Déficit de servicios básicos y apagones provocaron la mayoría de protestas en febrero
Las 779 protestas reportadas durante febrero representan, nada más y nada menos, que un promedio de 26 manifestaciones diarias
Al menos 339 protestas, de un total de las 779 registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social durante el mes de febrero, correspondieron a reclamos ante el colapso de los servicios básicos y especialmente debido a las fallas eléctricas que han ido en incremento este año.
De acuerdo con la ONG, febrero se caracterizó por poseer un alto porcentaje de protestas relacionadas con reclamos por el colapso en los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, recolección de basura, aguas servidas y alumbrado público.
Concretamente en caso de las fallas eléctricas, las manifestaciones tuvieron su principal epicentro en Táchira y Mérida, dos estados que sufrieron un corte de electricidad superior a 24 horas debido a una avería en líneas de transmisión de Corpoelec.
En total, 146 de las 339 protestas impulsadas por las fallas en servicios públicos correspondieron a reclamos por cortes eléctricos, 114 por agua potable y otras 79 por gas doméstico, según el informe del observatorio.
La lista de protestas se completan con 260 manifestaciones para reclamar derechos laborales, 157 por derecho a la participación política, 70 por el derecho a la justicia y 52 por el derecho a la educación.
En cuanto a las regiones con mayor cantidad de manifestaciones de calle, el OVCS registró 158 actividades en Mérida, que ocupó el primer lugar de la lista con un 20% de las protestas totales de febrero. También se reportaron 95 en Táchira, 59 en Distrito Capital, 45 en Anzoátegui y 43 en Bolívar.
Por otra parte, las formas de manifestación fueron variadas. Sin embargo, el principal mecanismo fue el de las concentraciones de calle, pues se registraron 319 durante febrero. En otras 212 actividades se utilizó el cierre de calles o avenidas, en 145 pancartazos y otras 102 fueron paros de menor escala.
Otros motivos de protestas
Aunque los servicios públicos protagonizaron el rechazo social durante febrero, otros derechos también tuvieron presencia importante en las manifestaciones populares del país.
Los derechos laborales fueron una exigencia importante. La fuerza laboral salió a las calles para «demandar mejoras salariales y respeto a los contratos colectivos». Estas actividades se caracterizaron por las denuncias de detenciones e intimidaciones contra el movimiento obrero en las industrias básicas de Guayana.
Otras 157 manifestaciones guardaron relación con la exigencia del derecho a la participación política. Lo más relevante es que esta cifra combina tanto a oposición como a simpatizante del oficialismo. El sector opositor se desplegó diversas ocasiones en la exigencia del «cese de la usurpación». Se evidenció un aumento de la represión y violencia contra manifestantes, según el reporte de la ONG.
El derecho a la justicia fue motivo de 70 actividades de calle. «Vecinos, estudiantes, trabajadores, personas privadas de libertad y sus familiares exigieron a las autoridades, en al menos 70 oportunidades, garantizar el derecho a la justicia», explica el observatorio.
Finalmente, el derecho a la educación cerró la lista con 52 manifestaciones. Por una parte, los reclamos por los bajos salarios percibidos por profesores, personal administrativo y obrero cobraron relevancia en la calle. Por otra, las movilizaciones estuvieron motivadas por el rechazo a la sentencia Nº 0324 emanada del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ), que ordenaba a las universidades autónomas realizar elecciones rectorales.
Un año más calmado
Aunque las 779 protestas reportadas durante febrero representan, nada más y nada menos, que un promedio de 26 manifestaciones diarias, esta cifra se traduce en una reducción importante de actividades de calle frente al mismo período en 2019.
«Esta cifra representa un descenso de 51% en comparación con el mismo período del año pasado», reporta la ONG en consideración de las 1.600 manifestaciones de calle realizadas en febrero de 2019.
Ante esta situación, el OVCS mantiene sus mismas exigencias e insta al Gobierno atender las demandas de la población, avanzar hacia un proceso de transición que logre la recuperación del Estado de Derecho en el país, garantizar el artículo 68 de la Constitución y cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
