De La Vega no quiere hablar el chavismo, pero es una bomba de tiempo próxima a estallar
Los habitantes de La Vega continúan viviendo bajo la zozobra de las lluvias de balas y los espasmódicos operativos policiales que no dan resultados concretos. Mientras, la ampliación de las zonas sin ley se extiende por la capital de la República y la bancada oficialista se niega a debatir el tema en la Asamblea Nacional
Zulvyn Díaz/José Luis Carrillo
Los episodios de violencia ocurridos en La Vega desde los primeros días de 2021, han sembrado el terror y la zozobra por las lluvias de balas provocadas por los enfrentamientos entre bandas criminales o entre éstas y efectivos policiales, y que caen en casas, calles y callejones de esta azotada parroquia. Muchos de esos proyectiles rompen más que solo vidrios, techos, puertas y ventanas: rompen sueños, siegan vidas, separan familias y crean traumas.
Para quienes son ajenos a esta comunidad la realidad actual de la parroquia es sinónimo de peligro, inseguridad y muerte. El recuerdo de los 23 asesinatos ocurridos en enero de este 2021 viene a la mente de inmediato, mientras que para quienes allí viven es todo eso también, pero con el agravante de que es su hogar, el lugar en el que crecieron, estudian y trabajan.
Pese al horror que significa quedarse, la mayoría de los habitantes de La Vega permanece en la zona, aunque continuar viviendo allí sea considerado una sentencia de muerte o se asuma como una especie de lotería. Mientras, la sociedad en general anhela que el Estado ponga fin a la situación de violencia, ya que el peligro no es solo para quienes viven allí, sino para quienes deben pasar por las zonas cercanas y pudieran hacerlo en el momento de una balacera, además del riesgo latente de que el control por parte de las bandas criminales continúe extendiéndose por otras zonas.
La Vega bajo fuego
Con 48 horas de diferencia, los habitantes de La Vega fueron sometidos a dos balaceras que juntas suman 16 horas de tiroteos continuos en el mes de junio. La primera fue el sábado 12, cuando funcionarios policiales tomaron la parroquia durante un operativo que tenía como objetivo, según la versión oficial, localizar a miembros de las bandas armadas que mantienen en jaque a la comunidad. La otra inició la madrugada del lunes 14, cuando integrantes de organizaciones criminales arremetieron a tiros contra los funcionarios policiales desde la parte alta de la zona.
Los disparos y detonaciones de alto calibre se extendieron por al menos 12 horas, según vecinos de varios sectores. Al menos cuatro personas murieron ese día, cuando fueron alcanzadas por balas perdidas. Se trata de una situación que tiene implicaciones en lo político, lo social y lo psicológico, sin que las autoridades hasta ahora desarrollen una acción integral para enfrentarla.
Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap y del Servicio de Atención Psicológica de esa institución, señala que la exposición continua a situaciones de violencia, riesgo de muerte inminente y presencia de grupos irregulares armados urbanos o rurales, constituye una amenaza para la salud mental, “sobre todo porque la violencia no solo nos afecta cuando nos toca directamente, sino que también produce daño cuando somos testigo de ella”, sostiene.
Asegura que La Vega es una población que está sumamente afectada debido a una realidad que no puede enfrentar por falta de herramientas necesarias, lo que deja a la población en una situación de vulnerabilidad.
Nervios y llanto en La Vega
“Ese día (12 de junio) regresé de mi trabajo a las 8:00 am, porque soy vigilante. Pensé en descansar un poco para luego salir a comprar comida, pero ni siquiera pude salir de mi cuarto por el plomo constante”, relata un hombre que reside en la parroquia desde hace 43 años y que prefiere identificarse como don Guillermo por temor a represalias.
Detalla que desde abril los tiroteos en la zona han sido más fuertes y constantes. “De tiros eventuales pasaron a ráfagas de hasta una hora. También dejaron de ser esporádicos para ser casi a diario y hasta dos veces al día”, manifiesta don Guillermo y agrega que, desde entonces, su hija y una nieta de 7 años tuvieron que cambiar temporalmente de hogar, debido a los nervios y el llanto constante de la niña por las detonaciones.
Aunque celebró la incursión policial, don Guillermo señala que “la información del operativo se tuvo que haber filtrado. De otra manera no se explica que la policía llegara al sitio y ya el hampa se había ido”, sostiene.
Escurriendo el bulto de La Vega
Esta nueva andanada de violencia en La Vega comenzó poco después de una polémica en la Asamblea Nacional en la que el diputado opositor Luis Augusto Romero, solicitó debatir el tema durante la sesión del martes 8 de junio y se encontró no solo con un bloque oficialista que se negó a discutir el asunto sino que culparon a la oposición de la situación, cuando es el Estado el que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En conversación con TalCual, Romero explica que su intención precisamente iba en la dirección de exigir la debida respuesta por parte del Estado venezolano ante una situación que evidentemente se está desbordando.
