Cuba también usa sus presos políticos como fichas de cambio
El régimen cubano anunció que 553 presos serían sacados de los calabozos. Se trata de la compensación por la decisión acordada por la Administración de Joe Biden de flexibilizar varias de las sanciones que pesan sobre la economía de la Isla, como la posibilidad de hacer negocios con empresas controladas por los militares cubanos. En Cuba las emociones de felicidad se combinan con las críticas a cómo los presos terminan siendo tratados como rehenes y la continuidad de la puerta giratoria con nuevas detenciones
«¿Cómo cree que me voy a sentir? Salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija, tranquilo. Me siento contento», fueron las primeras palabras de Dariel Cruz al llegar a su barrio en La Habana, la capital de Cuba, tras ser liberado temprano este miércoles.
Cruz es uno de los 553 presos que el régimen cubano liberará tras una mediación del Vaticano que terminó con un inesperado cambio en la política del mandatario estadounidense Joe Biden hacia la isla. Familiares de los excarcelados indican que recibieron muy temprano una llamada telefónica para anunciarles su salida de la cárcel.
Era ya de noche el 14 de enero en La Habana cuando el gobierno cubano informaba, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que el presidente Miguel Díaz-Canel había comunicado al Vaticano su decisión de liberar a «553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley». Había pasado una hora desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde había estado consecutivamente desde 2021 cuando fue incluido bajo mandato de Donald Trump.
En Washington, Biden anunciaba su decisión tan solo cinco días antes de dejar el poder, justificando la «rescisión» de la inclusión de la Isla en la lista basándose en que «el Gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante los seis meses precedentes» y «ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro».
En la capital cubana solo se supo que habría 553 excarcelaciones, sin información oficial sobre quiénes serían los beneficiados o bajo qué condiciones saldrían de los calabozos. Tampoco hay certezas de si se trata de presos políticos o de otros procesados también. El miércoles, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Rosa Rabelo, declaró a la televisión estatal que los «beneficios de excarcelación anticipada» se han dado a procesados por delitos «disímiles». La funcionaria enumeró: «Delitos patrimoniales como delitos de hurto, robo con fuerza. Hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero la sedición no es un delito político».
El delito de sedición fue el imputado a los manifestantes del 11 de julio de 2021 -el último ciclo de protestas masivas en Cuba- que recibieron las condenas más altas, hasta 20 años de prisión cuando fueron anunciadas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó una lista de 14 primeros excarcelados este miércoles, «sin que se conozca todavía la magnitud total de la operación». Varios de los beneficiados fueron encarcelados en 2021, incluyendo a Rowland Castillo, que tenía 17 años cuando fue detenido, y varias otras personas que fueron incluso buscadas en sus casas luego de participar en protestas.
En su comunicado, el OCDH afirmó que el acuerdo de sacar de prisión a 553 detenidos «aparentemente también beneficia a comunes», y destaca que la cifra de sentenciados por motivos políticos supera el millar.
«Ellos no van a ser puestos en libertad totalmente. Ellos van a salir con libertad condicional, con licencia extrapenal y con sanciones subsidiarias. Y muchos de ellos ya estaban próximos a cumplir su condena. Por ejemplo, hoy hablé con tres y les quedaban dos o tres meses para extinguir la sanción», reaccionó el opositor Librado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano Reflexión (MCR), liberado en 2011 tras ocho años de prisión. «De cualquier manera, yo siento mucha alegría. Yo fui un preso político y también fui puesto en libertad. Y esa sensación de estar en la calle, por supuesto, da alegría», añadió a RFI.
Algunos de los excarcelados tienen «graves problemas de salud que han sido ignorados durante años por las autoridades», denunció la ONG, como el caso de Reyna Yacnara Barreto Batista, liberada con «licencia extrapenal» por el Tribunal Supremo, con una sentencia que ahora sí admite su enfermedad psiquiátrica.
Sin libertad plena
La organización Prisoners Defenders (PD) advertía que el vocabulario ambigüo del Ministerio de Relaciones Exteriores les hacía temer que no se tratara de liberaciones sino de excarcelaciones, dos palabras que aparecen utilizadas como sinónimos en el comunicado gubernamental, sin serlo, además de en las palabras de la funcionaria del Tribunal Supremo. «Excarcelar, en Cuba, no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales, y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento», señala un texto difundido por la ONG tras conocerse la noticia.
