Defensores de DDHH registraron 99 ataques en enero de 2021
De acuerdo a un reporte divulgado por el Centro para los Defensores y la Justicia los principales responsables de las agresiones contra ONG y defensores de DDHH fueron funcionarios públicos (40%), medios de comunicación oficialistas (29%), organismos de seguridad (19%) e instituciones públicas (7%)
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que solo en el primer mes del año hubo, al menos, 99 ataques del régimen de Nicolás Maduro contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y defensores de derechos humanos.
A través de un reporte divulgado en su cuenta en la red social Twitter el Centro para los Defensores y la Justicia señaló que en el primer mes del año se observó la continuidad de aplicación de acciones violentas contra ONG que ejercen acción humanitaria y contra quienes denuncian y exigen al Estado transparencia y no impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos.
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Para el CDJ los casos dejan en evidencia que en Venezuela existe un patrón sistemático de agresión, implementado por el gobierno, para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
La organización apuntó que del total de los ataques, 59 estuvieron dirigidos a ONG y organizaciones humanitarias, lo que equivale a 60% del total. Mientras que 40 fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo al reporte del Centro para los Defensores y la Justicia, los principales responsables de las agresiones fueron funcionarios públicos (40%), medios de comunicación oficialistas (29%), organismos de seguridad (19%) e instituciones públicas (7%).
“El Estado debe abstenerse de agredir y obstaculizar acciones de quienes documentan, denuncian, visibilizan y atienden las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja. Defender derechos humanos y la acción humanitaria no es delito”, subrayó CDJ.
REPORTE CDJ | Situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – Enero
202199 ataques e incidentes de seguridad registrados durante el primer mes del año.
La defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela es una labor de riesgo. pic.twitter.com/x4bFZYpoMw
— Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_) February 23, 2021
Expediente de persecución contra defensores de ddhh
En diciembre del 2020 el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a las ONG de esconder dinero para beneficiar a varios políticos.
“¿Dónde estará la plata que recibió la oposición criminal venezolana? En las cuentas bancarias de las ONG creadas y controladas por la oposición en los países satélites. Alguna de esas ONG son: Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentado Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano, Un Mundo Sin Mordaza, entre otras”, dijo en ese momento.
En enero del 2021 medios de comunicación, ONG y defensores de derechos humanos sufrieron las arremetidas del régimen de Maduro. Entre los casos más sonados se encuentra el de la organización Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH desde el año 2004.
La mañana del martes 12 de enero un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo a cuatro personas de la organización. De acuerdo con informaciones suministradas a través de la red social Twitter, los funcionarios intervinieron a dicha ONG “para realizar un procedimiento administrativo relacionado con su programa humanitario” que terminó en la detención de los integrantes por 30 días.
Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que forman parte del sistema de relatores especiales, se pronunció el jueves 18 de febrero sobre el caso para pedir que les retiraran los cargos y se les diera la libertad plena.
Otro hecho que se suma al expediente de persecución del régimen de Maduro y su cúpula de funcionarios fue la orden de Diosdado Cabello de abrir una investigación contra el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, debido a señalamientos del defensor de ddhh sobre el financiamiento que habría recibido el PSUV por parte del gobierno británico.
En su programa semanal Con El Mazo Dando, acusado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos por la persecución política promovida desde este espacio, Cabello pidió a Francisco Ameliach, uno de los vicepresidentes del PSUV, que inicie un procedimiento legal contra Uzcátegui.
«Yo le pido a Ameliach que este señor demuestre en los tribunales que el PSUV ha recibido un centavo de esta gente. Mañana van a decir que estoy atacando a las ONG, me resbala. Que se abra una denuncia y este señor demuestre que nosotros recibimos ese dinero. De no ser así, que asuma las consecuencias», solicitó.
Estigmatizaciones in crescendo
El 5 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) deploraron los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación venezolanos.
A través de un comunicado las instancias advirtieron que estos ataques contribuyen con el cierre vertiginoso de los espacios democráticos en el país y por esta razón exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a propiciar un entorno libre de hostilidades y de respeto a las libertades fundamentales.
«La CIDH y su RELE han observado el incremento de señalamientos y discursos estigmatizantes, por parte de altas autoridades del Estado, en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela», señalaron.
Un mes antes Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones internacionales exigieron al gobierno detener los ataques contra la libertad de expresión e información. Esto luego de que varios medios de comunicación, entre esos, TalCual fuesen hostigados.
La organizaciones recordaron que los ataques a medios de comunicación y defensores de derechos humanos no son algo nuevo en Venezuela. Rememoraron que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que en Venezuela tanto los periodistas, como los defensores de los derechos humanos y quienes son críticos con las políticas de gobierno son objeto de intimidación y difamación pública.
Asimismo, afirmaron que los gobiernos y sus funcionarios tienen la responsabilidad de prevenir estos hostigamientos y ataques, y abstenerse de alentarlos.
