Dejemos el petróleo en el subsuelo, transformemos las instituciones, por Leonardo Stanley
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La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al gobierno en Colombia ha sido un shock para muchos no solo en Colombia, sino en el resto de la región, incluidos los Gobiernos en los que, partiendo de posiciones de izquierda, se piensa el desarrollo a partir del extractivismo. Y es que, con el fin de terminar con la actual dependencia del petróleo para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, Petro propuso prohibir nuevos proyectos de exploración, así como la explotación de yacimientos no convencionales, detener los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Esto implicará un enorme desafío tanto económico como institucional para el nuevo Gobierno.
Prohibir nuevos proyectos de prospección petrolera no resulta novedoso, tampoco irracional desde una perspectiva económica. Como mínimo, la actividad debería prohibirse donde afecta la biodiversidad, tal como lo hizo el Gobierno de Belice cuando decidió proteger la barrera de coral de la exploración offshore. Costa Rica prohibió directamente toda actividad petrolera en su territorio para afianzar, así, su objetivo de emisiones cero para el año 2050.
Además, se observan medidas similares en Dinamarca, España, Portugal, Francia e Irlanda, en una Europa donde la transición energética es una cuestión estratégica. Más allá de las medidas excepcionales anunciadas para acotar los faltantes a corto plazo, la invasión a Ucrania confirma lo irremediable del cambio.
Las prohibiciones también surgen del otro lado del Atlántico. El gobernador del estado de California decidió no otorgar nuevos permisos de fracking y descontinuar para el año 2045 toda actividad petrolera. En Canadá, la provincia de Quebec no sólo avanzó con la prohibición de toda actividad de exploración en su territorio, sino que también decidió que la banca pública no siguiera financiando a la industria.
Estos ejemplos muestran un nuevo tipo de política frente a la transición, política que los economistas denominan de «oferta», las cuales se complementan a menudo con políticas que actúan sobre la tecnología. Esto, debido a que toda inversión en fósiles debería evitarse para impedir el bloqueo tecnológico (technological lock-in). El desarrollo no puede basarse en invertir en procesos y productos del pasado.
Desde una perspectiva macroeconómica, dejar «el petróleo en el subsuelo» resulta lo más racional. Sin embargo, este tipo de propuesta son tildadas de “infantiles” o, directamente “peligrosas”, no solo por parte de muchos analistas financieros, sino también por sectores de la izquierda latinoamericana que militan en el neodesarrollismo y neoextractivismo. Para unos y otros, Latinoamérica no tiene otra opción sino continuar con el modelo actual.
Las energías limpias resultan competitivas y brindan un servicio limpio, al tiempo que permiten un acceso universal. Las ventajas que presenta son beneficiosas para las mayorías, y perniciosas para las petroleras. Tal como lo planteó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: En un presente signado por la guerra, el único plan capaz de garantizar la paz y la prosperidad depende de dejar de financiar a la industria petrolera.
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Los principales Bancos Centrales han comenzado a instrumentar una serie de medidas que tienden a encarecer el costo del financiamiento. Este tipo de medidas implica que se imponen mayores requerimientos de capital a quienes contaminan. También se penaliza a la industria petrolera en las operaciones de mercado abierto, lo cual termina con la idea de la neutralidad de mercado. Estas políticas monetarias tienen como objetivo evitar que los mercados financieros terminen confrontando variaciones bruscas en los activos que administran e impedir que los inversionistas vean licuar el valor de sus activos de manera súbita.
Si bien se trata de medidas importantes, no son relevantes para la región, dado el subdesarrollo de su mercado financiero. Esto obliga a pensar alternativas. Resultaría más convincente imponer algún tipo de control sobre los flujos de capitales, fijando, para ello, un encaje diferencial sobre los fondos como el implementado por Chile en la década de los noventa. Dicho encaje implicaría una tasa sobre los fondos que llegan para financiar a la industria petrolera y redirigir el tributo al financiamiento de energías limpias.
Obviamente, cualquier intento de introducir un encaje o impedir el financiamiento puede terminar generando un reclamo legal ante los tribunales arbitrales ad hoc, tal como lo prevé el esquema de protección a la inversión extranjera instaurado en los años noventa.
Pese a lo comprometido en materia climática y al creciente riesgo de desastres climáticos, el soberano se halla imposibilitado de actuar. Aun cuando la comunidad científica ha demostrado la necesidad de mantener en el subsuelo a la mayor parte de las reservas, las empresas contaminantes continúan bloqueando la transición con demandas judiciales.
Este tipo de actitud se evidenció en Holanda, cuando el Gobierno planteó avanzar con el cierre de las centrales de carbón. Pero este caso no es excepcional. Recientemente un grupo de diez países europeos ha decidido modificar el Tratado del Capítulo de Energía (ECT, por sus siglas en inglés), mientras que España se convierte en el primer miembro de la Unión Europea en plantear la necesidad de abandonar el tratado por amenazar la transición.
Frente a la crisis climática, cuya gravedad impacta a un número creciente de afectados como lo demuestran los desastres producidos por inundaciones o los desplazados por sequías, «se sigue protegiendo a la industria que lo genera». Así lo afirmó un colectivo de jóvenes en su presentación ante la Corte Europea de Derechos Humanos a fin de eliminar el Tratado de Energía.
Los problemas que genera el extractivismo en vastos sectores de la población latinoamericana son evidentes y el activismo da cuenta de ello. Más allá de las muertes por las catástrofes naturales, la región cuenta con el récord de asesinatos de los líderes socioambientales. La gravedad de la crisis climática obliga a actuar, pero también a mirar los conflictos desde una óptica distinta. Por ello, iniciar un cambio institucional es un primer paso.
Lo que ocurra en Europa debería ser seguido de cerca por los Gobiernos latinoamericanos, que deberían iniciar procesos de consultas para comenzar a reformular el andamiaje legal firmado en los noventa. Todo lo anterior debería alertar a los líderes de la región de que hay que evitar que predomine el planteamiento de dejar la transición energética al mercado.
Si Gabriel Boric, en Chile, y Petro, en Colombia, logran llevar adelante sus objetivos de campaña, los progresismos fósiles serán parte del pasado.
Leonardo Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad-Cedes (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press, 2020.
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