Cuarentena y separación, por Rafael Uzcátegui
A estas alturas, espero, no hay que extenderse demasiado para sostener que estamos ante una emergencia que ha paralizado al mundo, desbordando la capacidad hospitalaria en países que parecían tener un sistema de atención blindado, comprometiendo los presupuestos nacionales y generando en la población todos los miedos imaginables debido a los umbrales de desconocimiento sobre el covid-19.
En el caso venezolano Nicolás Maduro y su equipo han dado un tipo de respuesta que, en este texto, no vamos a comentar en sus aspectos específicamente sanitarios (su eficacia en cuanto la prevención, preparación, contención y tratamiento), sino en su dimensión exclusivamente política.
Lo primero que queremos afirmar es que ante el covid-19, salvo la cuarentena y la petición de financiamiento del FMI, en su abordaje el gobierno no está tomando medidas extraordinarias, es decir, decisiones que antes no haya implementado.
Lejos de entender la gravedad de la situación y convocar a todos los sectores para una respuesta como país a la enfermedad, mediante una suerte de gobierno de unidad nacional frente al covid-19, su actuación ha repetido patrones de comportamiento existentes previo a la pandemia: Su capacidad de actuación militar, el control territorial a partir del FAES y los “colectivos”, la represión al disentimiento público, un desequilibrio entre la atención a Caracas con respecto al resto de las regiones, la opacidad informativa y la imposición de una narrativa divulgada a través de canales de comunicación hegemónicos. Todo bajo la conducción de una cúpula ligada al PSUV.
Un ejemplo de la jerarquización de las consideraciones políticas sobre las técnicas ha sido la ausencia del ministro de salud Carlos Alvarado en la vocería oficial. Esta omisión no es casual, y forma parte de un modelo de gobernabilidad que ha subestimado permanentemente el conocimiento, priorizando la fidelidad política y la obediencia cuartelaría. Sin embargo, la altura que demanda una crisis como la actual obligaría, según el sentido común, a reunir a la mayor experticia posible repartida en todos los sectores de la sociedad.
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Una segunda idea, vinculada a la anterior, es que la Cuarentena –de nuevo, obviando sus connotaciones sanitarias– constituye el modelo soñado de dominación del chavismo en el poder, el cenit en su estrategia de separación de los individuos y la neutralización de sus capacidades autonómicas de actuación.
La pérdida del espacio público, donde las personas se encuentran y se convierten en ciudadanos al acordar medidas para el disfrute común, tiene en la reclusión en la esfera “privada” del hogar la culminación de un mecanismo de opresión basado en la imposibilidad de las personas para la actuación colectiva.
Es por esto que la respuesta al coronavirus es la continuación, por otros medios, de la guerra del Estado chavista contra la sociedad. Y es por eso, además, que no pide el soporte de sus fuerzas vivas a una respuesta concertada a la epidemia.
No es lo mismo el decreto de una Cuarentena bajo una democracia, por más imperfecta que sea, que bajo un gobierno dictatorial que usa todo lo que esté a su alcance para su propia perpetuidad. Por si no hemos caído en cuenta, las circunstancias actuales inhiben lo que eran nuestras dos herramientas de resistencia al autoritarismo: La movilización social y la atención de la comunidad internacional. La denuncia, lo último, se hace cuesta arriba por las limitaciones a la verificación de hechos y la amenaza constante de un retraimiento total por el colapso -o censura- de las redes sociales.
En la “cuarentena social” hay actores que se fortalecerán aun más. El primero de ellos son las Fuerzas Armadas, tanto por su control del espacio territorial como por la gestión y ejecución actual de los recursos. El segundo son las organizaciones paramilitares, los “colectivos”, que están realizando labores de patrullaje y control en diferentes partes del país y que luego del fin del estado de alarma decretado por Maduro, cuando sea que esto ocurra, se encontraran en una situación más ventajosa en torno al ejercicio del poder, como ellos lo entienden, que antes del 5 de marzo, cuando se supone que arribó el “paciente cero” a Venezuela. Un tercer sector será el propio entorno de Maduro, en litigio con otras facciones del chavismo y, por último, el sector productivo con vínculos o acuerdos con Miraflores.
Si las iniciativas actuales priorizan la invisibilidad sobre la propia contención es altamente probable que nunca sepamos el verdadero impacto del Coronavirus en nuestro país: cantidad de pruebas de despistaje aplicadas, la cantidad de personas afectadas y, finalmente, la cifra de fallecidos. Los diferentes voceros oficiales repetirán que se han tomado las medidas 1) adecuadas y 2) a tiempo, por lo que insistirán que en Venezuela el impacto del Covid-19 será menor que en otros países o similar al promedio regional.
Para los peores escenarios ya viene construyendo una narrativa para responsabilizar a las sanciones financieras internacionales y lo que califica como sus aliados internos. Esta es una de las razones del porque hacen pública, entre todas las gestiones realizadas para conseguir recursos, únicamente las comunicaciones al FMI.
Salvo que la crisis sea de una magnitud tal que se le escape de las manos, un escenario tan indeseado como poco probable en mí entender, la autoridad de Maduro puede salir curtida de la situación y algunas de las medidas que hoy lucen excepcionales puedan normalizarse con el paso de las semanas.
Como venezolano en aislamiento voluntario deseo profundamente que las medidas tomadas por las autoridades posean el máximo nivel de eficacia posible para contener la enfermedad. Si es más o menos estaría por verse.
Pero si de algo estamos seguros, desde ya, es que los países que lograron concertar y articular un plan entre la diversidad de sectores, a pesar de la premura y las zonas grises sobre el propio virus, no solamente van a tener mejores resultados, sino que saldrán fortalecidos como país de la crisis.
Sociólogo y Coordinador General de Provea
