Demanda contra defensores de DDHH no silenciará a Provea ni al Centro Gumilla
Los defensores de DDHH de Provea y del Centro Gumilla recordaron que el informe «Lupa por la vida» es de carácter nacional y que no se trata de «una campaña contra ningún gobernador», sino a favor de la vida
El silencio no es una opción para quiénes defienden los derechos humanos de los venezolanos, así lo han reiterado el padre Alfredo Infante del Centro Gumilla y Marino Alvarado de Provea
Ambos activistas ofrecieron este jueves 19 de mayo una rueda de prensa como respuesta a la reciente demanda interpuesta en su contra por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, quién los acusa de difamación.
La demanda es producto de la publicación de un balance de «Lupa por la Vida«, que ubica al estado Carabobo como la entidad dónde se cometieron la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía estatal durante el 2021.
Ante ello, el padre Alfredo Infante señaló que, «es un deber y un derecho ciudadano pedir que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales, nosotros no hemos cometido ningún delito, estamos ejerciendo un derecho constitucional y estamos acompañando a las víctimas para que haya justicia».
Lupa por la Vida es un proyecto de Provea y el Centro Gumilla que busca evidenciar las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.
Infante destacó que con la publicación de estos informes solo se busca lograr investigaciones que lleven a la reparación de las víctimas y creen escenarios ideales para que ningún ciudadano muera a manos de los cuerpos de seguridad.
Reiteró que este informe «no es una campaña contra ningún gobernador, es una campaña a favor de la vida. Nuestro informe es nacional, no regional, no está focalizado en el estado Carabobo, es un informe nacional, en la página de Lupa por la Vida hay incluso una geolocalización que lo evidencia».
«Hemos pedido que se investiguen las cadenas de mando. Todos los venezolanos tenemos el derecho sagrado a la vida» destacó, al reiterar que con sus datos no buscan afectar a una persona sino velar por los derechos de los venezolanos a la vida, tal como los establece la Constitución.
El padre Alfredo Infante insistió en que, «no tenemos nada personal con el gobernador Lacava, lo único que hemos hecho es publicar los resultados de nuestro monitoreo».
«Al señor gobernador, nuestro informe no es contra su persona es a favor de la vida», por lo que recomendó que «en vez de tomar medidas contra quienes denuncian lo haga para investigar estos hechos. Presione a la fiscalía, a la defensoría para que abra investigación sobre las presuntas ejecuciones, si así lo hiciera estaría sentando un precedente».
Además, cuestionó que desde el Estado parece ser que se ha instalado un imaginario que busca criminalizar a los jóvenes, hombres, en especial de tez morena, que viven en las zonas populares.
En busca de la conciliación
Joel García abogado defensor de ambos activistas, informó que luego de recibir la notificación del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del estado Carabobo, acudió a los tribunales en Caracas para acreditarse como defensa, sin embargo, este derecho le fue negado, alegando que debían hacerlo en la ciudad donde se inició el procedimiento.
Ante esto, García indicó que, si este fuese el caso, es en Caracas donde se dieron las declaraciones por las que hoy se acusa a Alvarado y al padre Infante. En medio de este escenario García indicó que, con esta acción se está demostrando como desde el inició se le cercena el derecho a la defensa, que es inviolable en todo Estado.
“Estamos dispuestos a enfrentar este proceso, nuestros representados no han cometido delito alguno, pero es nuestra obligación comparecer ante los órganos necesarios”.
En los próximos días estarán acudiendo al estado Carabobo para comparecer ante los órganos competentes.
Por ahora, las partes acusadas buscarán lograr con el gobernador una conciliación, de lo contrario pasarán a un juicio oral y público.
Provea proponen crear comisión para investigar presuntas ejecuciones
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, aseguró que desde el Estado no debe existir solidaridad automática sobre funcionarios presuntamente responsables de graves violaciones a los derechos humanos; por el contrario se debería dar paso a una investigación que determine las responsabilidades en estos casos.
Reiteró que este informe por el que hoy se les criminaliza busca visibilizar el grave problema que representan las ejecuciones extrajudiciales en el país.
“Le proponemos al señor gobernador crear una comisión integrada por un representante de la defensoría del pueblo en la entidad, el fiscal superior del estado, un representante de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, una representación de la gobernación, Provea y Gumilla, para que analicemos las presuntas ejecuciones extrajudiciales”, de las que se habla en este informe, y de las cuales se les atribuyen la presunta responsabilidad a la policía de Carabobo en más de 200 de los casos.
Señaló que como defensores de los DDHH y parte de la sociedad civil es su deber promover y defender los DDHH, así como la Constitución le impone al Estado la obligación de investigar y dar con los responsables.
Alvarado condenó este tipo de acciones, que además se vuelven una afrenta para las víctimas de violaciones a los DDHH en el país, que buscan que los casos de sus allegados sean investigados, tengan reparación para la no repetición.
Sociedad civil recoge firmas para apoyar a Marino Alvarado y el padre Infante
Más de 20 integrantes de la sociedad civil entre los que destacan economistas, periodistas, defensores de DDHH e investigadores, iniciaron vía online la recolección de firmas para rechazar con «absoluta firmeza» esta demanda del gobernador Rafael Lacava en contra de los activistas Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante.
«Quienes suscribimos, rechazamos con absoluta firmeza estas prácticas de amedrentamiento y abuso de poder de Lacava contra Infante y Alvarado, meritorios defensores de las derechos humanos».
Asimismo, los firmantes exigen que se detenga esta vulneración del gobernador de Carabobo a la Constitución Nacional.
Reiteraron que es «en las sociedades donde se disminuye la democracia y el Estado de derecho y de justicia nacen los autoritarismos y los abusos».
Para firmar solo debes ingresar al siguiente link: Rechazamos demanda de Lacava contra el padre Alfredo Infante (S.J.) y Marino Alvarado