“Habría que ver el tema del ejercicio de territorialidad que se plantea en el caso. Hay sectores de la ciudad donde a los cuerpos policiales les cuesta muchísimo ingresar y, una vez que ingresan y luego se retiran, esos sectores son retomados por estas bandas delincuenciales. Frente a eso, la ciudadanía se pregunta dónde están el gobierno, el Estado y la seguridad ciudadana”, expresa Romero.
Añade que no se puede hablar de hechos ocurridos en zonas remotas de la geografía nacional, de la zona de frontera, sino en la capital de la República (La Vega se encuentra hacia el centro-sur de la ciudad), y hace énfasis en que es inaceptable que, en un país que se supone medianamente civilizado donde el Estado ejerce el monopolio de la violencia legítima y los ciudadanos deben estar amparados por el gobierno, los habitantes estén siendo víctimas de esta situación.
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“Hay otra vertiente, como el cobro de vacunas en Montalbán, El Paraíso y otros sectores adyacentes, es decir, ya no es solo el secuestro, los atracos, el tráfico de drogas, sino esta especie de impuesto del terror que ejercen estas bandas a los sectores productivos de las zonas donde actúan. Todos saben que a los comerciantes que no pagan ese impuesto los amenazan en términos personales y en muchos casos hasta les decomisan la mercancía”, indica el parlamentario.
Foto: Luna Perdomo
En el piso y aterrados
“Mis niños estaban durmiendo y los tiros los despertaron. Tuvimos que tirarnos todos en el piso, para poder resguardarnos”, dijo Virginia, habitante del sector Los Cujicitos, situado en la parte alta del barrio El Carmen. Esta zona rural alberga sectores como Valle Alegre, Los Mangos, Los Cujicitos, Las Torres, Las Casitas y La Pradera. La precariedad de las viviendas, construidas en su mayoría con cartón, latón y tablas de madera, dejan en completa vulnerabilidad a quienes las ocupan.
“Durante los allanamientos de ese sábado, los funcionarios rompían puertas en las casas y despertaban a los niños alumbrándoles la cara con linternas. Imagínate despertar con un encapuchado en frente y alumbrándote. Eso no es bueno para un niño que se está despertando”, sostiene otra residente del lugar.
Otros, sin embargo, manifiestan su temor negándose a salir del cuarto, a comer y hacer las tareas. Durante las balaceras, muchos niños presentan temblores, llanto y nerviosismo.
Al respecto, el psicólogo Abel Saraiba identifica la ansiedad como una de las principales manifestaciones de afectación psicológica y que puede expresarse en múltiples formas, a partir de cierta sensación de intranquilidad, dificultades para conciliar el sueño, sentimientos de tristeza, ataques de pánico, pesadillas, terrores nocturnos, la aparición de “flashback” o recuerdos que aparecen de forma intrusiva y pueden ser traumáticos. Todo esto deteriora progresivamente la salud mental de las personas.
Desconocimiento de la autoridad
Tulio Ramírez, sociólogo y abogado, director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explica que lo que caracteriza a esta situación donde grupos armados controlan parte de Caracas es el estado de anomia en que está sumergida la ciudad.
“La anomia existe cuando la sociedad deja de respetar no solamente las leyes escritas, sino las normas de convivencia, usos y costumbres, y todo lo que de alguna manera fortalece el tejido social de una sociedad”, expresa el docente de la UCAB y también de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Advierte que la situación no corresponde únicamente a la parroquia La Vega, pues algo similar ocurre en la Cota 905, en Petare y en El Cementerio.
“El problema es que la impunidad y el control de territorio por parte de bandas criminales se puede ir extendiendo a diferentes zonas, porque las bandas de una zona diferente, al ver que los de estos sitios ejercen de alguna manera el control, se atreven a buscar hacer lo mismo en su zona respectiva”, argumenta.
Al calificar de muy grave la situación, Ramírez señala que existe el riesgo de que se normalice la situación anómica que se está viviendo en los sectores señalados y eso puede llevar a la «somalización» del país, el establecimiento de ciudades sin ley ni autoridad legal ni efectiva, sino bajo el control de unas bandas que deciden quién puede salir, entrar, cómo es el tránsito de vehículos.
Bajo la mesa y en shock
“Vivimos momentos terribles aquí en El Carmen ese lunes después del operativo policial del sábado. Tuvimos que tirarnos al piso y meternos debajo de la mesa por más de tres horas”, indica una mujer que estaba con un grupo de personas en una casa del barrio El Carmen. “El miedo se adueña de nosotros todos los días “, dice.
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“El lunes (14 de junio) fue el día más terrible. No pude ir a trabajar y pasé toda la mañana acostado en la cama con mi niña de dos años. Ella me abrazaba y me decía ‘uy papi, uy papi’. Todos teníamos miedo, eso no es vida”, dice Carlos Alfredo, habitante de un callejón del mismo sector. También dijo sentirse frustrado, porque no hay una solución definitiva para la situación de violencia y riesgo inminente que viven los habitantes de La Vega. “Ahora uno sube y baja con miedo o me toca adelantar trabajo para salir más temprano y evitar ponerme en riesgo”, acota.
