Daniel Ortega ordenó disolver la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua
El Ministerio de la Gobernación de Nicaragua ordenó la disolución de 16 ONG y de la Asociación de Bancos Privados, por considerar que violaron las leyes al no presentar informes financieros detallados
La adminstración de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó, a través del Ministerio de la Gobernación, la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociacion de Bancos Privados (Asobanp) del país centroamericano, junto a las de otras 16 ONG.
María Amelia Coronel, titular del despacho del Ministerio de la Gobernación, fue quien autorizó la medida que ilegaliza a la institución que agrupaba a la banca privada en Nicaragua y a las demás ONG, por supuestamente incumplir las leyes que exigen la presentación de informes financieros detallados.
Según el edicto, las instituciones incumplieron el articulado por un periodo de dos a 27 años.
La norma prohíbe a la banca privada cerrar cuentas de manera unilateral o sin decir el porqué de su decisión, excepto si tiene causas como por ejemplo narcotráfico, crimen organizado, blanqueo de capitales y combate a la financiación de armas de destrucción masiva.
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Junto a Asobanp, otras organizaciones como la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica Nuevas Esperanzas, la Asociación de Comerciantes del Mercado Central y la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericano, entre otras, se vieron perjudicadas.
Por otro lado, la Asociacion de Bancos Privados de Nicaragua agrupa al Banco de la Producción (Banpro), Banco de América Central (BAC), Banco Ficohsa Nicaragua (Fichosa), Banco de Finanzas (BDF), Banco Lafise Bancentro y Banco Avanz.
En uno de sus últimos pronunciamientos, Asobamp rechazó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias que aprobó la Asamblea Nacional nicaragüense.
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Con esta decisión, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado 3.223 ONG desde las protestas en su contra que se registraron en 2018.
Desde ese año Nicaragua vive un crisis sociopolítica que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la CIDH, y que se agravó en noviembre pasado con los comicios en los que Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
Con información de Infobae / Diario de Las Américas /
