Denuncian órdenes de detención contra 18 trujillanos por falsas acusaciones de terrorismo
Siete personas permanecen detenidas y otras están desaparecidas en Trujillo, tras una orden judicial que criminaliza la disidencia. Organizaciones denuncian que el gobierno de Gerardo Márquez impulsa una nueva ola de represión contra ciudadanos inocentes
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció este lunes 13 de octubre una nueva ola de persecución y criminalización en el estado Trujillo, tras la emisión de órdenes de aprehensión contra 18 ciudadanos, «falsamente» acusados de terrorismo y promoción o incitación al odio.
La medida fue dictada el 12 de septiembre de 2025 por el Tribunal Especial Tercero de Control, con competencia nacional en materia de terrorismo y delincuencia organizada, en lo que defensores califican como una acción con motivaciones políticas.
De acuerdo con el Clippve, tras un mensaje publicado en la red social X, la decisión responde a directrices del gobernador Gerardo Márquez y forma parte de un patrón de represión contra voces críticas. Entre los perseguidos hay médicos, exalcaldes, profesores, estudiantes y ciudadanos comunes.
Hasta la fecha, siete personas han sido detenidas arbitrariamente, según denuncian familiares y allegados. Entre ellas se encuentran Hommel Rafael Torres Urbina, Pedro Luis Andrade Hernández, Elizabeth Rodríguez Briceño (médico radiólogo de 63 años), Carlos Eduardo Carnabuci, Alexander José Suárez Torres y Marjo José Aldana Becerra.
La ONG señala que otras personas permanecen desaparecidas, sin que sus familias tengan información sobre su paradero o estado de salud.
Los hechos estarían vinculados con la colocación de una pancarta con la frase «Vamos a cobrar. 28J Libertad», un mensaje de carácter pacífico que, según los denunciantes, fue utilizado como excusa para criminalizar la expresión ciudadana.
Clippve recordó el caso del activista Pedro Hernández, detenido junto a su familia el 16 de septiembre. Sus parientes fueron liberados tras las denuncias públicas, pero él continúa bajo custodia. Asimismo, la doctora Elizabeth Rodríguez fue arrestada junto a su esposo, Juan Torres, un cirujano cardiovascular perseguido por denunciar irregularidades en el Hospital Central de Valera.
«El Gobierno está aplicando un castigo por parentesco, una práctica conocida como Sippenhaft, usada por regímenes totalitarios del siglo XX», advirtió el Comité.
Las detenciones fueron ejecutadas por una comisión mixta integrada por la Guardia Nacional (GN), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin órdenes judiciales válidas, sin presentación ante tribunales ni acceso a abogados o familiares. Organizaciones de derechos humanos las califican como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Clippve exigió la liberación inmediata de los detenidos, la anulación de las órdenes de aprehensión y el cese de las represalias políticas. También pidió al Estado venezolano garantizar acceso a defensa legal, atención médica y comunicación con familiares.
Comité hizo un llamado a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que documenten estos hechos, que podrían constituir graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.
«En la tierra del Médico de los Pobres, hoy se persigue a quienes alzan su voz por la libertad y la dignidad», señaló el comunicado. «El terror de Estado no podrá apagar la fe ni el anhelo de justicia de un pueblo que sigue creyendo en el ejemplo de José Gregorio Hernández».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