La ONG también recordó que la salida de los reclusos se da luego de que tan solo en diciembre se produjeran 16 detenciones por razones políticas, para un total de 58 en el último trimestre. «Un total de 1.219 prisioneros políticos han estado en la lista estos últimos 12 meses, todos ellos torturados», subraya el documento, que lamenta a la par que, aun en el imposible caso de que todos los beneficiarios por el acuerdo fueran presos por motivos políticos, quedarían “tras las rejas cientos de personas encarceladas sólo por opinar o manifestarse”.
Apenas horas antes del anuncio de las excarcelaciones, se supo de las condenas a dos jóvenes cubanos que recibieron penas de cárcel por cuatro y cinco años por convocar en Facebook a una protesta contra el gobierno cubano, que no se produjo. Un tribunal de Santiago de Cuba consideró un delito de «propaganda contra el orden constitucional».
Las autoridades cubanas no han dado mayores precisiones sobre el supuesto acuerdo para la liberación de estos presos. Desde la oposición piden dejar de usar a los detenidos como moneda de cambio.
Según Librado Linares García, «Cuba lo que necesita no es un indulto selectivo de 553 presos políticos, hay 1.161. Lo que se necesita es una amnistía. Amnistía significa el perdón. Las causas por las cuales fueron puestos en libertad deben ser retiradas del Código Penal y, en consecuencia, pedirles perdón a esas personas, porque ellos lo único que hicieron fue ejercer los derechos: derecho de manifestación, de protesta pública pacífica, de reunión, de asociación. A veces lo enmascaran con otros delitos, pero en la esencia del problema está eso».
Una buena parte de los que serán liberados en estos días en Cuba son los presos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Una represión que frenó las manifestaciones, pero no el descontento social.
«Siguen entrando cientos de presos políticos a las cárceles cubanas. Lo que pasa es que como no son tantos de golpe, como fue a raíz de las protestas, quizás no llamen tanto la atención, pero sí el presidio político en Cuba sigue engrosando de nuevos presos», subrayó el secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. «Hay un Estado policiaco, hay un conjunto de factores y situaciones que se dan en un régimen totalitario. En alguna medida han contenido las protestas, pero sí hay un descontento muy grande», añadió.
La ONG Justicia 11J dijo estar atenta a si los excarcelados serán forzados a salir del país, como ocurrió con la mayoría de los pertenecientes al grupo de los 75, encarcelados durante la «Primavera Negra». En aquel caso, también mediado por el Vaticano y España, fueron liberados todos los que accedieron a salir de Cuba en 2010 y un año más tarde los que se negaron.
En este video, el emblemático opositor José Daniel Ferrer relata cómo fue sacado del calabvozo y las condiciones que le fueron impuestas al ser excarcelado, con amenaza de volverlo a meter preso:
Cambio en Washington
La decisión de Joe Biden se produjo apenas un mes después de que la Casa Blanca decidiera dejar un año más a Cuba en la mencionada lista, donde también figuran Corea del Norte, Irán y Siria, países a los que Washington acusa de «brindar apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional». El propio secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró entonces que no preveía ningún cambio respecto a la política con Cuba antes de que Biden dejara el poder.
Entre las medidas anunciadas también está la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton -la capacidad de demandar en EEUU por expropiaciones en la Isla- y la eliminación de una lista de entidades del Gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos e incluyen los ministerios vinculados a la seguridad, empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas -como Gaesa que controla las remesas- y decenas de hoteles estatales. Además, dejarán de estar vigentes las limitaciones para obtener un ESTA –la tarjeta de entrada de turista a EEUU– para los nacionales de más de 40 países que hayan estado en Cuba desde 2021.
Cuba estuvo en la lista de países patrocinantes del terrorismo entre 1982 y 2015, cuando fue retirada por la Administración de Barack Obama. En 2021, Donald Trump la volvió a incluir a tan solo una semana de dejar el poder.
