Cuerpos policiales engordan su número con oficiales que regresan de baja
A finales de 2020, Nicolás Maduro ordenó incrementar el pie de fuerza de todos los organismos policiales. Para octubre de este año se ubicaría en 150.000 efectivos, incluyendo los órganos auxiliares como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Los últimos ingresos fueron reincorporaciones de exfuncionarios, un plan que no es totalmente nuevo pero sí aplaudido por expertos en seguridad
La capacidad del pie de fuerza de los cuerpos policiales en Venezuela ha estado desde hace algunas décadas en entredicho, ya sea por la falta o exceso de efectivos. Los planes de reforma policial, de captación a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y de reincorporación de funcionarios que ya habían solicitado la baja han sido dirigidos para mejorar la capacidad de estos organismos.
En el año 2012, durante la gestión de Tareck El Aissami como ministro de Interior y Justicia, existían 147 cuerpos policiales y 89.184 efectivos repartidos en todo el país. De ellos, 6.729 oficiales estaban adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 70.272 eran funcionarios estadales y 12.183 municipales.
«En Venezuela hay una tasa de encuadramiento de tres policías por cada 1.000 habitantes, y se necesitan 50.000 policías más en el país para garantizar una tasa de encuadramiento óptima», dijo El Aissami en ese entonces.
En el caso de la PNB, para 2015 ya había incrementado su número a 14.739 funcionarios. El investigador y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Keymer Ávila, en una investigación para la Fundación Friedrich Ebert, cuestionó que «para llegar a esas cifras no se cumplen con estándares mínimos de selección ni capacitación, y posteriormente se hace cuesta arriba llevar una supervisión y control eficiente de esos miles de jóvenes armados, sacados a la calle después de un tiempo de formación que resulta insuficiente».
Pero en 2020, tras una ola migratoria y de conflictividad social, la cantidad de funcionarios en los organismos policiales había disminuido. En diciembre de ese año, el mandatario Nicolás Maduro ordenó que, por ejemplo, la PNB debía contar con 100.000 efectivos en todo el país.
Ya para enero de 2021, la entonces ministra Carmen Meléndez —hoy alcaldesa de Caracas— puso en marcha un proceso de captación y formación de jóvenes en todo el país, incluyendo las zonas rurales, para ser formados en la UNES e ingresar directamente a la PNB. El objetivo ese año era lograr la incorporación de al menos 30 mil nuevos funcionarios.
En julio de 2022, durante una sesión plenaria del Consejo General de Policía, el ministro Remigio Ceballos Ichaso indicó que el pie de fuerza policial era superior a los 110 mil efectivos. Tres meses más tarde, aseguró que existen 150 mil funcionarios «que trabajan día a día para garantizar la paz y la seguridad».
🇻🇪 Avanzamos en el fortalecimiento de los Órganos de Seguridad Ciudadana y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para el combate al delito, hacer cumplir las leyes, proteger, defender y servir al pueblo venezolano por la Vida y La Paz!#VenezuelaGaranteDePaz #4Oct pic.twitter.com/EAQCqPUIsK
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) October 4, 2022
Dentro de esa cuenta están al menos 20 mil efectivos del sistema nacional de riesgo, al igual que otros órganos auxiliares como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). TalCual solicitó información sobre la cantidad exacta de efectivos policiales al Ministerio, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
¿Cómo engordan los cuerpos policiales?
Un estándar aceptado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde la época de la reforma policial (2006), es que por cada mil habitantes debería haber 3,6 funcionarios. La media internacional, según encuestas realizadas por agencias de Naciones Unidas, es de cuatro policías por cada 1.000 habitantes. Esto se refiere solo a labores de prevención, que realizan la PNB, policías estadales y municipales.
