Defensa de Rodríguez Torres asegura que nunca ha buscado al Foro Penal

La defensa del ex titular de la cartera de Interior, Miguel Rodríguez Torres, asegura que el militar retirado no ha buscado apoyo del Foro Penal para su defensa

La ONG Justicia Venezolana, que presta servicios de defensa al exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres (MRT), dejó claro que el mayor general no ha buscado ayuda ni del director del Foro Penal, Alfredo Romero, ni de otro integrante de esa estructura.

De esta forma, los directivos de esta instancia: Yonathan Mustiola y Lilia Camejo, junto al abogado Antonio Guerrero Araujo, le salieron al paso a las declaraciones de Romero este 7 de junio, en las que aseguró que para la organización que trabaja por la libertad  de los presos políticos y los derechos humanos, representaría un conflicto de intereses representar o asesorar legalmente al exministro.

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De acuerdo a una nota de prensa, los directivos de «Justicia Venezolana» enfatizaron que MRT es «un preso más» por las ideas y que como es un ciudadano venezolano, tiene el mismo derecho de que se le desarrolle un juicio justo.

Ante eso, calificaron de «vacía e inocua» las declaraciones de Romero y le instaron a dejar de dar opiniones sobre el caso porque «por ética debería evitar, ya que no es ni nunca ha sido su abogado».

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo el pasado 13 de marzo al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres en las instalaciones del Hotel President (Caracas).

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Rodríguez Torres se encontraba en un conversatorio con mujeres del Movimiento Amplio Desafío de Todos (movimiento que dirige desde 2016) cuando fue detenido por funcionarios del Sebin, quienes lo trasladaron a la sede de la Dirección General de Containteligencia Militaren Boleíta, al noreste de Caracas.

Un día después, el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) -movimiento que agrupa a varios sectores de la sociedad que adversan al mandatario Nicolás Maduro- emitió un comunicado en el que rechazaba la detención del exministro. A juicio de la coalición, es una respuesta del Ejecutivo contra aquellos que son disidentes a la ideología que profesan.