De pistoleros y pistoladas, por Gregorio Salazar
La verdad sea dicha, para que un pistolero de los muchos que integran los colectivos y otro grupo paramilitares organizados desde el oficialismo aparezca amenazando, disparando contra manifestaciones de la oposición o acosando a los periodistas no se necesita ningún fake news.
Lo hemos presenciado a lo largo de esos duros veinte años durante los cuales el discurso oficial ha criminalizado a todo aquel que disiente, denuncia, defiende o reclama sus derechos y mucho más si lo hace desde la calle, un espacio donde ninguna dictadura quiere competidores.
Los embates, con armas o sin ellas, durante campañas electorales o fuera de esas contiendas, con costos de vidas humanas o sin ellas, los han padecido no solamente los activistas políticos y los periodistas colocados por la especificidad de su labor en el medio de una confrontación dura y asaz polarizada, sino también la comunidad universitaria, los maestros, los médicos, las enfermeras, los jubilados y a fin de cuentas cualquier grupo de vecinos que agobiados por la falta de agua, luz o comida se haya lanzado a la calle a reclamar solución a sus problemas.
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En el caso de los periodistas resulta evidente la frecuencia y la diversidad de los ataques, seguramente porque a ellos corresponde dejar registro para la historia de una crisis profunda y extendida que se coló por todos los intersticios de la vida nacional y que sigue dejando un saldo muy doloroso en el costo económico y social de la población venezolana. Pero sobre todo evidenciar también quiénes y cómo ocasionaron este desastre.
Como bien se sabe, desde el comienzo del llamado proceso revolucionario se puso en práctica una política de dos vertientes que hoy se aprecian en toda su magnitud: agigantar hasta lo inimaginable el poder comunicacional del estado venezolano, ejercido con criterio exclusivamente ideológico y partidista, y minimizar al sector privado de los medios y a los comunicadores independientes.
Una de las caras de esa moneda muestra una hegemonía comunicacional, cuya búsqueda y construcción fue anunciada en forma desembozada por el régimen y que hoy ha alcanzado plena vigencia.
En el reverso se observa la desaparición, precarización, atomización o subordinación de medios de comunicación, sin fuentes publicitarias, sin solvencia económica o definitivamente atemorizados por la política represora del régimen.
El mundo empresarial de las noticias prácticamente ha desaparecido. Difícilmente haya medios privados en Venezuela, impresos o digitales, que se puedan considerar verdaderamente rentables. Y si se toma en cuenta la suma ingente que ha dedicado el régimen a los medios del Estado, meros instrumentos de propaganda, tendremos que prácticamente todo el sector comunicacional en Venezuela funciona sobre la base de pérdidas operacionales totales.
Tras veinte años de apaleamiento y estrangulamiento económico de los medios de comunicación, que es decir de la libertad de expresión y el derecho a la información, ninguna duda puede quedar de que el régimen ha afinado una política de estado propiciadora de todo el ventajismo político sin el cual no pudiera sobrevivir el chavismo y pieza clave de su proyecto de perpetuación en el poder.
Seguramente oiremos desde los amos del poder otras acusaciones como la que se ha lanzado contra el jefe de prensa de la AN, por supuestamente falsificar una noticia sobre el encañonamiento al presidente Juan Guaidó durante un evento de calle en Barquisimeto donde resultaron varias personas heridas.
Lo que nunca les oiremos decir será: “No somos capaces”, “nunca lo hemos hecho”, “siempre hemos condenado esas prácticas”, “no hemos convalidado la impunidad de los agresores”, etc, etc, etc…
