Defensores de DDHH obligados al exilio: estrategia para salvar sus vidas
El informe «Venezuela: Defender DDHH, entre la represión y el exilio (2020–2025)» documenta una política de persecución que ha obligado a decenas de activistas, periodistas y líderes sociales a huir del país. Las organizaciones advierten que el exilio se ha convertido en la última estrategia de supervivencia ante la represión estatal y piden a los gobiernos de la región reconocer el exilio de los defensores de DDHH como persecución política
Defensores de derechos humanos se han visto obligados al exilio para buscar refugio y seguridad fuera de sus fronteras. El informe «Venezuela: Defender DDHH, entre la represión y el exilio (2020-2025)» identificó una ola reciente de migración forzada de activistas, periodistas, sindicalistas y líderes comunitarios, impulsada por la intensificada represión poselectoral de julio de 2024.
De acuerdo con la investigación, 69 defensores de derechos humanos han tenido que huir de forma obligada del país entre 2020 y octubre de 2025, de estos, 43 migraron solo en los dos últimos años y ocho de estos en lo que va de este año. «El exilio forzado no constituye una salida voluntaria, sino la última estrategia de supervivencia frente a la falta de garantías y la impunidad estructural», advierte el documento.
Las situaciones vividas por quienes han tenido que huir del país no son hechos aislados, sino que «son parte de un patrón sistemático de represión que combina mecanismos de vigilancia digital e intrusiva, hostigamiento físico y psicológico, criminalización mediante procesos arbitrarios, amenazas directas e indirectas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización pública y represalias contra familiares y entornos organizativos».
Sin embargo, los investigadores enfatizaron que quienes forman parte de la diáspora por defender derechos también están expuestos en el exterior; ya que son perseguidos mediante la cancelación de pasaportes y, sobre todo, la vigilancia transnacional, como ocurrió recientemente con el analista político Luis Peche y el activista de la comunidad Lgbti Yendri Velásquez, quienes fueron atacados con disparos en Bogotá, por tres sujetos aún por identificar.
La red de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que realizó el estudio, reitera que la migración de activistas responde a una estrategia del Estado que tiene como objetivo «desarticular la sociedad civil y eliminar las voces críticas que aún resisten dentro del país».
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Insisten que la Ley de Fiscalización y Financiamiento de ONG, aprobada el año pasado, es una de las principales herramientas de control y su aplicación «ha criminalizado el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y ha convertido la defensa de derechos en un acto de riesgo extremo».
Acciones como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, aislamiento prolongado y anulación de pasaporte de defensores de DDHH buscan «restringir la movilidad, impedir la incidencia internacional y forzar el exilio», destaca.
Voces en el exilio
Los testimonios recabados en el informe reflejan el impacto emocional que la huida del país deja en los defensores de derechos humanos. Una de las personas entrevistadas contó: «Salí de madrugada, sin avisar a nadie. No me sentía a salvo en ningún sitio. Defender derechos se volvió una sentencia de miedo».
«Noté que un machito negro se paraba afuera de mi casa. Luego vi a estas personas a las afueras de la xxxx de mi XXXX (…), y nos tomaron fotografías y se fueron». «Este patrón de vigilancia se repitió durante varios días», dijo otro activista.
A varias personas les bloquearon la cuenta bancaria durante la campaña presidencial: «Recibí información que mi cuenta estaba bloqueada, debido a que estaba en investigación (…) se me acusaba de terrorista y que me estaban investigando por un supuesto blanqueo de capitales», confesó otra de las personas que se vio en la obligación de abandonar su tierra natal.
Escapar del país fue la única opción de estos defensores para preservar la libertad, integridad física y su vida; pero la migración forzada no solo ha representado para ellos una ruptura con sus proyectos de vida, su arraigo familiar y comunitario, sino también con el compromiso de defender DDHH.
Aunque muchas de estas personas contaron con respaldo de sus organizaciones con programas de reubicación o apoyo financiero, otros debieron asumir el proceso migratorio con sus propios recursos o dependiendo de redes solidarias informales, quedando expuestos a condiciones precarias, hostilidad y hasta desempleo en los países de acogida, con gran incertidumbre sobre el futuro inmediato.
Colombia es el principal país de destino, pero el informe advierte que la mayoría de los defensores no logra acceder a mecanismos específicos de protección en ese país. «La irregularidad migratoria y la falta de reconocimiento de la persecución política dejan a estas personas en un limbo jurídico», indica el informe.
Específicamente sobre el caso venezolano resalta: «A principios de 2025, Colombia ha registrado un total de 75.000 solicitudes de asilo, de las cuales al menos 29.305 están pendientes», indica Acnur-Colombia. De acuerdo con la información recibida, el plazo medio de tramitación de las solicitudes de asilo es aproximadamente entre tres y cuatro años. Mientras su solicitud está pendiente, los solicitantes de asilo no pueden acceder a un empleo ni participar en actividades económicas formales y lícitas. Algunos, tras una larga espera, tienen que desistir de su petición de asilo.
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Algunos testimonios relatan que tras haber salido de Venezuela continúan recibiendo amenazas y sufriendo discriminación: «Ser defensor en el exilio es vivir con el miedo en la maleta», expresó una activista que trabaja con migrantes en Cúcuta.
Recomendaciones del informe
El desplazamiento forzado de defensores de derechos humanos representa una pérdida de capacidades cívicas dentro del país: «La diáspora de quienes defienden derechos implica la pérdida de voces críticas, el debilitamiento del tejido social interno y la dispersión de capacidades cívicas hacia países vecinos», concluye el documento.
En este sentido, hace un llamado a los gobiernos de la región y a organismos internacionales a reconocer el exilio de los defensores como una forma de persecución política transnacional y establecer mecanismos urgentes de refugio y protección diferenciada.
Entre las recomendaciones principales se insta al Estado venezolano a cesar las detenciones arbitrarias y la criminalización de las organizaciones sociales, garantizar la restitución de los pasaportes anulados y el libre ejercicio del derecho a defender DDHH. También se exige la derogación de la Ley de Fiscalización de ONG, que está considerada una herramienta de control político incompatible con los estándares internacionales de la libertad de asociación.
«Proteger a quienes defienden derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela, es hoy una condición indispensable para reconstruir la democracia», razona el informe.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
