Sindicalistas denunciaron ante la OIT persecución de Maduro contra la clase trabajadora
Señalaron el caso de Rubén González, dirigente sindical que fue detenido, juzgado por un tribunal militar y apresado en la cárcel de La Pica en noviembre de 2018
Dirigentes sindicales denunciaron este lunes 6 de mayo a la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presidida por Manuel Herrera Carbuccia, la “persecución del gobierno de Nicolás Maduro” contra la clase trabajadora por reclamar sus derechos laborales y constitucionales.
La Comisión de Investigación para el país, designada en marzo de 2018 tras la queja introducida por Fedecámaras y otras 33 organizaciones empleadoras del mundo, hizo hincapié en el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como respuesta, los sindicalistas señalaron el caso de Rubén González, secretario general del Sindicato de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), detenido, juzgado por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín –a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido– y apresado en la cárcel de La Pica en noviembre de 2018.
Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), denunció que el gobierno de Maduro alega que González fue detenido por “agredir” a funcionarios de la Guardia Nacional (GN). En efecto, al dirigente de Ferrominera le imputaron tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional (FAN).
“La acusación que se le hace es absolutamente falsa. En este momento Rubén se encuentra enfermo en la cárcel, sufre malestares renales. En estos días ha tenido fiebre, tensión alta y problemas para orinar. Las condiciones del centro de reclusión no ayudan, hay racionamiento de agua y de luz”, dijo Zambrano
El dirigente de la Fetrasalud indicó que en la reunión, realizada desde la 9:00 am por videoconferencia, se refirió el caso de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (Fetracarabobo), quien también fue juzgado en un tribunal militar.
Degraín Marichales, delegado del Sintraferrominera, dijo que la dirigencia sindical denunció el caso de los cuatro trabajadores de Venalum detenidos desde el 14 de diciembre, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron “de forma violenta” en la empresa por el portón 5 y detuvieron a Ernesto Morillo, Andrés Rojas, Noel Gerdez y José Hidalgo, presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum.
“Nos preguntaron si Maduro nos daba respuestas a nuestras denuncias, y nosotros dejamos claro que no hemos obtenido ni una”, añadió Marichales
La Comisión de Encuesta también destacó el convenio 144, sobre la consulta tripartita, y el 26, que de acuerdo con el artículo 3, antes de aplicar los métodos para la fijación de sueldos mínimos y la forma de su aplicación, «se consultará a los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados, incluidos los representantes de sus organizaciones respectivas, cuando dichas organizaciones existan, y a cualquier persona, especialmente calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la que la autoridad competente crea oportuno dirigirse».
Zambrano aseguró que en Venezuela el gobierno anuncia incrementos salariales de manera unilateral, pues no son discutidos con los otros dos sectores que conforman el tripartismo (empleadores y trabajadores). Indicó que después de que se publicara en Gaceta Oficial el alza salarial de 122%, que elevó el salario mínimo de 18.000 a 40.000 bolívares, fue cuando el gobierno decidió consultar el aumento con la central sindical Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). “La consulta la hizo después de que fijó el salario y lo publicó en Gaceta Oficial”, añadió el sindicalista del sector salud.
En la reunión también participaron Tito Blanco y José Elías Torres, de la CTV; Eladio Mata, presidente del sindicato de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana; Omar Escalante, presidente de la Fetracarabobo; Williams Lizardo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción (Fetraconstrucción); José Luis Morocoima, de Bauxilum; Ángel Brito, de Venalum; y Yarudid González, miembro del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
Se tiene prevista otra reunión de la dirigencia sindical con la Comisión de la OIT, esta vez con una representación del Estado venezolano y con otra de Fedecámaras. Se desconoce cuándo se realizará y si el representante de la República de Venezuela será del gobierno de Maduro, considerado ilegítimo por el Parlamento venezolano y por más de 50 países, o del presidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado Juan Guaidó, quien fue juramentado el 23 de enero como presidente encargado del país.
Un “genocidio” en Venezuela
La Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) denunció que en el país se produce un “genocidio generalizado” de la población “que no tiene los medios para adquirir los alimentos básicos para vivir”.
En un documento consignado en la sede en Caracas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dirigentes sindicales afirmaron que la hiperinflación, que en marzo registró una tasa interanual —de marzo de 2018 a marzo de 2019— de 1.623.656%, de acuerdo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), “hace imposible que los trabajadores puedan prever los medios para satisfacer las necesidades básicas”, por lo que a la población “se le sigue condenando a un exterminio sistemático por no tener cómo acceder a los alimentos básicos”.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), registró que la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos, afectó a 94% de los hogares en 2018.
La ITV exhortó en el documento a la FAO en Venezuela a que investigue y se pronuncie sobre “los riesgos de exterminio y eliminación sistemática de la población venezolana”, y a la comunidad internacional a que “levante la voz de alerta sobre este crimen de lesa humanidad que está ocurriendo en Venezuela”.
