Cristina Fernández irá a nuevo juicio oral por sobornos en obra pública
El juez de la causa ha afirmado que entre 2003 y 2015 se creó un «sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático»
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner irá a un nuevo juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos.
Esta se trata de la décima causa que la exmandataria de Argentina tiene elevada a juicio oral, nuevamente a cargo del juez Mario Bonadio, quien lleva la mayoría de los casos contra Fernández en las investigaciones judiciales que surgieron tras la publicación de los llamados «cuadernos de las coimas».
Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos vinculados a la Cámara de la Construcción.
Bonadio afirmó que «se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años».
Todo funcionó desde el área del Ministerio de Planificación Federal «por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles», determinó el juez, quien remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, «debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación».
Para determinar cómo funcionó la cartelización de la obra pública, se trazó una serie de responsabilidades, que alcanzó a De Vido, José López, Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista) y a las autoridades de Vialidad Nacional.
Además, se procesó a más de un centenar de empresarios que «participaban de este sistema, al igual que sus directivos o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas» a exfuncionarios kirchneristas.
Sin embargo, luego la Cámara limitó la responsabilidad de las constructoras involucradas en el expediente, porque solo tuvo en cuenta para la acusación contra los empresarios un listado aportado por el financista Ernesto Clarens. Bonadio había acusado a más empresas.
Entonces, quedaron con procesamiento confirmado por pagar sobornos los empresarios: Gerardo Ferreyra, Javier Sánchez Caballero, Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack, Ángelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Mario Rovella y Gerardo Cartellone.
A su vez, cuando el fiscal del caso Carlos Stornelli formuló la acusación final para requerir a Bonadio que cierre la investigación, recordó que el «mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados», es decir por Cristina Kirchner y los exfuncionarios del ministerio de Planificación Federal.
Se determinó que «cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento» de Cristina en el barrio de Recoleta.
«Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados», se señaló en la causa.
Con la «camarita» -como se determinó al ámbito que nucleaba a las constructoras- como epicentro de las maniobras, la causa investigó el otorgamiento de contratos de obra pública civil a cientos de empresarios.
Este expediente es una derivación de la «causa de los cuadernos», que se destapó en agosto de 2018 después de conocerse unas libretas en las que un chófer del ministerio del área de obras públicas anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.
Desde hace tiempo, la exmandataria y actual vicepresidenta, quien se encuentra desde el pasado fin de semana en Cuba visitando de nuevo a su hija Florencia, tratada allí por problemas de salud, reitera que todas las acusaciones en su contra son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial impulsada por el anterior mandatario, Mauricio Macri (2015-2019).
Su procesamiento en la causa por presunta cartelización de la obra pública, decidido por Bonadio en junio pasado, fue confirmado a finales de octubre pasado por la Cámara Federal, un tribunal de alzada.
Con información de Clarín de Argentina