Según cálculos de investigadores en materia de seguridad, la Caracas previa a la pandemia requería de unos 30.000 funcionarios, asegura Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística e integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
«Ahora deben ser menos porque se ha ido mucha gente. Ponga usted 20.000 y eso no los tienen (…) Por eso es que vamos a tener militarización durante mucho tiempo, porque mientras esto suceda pues el Gobierno compensará el pie de fuerza con la Guardia Nacional y, de ser necesario, con el Ejército», considera el investigador.
Los actuales planes del Ministerio para engrosar las policías y organismos de investigación no se circunscriben solo a la UNES. El ministro Ceballos Ichaso adelanta un plan para reincorporar funcionarios a sus antiguos puestos de trabajo. El pasado 4 de octubre, se reintegraron más de 1.500 exfuncionarios a distintos organismos de seguridad.
#4Oct Más de 1500 funcionarios(as) de Policía Nacional Bolivariana, CICPC, Estadales y Municipales, se reincorporan a la filas de nuestros Órganos de Seguridad Ciudadana fortaleciendo el pie de fuerza en la lucha contra el delito y para hacer cumplir la Ley por La Paz del Pueblo pic.twitter.com/gkF5WwqNXM
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) October 4, 2022
Todos estos efectivos pidieron la baja hace algunos años por los bajos sueldos y regresan a su puesto bajo el mismo rango que ostentaban, comenta un policía nacional a TalCual.
Para Mayorca, este plan tiene varios aspectos novedosos. En primer lugar, se desconoce qué mecanismos aplicaron para dictaminar que un funcionario que había sido dado de baja pueda regresar.
«No sabemos si están aptos física y psicológicamente para las exigencias de un trabajo como este, pero confirma lo que suponíamos en torno a la severa disminución del pie de fuerza policial», dice el investigador.
Recuerda que desde hace meses se ha designado y enviado grupos de policías investigadores, «que ya de por sí tienen bastante fallos en materia de personal, al Metro de Caracas a hacer labores de policía preventiva».
Mientras que Miguel Dao, exdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), considera que esta es una «salida muy buena e inteligente para poder suplir muchas vacantes que entiendo están quedando» dentro de este organismo.
El experto en seguridad también refiere que los planes de reincorporación de funcionarios a este tipo de organismos ya se habían pensado durante su gestión (2000-2002).
«No es que lo logré implementar, pero pensé en ello en vista del problema que se nos presentaba por el tiempo de preparación de los detectives, hoy mucho peor y mucho más necesario porque además de que están yendo del Cuerpo, están renunciando al cuerpo gran cantidad de detectives», señala.
Comenta que en esos años se requería de personal inmediato y preparado para afrontar «una serie de situaciones que en aquel momento estaban en boga», como el aumento de secuestros y actividades relacionadas al narcotráfico.
Bajos salarios
El exdirector del Cicpc Miguel Dao y el periodista Javier Ignacio Mayorca coinciden en que el problema de fondo tanto en el Cicpc como en las policías preventivas (PNB, estadales y municipales), es que los salarios, el seguro y los beneficios contractuales están «de capa caída», lo que resta atractivo a la carrera policial.
El tema del salario es privativo, asegura Dao. «He oído de funcionarios que el salario no le alcanza ni para pagar la renta del teléfono. Entonces aquí hay una serie de situaciones que tendríamos que evaluar y considerar».
Por ejemplo, el sueldo de un supervisor jefe —uno de los rangos más altos en el Cicpc— se ubica en 500 dólares aproximadamente. Para septiembre de 2022, según datos del Cenda, la canasta alimentaria se ubicó en 2.879,36 bolívares, que equivalen a 357,68 dólares. Esto representa el 71% del salario de un funcionario supervisor.
«Estamos en una situación muy preocupante porque lo que está ocurriendo es que los policías se van de las instituciones, no quieren trabajar allí. Con dos o tres días trabajando como escoltas o en seguridad privada ganan lo mismo que todo un mes de trabajo sin hacer guardia. Esa es la realidad», afirma Mayorca.
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