Varios habitantes de diversos sectores de la parroquia La Vega dicen sentirse preocupados y bajo zozobra constante, pues desconocen cuándo acabará este conflicto que inició a finales de 2019.
“Muchos nos preguntamos qué es lo que está pasando que el gobierno no acaba con esa delincuencia. Aquí la mayoría vive aterrada, no podemos trabajar bien, ni asomarnos a la ventana, vivimos con los nervios de punta por nuestros seres queridos. Queremos que acaben con esto ya”, expresa un vecino que pidió mantener su nombre bajo anonimato.
“Aquí todos hablan de paz, los policías, los miembros de bandas, pero ¿cómo hablar de paz con armas en las manos? Que te hablen de paz y caigan personas muertas en la calle desequilibra bastante la mente”, expresó otro.
Foto: Luna Perdomo
Todos estamos expuestos
El diputado Luis Augusto Romero resalta las diferentes aristas que tiene la problemática, especialmente la social. “Un policía, un detective del Cicpc que no tiene póliza de seguros, apenas cuenta con un revólver o pistola automática ¿va a arriesgar su vida para enfrentar esto? No comparto la solución guerrerista de la situación, como algunos que han planteado la intervención de un organismo de paz internacional, pero se requiere un trabajo de inteligencia policial, junto a la correspondiente represión y un trabajo social, porque el elemento germinador, el caldo de cultivo de la delincuencia, está ligado a la profunda crisis económica que afecta a los barrios”, explica.
Indica Romero que los jóvenes se fijan en paradigmas del barrio que son delincuentes y siguen ese camino. “Por más que reprimas y hasta puedas eliminar a los principales cabecillas de algunas de las bandas, si no cortas el circuito de miseria y violencia el problema irá agravándose”.
Romero asegura que, en la comisión de Política Interior de la AN, luego del incidente en la sesión del 8 de junio, se anunció que se llamaría a la ministra del Interior y Justicia, Carmen Meléndez, lo cual considera importante porque será una ocasión para conocer los planes del Ejecutivo en esta materia.
A su juicio, es exagerado hablar de una somalización del país, pero advierte que el peligro es enorme y dice que estará presente cuando asista la ministra Meléndez para exigir detalles sobre la actuación del gobierno.
Recomendaciones
Frente a una realidad tan dramática, el psicólogo Abel Saraiba afirma que es necesario entender que la prioridad es proteger la vida y garantizar la integridad física. «De ser necesario se debe evaluar la posibilidad de resguardarse en otro espacio de menor riesgo», señala.
Agrega que es recomendable armar un plan de contingencia, es decir, identificar los puntos no vulnerables de la vivienda, tener a la mano un bolso con documentos de identidad y ropa, en caso de que haya que salir de improviso, pues es una de buena técnica para aplicar en los momentos que no hay tiroteos.
“Hay que ser consciente de los efectos que esta situación puede producir, y atender el sentimiento de los hijos. No es necesario estar de acuerdo con lo que sienten, pero sí lo es validar que tener miedo, rabia o estar preocupados es normal. También se debe contribuir a que estos sentimientos sean expresados. Hablar de lo que sentimos produce algo de alivio”, precisa Saraiba.
Aplicación de las leyes
Tulio Ramírez afirma que, además del elemento represivo, es pertinente afianzarse en la aplicación de las leyes.
“¿Cuál es la diferencia cuándo vamos a países nórdicos, europeos? Que la gente se inhibe de hacer cosas indebidas porque le cae el peso de la ley. Aquí en Venezuela, desde comerse la luz del semáforo hasta pasar por el lugar que no corresponde en una avenida se perdona”, detalla.
Entre las estrategias básicas que el experto considera deben ser aplicadas para enfrentar la situación figuran la represión, porque “no son menores de edad con una conducta díscola, sino bandas organizadas, azotes de la ciudad completa”.
Sostiene Ramírez que no se le puede dejar al ciudadano el control y monopolio de la violencia, porque para eso están las instituciones del Estado, pero refiere que los cuerpos policiales tienen órdenes de repliegue y no se aplica la ley, lo que otorga un mal pronóstico a la situación.
“¿Cuál es la vía? La situación es muy compleja y tiene que ver con el modelo que estamos viviendo como sociedad a partir de 1998, donde el desempleo ha aumentado de manera exponencial, el estudiar no tiene la misma significación que tenía en los años 60, 70 y 80 como mecanismo para salir de la pobreza, ha proliferado el comercio ilegal y hay una falta de órdenes claras y precisas para ejercer la represión. Quienes hablan de somalización no exageran, quizás no estamos en esa situación, pero todo apunta al establecimiento de una violencia generalizada entre los que agreden y los que se defienden”.
