De la norma contra el odio nadie se salva
Hasta ahora la norma contra el odio aprobada por la Asamblea Constituyente le ha sido aplicada a dos manifestantes de Valencia y a un trabajador del Metro de Caracas. Los obispos de Barquisimeto y San Felipe están también amenazados con ella
Marisela Castillo @marisary
Cualquier venezolano, ciudadano extranjero, partido político u organización que haga vida en el país y promueva el odio, la intolerancia y el fascismo podrá pagar hasta 20 años de cárcel, ser multado o inhabilitado para participar en la contienda electoral, según lo establece la norma Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La pregunta es: ¿quién determina qué es odio y bajo qué criterio?
Este es uno de los aspectos que más le preocupa a Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, quien asegura que “se trata de una norma ilegítima que tiene definiciones vagas e imprecisas sobre el odio que lo que busca es inhibir a los venezolanos de protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro”.
Prueba de esto fue la inmediata implementación que tuvo este instrumento luego de ser sancionada de manera unánime por la Asamblea Constituyente. No pasaron ni dos meses de ser aprobada cuando un tribunal estrenó esta norma al dictar privativa de libertad a dos personas que estaban protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro, en una manifestación que duró aproximadamente media hora, en el estado Carabobo. Erika Palacios de 41 años y Ronald Sevilla de 25 años fueron los primeros venezolanos acusados de “instigación al odio”.
Pero su alcance no termina allí. Un trabajador del Metro de Caracas, Wuilis Rodríguez, fue despedido de su puesto de trabajado por publicar en su cuenta personal de Facebook que su quincena no le alcanzaba ni para comprar el detergente que usaba para lavar su uniforme.
Esta queja fue suficiente para que su despedido se basara, según se lee en la carta emitida por su superior César Vega, en el artículo 20 de la norma Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que establece que: “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, (…) será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
Despiden a operador del Metro de Caracas @CaracasMetro por publicar en Facebook que su quincena no alcanzaba para comprar detergente para lavar su uniforme pic.twitter.com/lKeRcEAmQI
— Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) 12 de enero de 2018
Ante esta situación, Correa explica que todo lo que se genere producto de la aplicación de este instrumento es ilegal porque “en Venezuela, y según nuestra Constitución, quien tiene las atribuciones de crear, aprobar y sancionar leyes es exclusivamente la Asamblea Nacional. Por lo que este instrumento no tiene legitimidad al ser aprobada por la ilegal Asamblea Constituyente. Todo lo que se derive de ella es ilegal y violatorio a los derechos humanos”, agregó.
Nadie se salva
De la norma Contra el Odio nadie se salva. Ni la Iglesia. La furia de Maduro se desató luego del sermón que dio monseñor Víctor Hugo Basabe, obispo de San Felipe (Yaracuy) y monseñor Antonio López Castillo, obispo de Barquisimeto, en diferentes misas con motivo de la vista 162 de la Divina Pastora a la capital larense, donde Basabe dijo que “esperamos que la procesión del próximo año se realice en un contexto de libertad” y aseguró que “si alguien tiene que irse es el responsable de la corrupción (…) si alguien tiene que irse es quienes pisotean la dignidad de los venezolanos haciéndonos dependientes de las dádivas que clientelarmente nos ofrezcan”.
Estas palabras fueron suficientes para que al día siguiente el jefe de Estado arremetiera y pidiera una investigación para aplicarle esta ley por cometer supuestos delitos de odio. “Habría que ver querido fiscal general, habría que ver presidente del Tribunal Supremo de Justicia si las palabras emitidas por algunos de estos personajes (en relación a los monseñores) no corresponde verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos, violencia, muerte, exclusión, persecución (…) A esta gente ya nadie los escucha. Nosotros somos cristianos en Cristo. Ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotanas”, aseguró Maduro durante la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2017 ante la ANC.
Sin embargo, la Iglesia no tardó en cerrar filas a favor de sus obispos y el monseñor Trino Fernández, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, aseguró que la normativa contra el odio “está concebida para aplicarla y criminalizar a todo aquel que le cause malestar al gobierno con el objetivo de controlar a la sociedad y generar miedo y autocensura”.
A su juicio, esta norma nació para criminalizar toda manifestación en contra del gobierno y aseguró que si las amenazas de Maduro proceden considerarán “en su debido tiempo” buscar asesoría legal para hacer frente a posibles imputaciones por delitos de instigación al odio aunque para el representante de la Conferencia Episcopal Venezolana, “en el país debe existir una administración de justicia que permita una convivencia ciudadana y poder vivir dignamente como venezolanos”.
Sobre su aplicación
Dentro de las penas establecidas en este instrumento, la normativa establece que se puede castigar hasta con 20 años de cárcel, cerrar medios de comunicación, inhabilitar a partidos políticos para que formen parte del tablero político, entre otros.
Sobre este tema, Carlos Correa, director Espacio Público, advierte que la aplicación de la norma es absurda. “Un asesinato puede tener penas menores que las expresiones de odio establecidas en este instrumento. Por otro lado, la normativa tiene definiciones vagas sobre lo que se puede considerar sancionable”, señaló al tiempo que condenó que desde el gobierno nacional se amenace a un obispo por denunciar la corrupción y no por asumir la malversación de recursos públicos que se registran en el país.
Dentro de las otras sanciones establecidas por este instrumento se encuentra una multa de hasta 4% de los ingresos brutos de un medio de comunicación que no difunda mensajes destinados a promover la paz, la tolerancia y la igualdad. Este dinero debe ser depositado en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, del cual se desconoce el uso que le darían a estos fondos.
En el caso de los funcionarios que se abstengan, omiten o retarden la consumación de un delito de odio serán sancionados con prisión de 8 a 10 años, y para el personal de salud que se niegue a atender a una persona por razones de odio también será aprehendido de 8 a 10 años.
Pero su alcance no termina allí. Los tuiteros también podrán ser sujeto de sanciones. Aquella persona que difunda algún “mensaje de odio” en las redes sociales deberá eliminarlo dentro de las 6 horas siguientes a la publicación. De lo contrario pagará una multa que va desde 50 mil a 100 mil unidades tributarias. Así mismo está establecido la legalización del bloqueo de portales informativos.
Los partidos políticos también están sobre una cuerda floja. La norma contra el odio establece en su artículo 11 que las “organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico (…) y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral”.
Nuevamente se presenta el mismo problema: ¿quién determina qué es odio y bajo qué criterio? Para la fecha partidos como Primero Justicia y Voluntad han sido señalados en reiteradas oportunidades como los responsables de instigar a la violencia y generar odio en la población. Inclusivo el vicepresidente Tareck El Aissami fue mucho más allá y calificó a la tolda naranja como un partido “terrorista”. La suerte y el destino de las organizaciones políticas opositoras a Maduro está por verse en un año donde además se tiene previsto unas elecciones presidenciales.
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