aunque los detalles aún no se han hecho públicos, analistas consultados por Crisis Group afirmaron que es probable que Maduro esté dando un paso hacia la sustitución de la democracia representativa por un modelo de gobierno basado en la participación ciudadana directa, eliminando así el sufragio universal y el voto secreto.
Los venezolanos rechazaron por un estrecho margen una propuesta de reforma constitucional similar durante el auge de la popularidad de Chávez en 2007, y Maduro podría enfrentar oposición incluso dentro de sus propias filas.
Reingresar al espacio político
Tanto la administración de Nicolás Maduro como el movimiento de oposición en torno a María Corina Machado han celebrado el resultado de las elecciones del 25 de mayo como un gran triunfo, a pesar de que ninguno ha logrado superar sus debilidades.
El oficialismo celebra su hegemonía política absoluta en un momento de creciente pesimismo económico y social. Aunque el movimiento chavista encarnó durante mucho tiempo las aspiraciones de millones de venezolanos de a pie, con Maduro esa conexión en gran medida se ha perdido.
Machado interpreta la baja participación en las urnas como una señal de apoyo a su estrategia de línea dura y un indicio de las vulnerabilidades subyacentes de la administración Maduro, aunque no hay señales de que pueda ser derrocado próximamente. Los partidos de oposición son en su mayoría apenas sombras de lo que fueron, enfrentados entre sí e internamente.
Los miembros de la facción minoritaria de la oposición que busca una solución negociada al conflicto se encuentran en la peor posición: son tratados con desdén por el gobierno y tachados de “colaboracionistas” o algo peor por sus antiguos aliados. Será difícil deshacerse de este estigma, ya que el gobierno tiene un historial de seleccionar cuidadosamente a la oposición con la que está dispuesto a tratar, sólo para dejarla con las manos vacías y desacreditada.
Ante un escenario en el que tanto la facción de la oposición de línea dura como la más moderada se muestran aparentemente desprovistas de una estrategia viable, la ruta hacia un cambio político en Venezuela parece haberse vuelto más dependiente del apoyo externo.
Pero también allí, las divisiones son marcadas. La “máxima presión”, tal como la promueven Machado y Rubio, equivale a una repetición de la política que fracasó hace cinco años, aunque todavía existe un ferviente apoyo a la estrategia en algunos sectores republicanos. Si la facción de Grenell prevalece en Washington, es probable que el resultado sea una consolidación de Maduro, liberado de las condiciones externas en lo que respecta a la democracia y los derechos humanos. Grenell, quien consiguió un acuerdo con Maduro inmediatamente después de la toma de posesión de Trump en enero, dijo al mes siguiente que el presidente de EEUU «no quiere un cambio de régimen».
Es probable que el camino de regreso para la oposición sea largo y duro, y resulta difícil imaginar un cambio pacífico en la vida pública de Venezuela a no ser que surja un movimiento de base amplia, una tarea que los partidos no pueden asumir por sí solos. Las condiciones para una movilización de ese tipo no podrían ser más adversas.
La sociedad civil venezolana se encuentra actualmente sometida a una intensa persecución. Los activistas son hostigados y encarcelados, y una serie de leyes cada vez más draconianas contra las ONG y, de hecho, contra cualquier forma de disidencia que el gobierno califica de “fascismo”, ponen en peligro incluso su existencia. Pero les corresponde a los activistas de la sociedad civil exigir a los líderes de ambos bandos una forma diferente de hacer política.
La propuesta de “reforma” constitucional de Maduro, que amenaza con desmantelar la forma de gobierno por la que votaron los venezolanos en 1999 y que defendieron con sus votos frente el intento de Chávez por sustituirla en 2007, representa tanto un desafío como una oportunidad. La defensa de la Constitución puede llegar a trascender las diferencias estratégicas internas de la oposición, así como generar apoyo tanto dentro como fuera del chavismo. Pero más allá de eso, representa la posibilidad de reabrir un espacio para el debate y la acción política que permanecerá cerrado si el gobierno y los líderes de la oposición simplemente se niegan a dialogar.
Una renovada actividad de la oposición en torno a la forma de gobernar Venezuela también podría estimular el nacimiento de una nueva generación de líderes, potencialmente más conectados con las preocupaciones de las comunidades de base. A pesar de los entendibles temores de que los acontecimientos de julio de 2024 puedan convertir rápidamente a Venezuela en una versión de la Nicaragua actual, donde el activismo de todo tipo ha sido prácticamente abolido, aún existe espacio para la libre expresión política, aunque bajo constante amenaza.
Además de defender la Constitución de los intentos por instaurar un “Estado comunal”, dicho movimiento también debe enfatizar la defensa de los derechos humanos, incluyendo un llamado para la liberación de los presos políticos, que actualmente suman más de 900.
Con su flagrante manipulación del conteo de votos en 2024, el oficialismo cerró, en efecto, la vía electoral hacia un cambio político. Desde entonces, la oposición quedó enfrascada en un debate en su mayoría estéril sobre si el camino es seguir buscando votos o depositar sus esperanzas en una intervención extranjera o en un golpe militar. Cuando todas las decisiones estratégicas son tomadas por políticos, las elecciones adquieren una importancia extraordinaria. Sin embargo, no toda la política es electoral, y el reto que enfrentan hoy los venezolanos es tomar el clamor popular por una vida mejor y forjar un nuevo vehículo para conseguirla.
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