Denuncias de torturas y exhortos a Bachelet llenaron la agenda de la Asamblea Nacional
Los familiares de militares presos exigieron desde el parlamento al régimen de Nicolás Maduro el cese de las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, además del cierre de los “centros de tortura”
El asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue el debate central de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) el martes 2 de julio, que acordó requerir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que conforme una comisión e investigue este hecho de acuerdo a mecanismos internacionales.
“Este debate no es un mero trámite, es un debate sobre la situación de los militares” venezolanos que se encuentran detenidos por razones políticas, dijo la presidenta de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández, antes de otorgar el derecho de palabra a Zaida Angarita y Keila Flores, madre y esposa, respectivamente, de efectivos castrenses detenidos y acusados de conspiración.
En representación de los familiares de presos políticos militares, Keila Flores destacó que son más de 150 los hombres y mujeres que se encuentran tras las rejas tras ser involucrados en conspiraciones o planes frustrados para lograr un cambio de gobierno.
Flores, esposa del teniente coronel de la Aviación Ruperto Molina, destacó que con los presos de la Fuerza Armada existe un patrón que consiste en detenciones arbitrarias bajo engaños, desapariciones forzadas, torturas, judicialización y prisión.
En el caso de Molina, fue detenido bajo los cargos de rebelión y traición a la patria en 2018 en la base aérea de Palo Negro (estado Aragua) por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el mismo cuerpo de seguridad acusado de torturar hasta la muerte al capitán Acosta Arévalo.
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Por ello, los familiares exigen al régimen de Nicolás Maduro el cese de las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, además del cierre de los “centros de tortura” como califican a las sedes de la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Zaida Angarita, madre del teniente de fragata Gustavo Carrero, lamentó en nombre de los funcionarios de la Armada “decentes” la muerte de Acosta Arévalo. Ante los diputados y algunos invitados especiales relató que su hijo tiene 381 días preso, de los cuales 10 meses estuvo recluido en la sede de la Dgcim y fue “premiado” con torturas.
“La primera semana fue incomunicado junto a sus compañeros, obligado a firmar con los ojos vendados, esposado y con las uñas ensangrentadas por las torturas” que se encontraba en buen estado de salud.
Para Carrero, su presentación ante un tribunal se realizó cinco días después, “que ignoró todas las evidencias de torturas”, según dijo su madre. Este lapso fue más corto que el periodo al que se enfrentó el capitán Acosta Arévalo antes de ser llevado ante un juez.
A partir de allí, a Carrero lo mantuvieron en una celda de dos metros por dos con varias personas, sin acceso a la luz solar y sometido a torturas físicas y psicológicas. “No somos una estadística, somos el rostro de los presos políticos, de todos”, dijo Angarita.
No es casualidad
El diputado César Alonso aseveró durante el debate que la muerte del capitán de la Armada “no es una mera casualidad. Es una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro para atentar contra la familia militar por medio de las torturas y tratos crueles”.
Esta posición coincidió con la del parlamentario José Luis Pirela, quien dijo que esto era un “mensaje intimidatorio” a toda la Fuerza Armada Nacional, en especial a la tropa “apegada a la Constitución o la que reclama por hambre en los cuarteles”.
Además, Pirela expuso que así exista un investigación internacional, hay “gente que debe responder” como el mayor general Iván Hernández Dala, al cual acusó de estar al tanto y ordenar las torturas dentro de la Dgcim.
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Melva Paredes, a nombre de la fracción Cambiemos, resaltó que esta muerte “refleja la degradación moral de los cuerpos de seguridad del Estado y debe llamar la atención de todo el mundo” en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Venezuela.
La diputada aseveró que este caso señala directamente al Estado y quienes lo ejercen de facto en el país, además de organismos como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Sebin y la Dgcim.
Mientras que Delsa Solórzano, destacó que en el caso de Acosta se configuraron los delitos de desaparición forzada, tortura y asesinato, y de los cuales son responsables los funcionarios que directamente ocasionaron la muerte del capitán de fragata así como toda la línea de mando de la Dgcim.
“Hay que destacar que a esta hora hay venezolanos que están siendo sometidos a torturas”, dijo Solórzano, al tiempo que mostró un vídeo donde Diosdado Cabello, exdiputado y presidente de la asamblea constituyente, señala a Acosta Arévalo como “conspirador”.
“Señor Diosdado Cabello, usted no es autoridad judicial, ¿cómo es que usted dice que tenía a buen resguardo a estas personas”, increpó la diputada, al tiempo que cuestionó el comunicado de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien reconoció una rápida actuación de la Fiscalía para inculpar a los funcionarios.
El reclamo
El diputado Eustoquio Contreras, quien pertenecía a la bancada del chavismo en la AN, utilizó su derecho de palabra para hacer una breve referencia a las violaciones de derechos humanos, pues la mayor parte de la intervención estuvo centrada en un “análisis político” de la situación actual.
Sin interrupciones ni aplausos, Contreras cuestionó que la comunidad internacional ya juega en el tablero de la crisis venezolana en lugar de apoyar a una opción política, al tiempo que dijo que “cada vez que se rechaza o deja de lado una negociación, se deja la vía abierta para que los hechos lleven a la violencia”.
Además, dijo que Maduro cree que conoce más a la oposición, de lo que la oposición lo conoce a él. “Cuando ofrece elecciones parlamentarias, no lo hace para ganar sino para enredar a ciertos sectores de la oposición”.
Contreras, quien admitió ser “amigo ideológico” del gobernante venezolano, pidió no “llamarse a engaño, aquí estamos todos en la lista”, en referencia a la persecución oficialista contra diputados acusándolos de conspiración y rebeliones.
A pesar de ello, cuestionó la línea que emana de quienes ejercer el liderazgo opositor, pues ha visto que cuando alguien es señalado “nunca se acata una línea”. También opinó que dentro del parlamento hay organizaciones políticas serias, “hay una jerarquización clara pero no se entiende la pobreza a la hora de acompañar las exigencias de la población (…) ¿Para qué insistir en unas elecciones si saben que Maduro tiene margen de estrategia?”.
Reconocimiento post mortem
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también participó en el debate sobre la muerte del capitán Arevalo Acosta, a quien ascendió post mortem a capitán de fragata de la Armada venezolana en ejercicio de sus funciones como mandatario encargado.
«Hoy Venezuela está de luto por la tortura y la gran pregunta para todos es cómo superarlo. Cómo superar el profundo dolor de una madre que reclamaba por gas y recibió gas lacrimógeno y un hijo invidente. Cómo superar el dolor de Rufo pero también de Ramses y Rafael, los hijos del capitán Acosta», se preguntó el mandatario encargado.
Para Guaidó, ya no hay otra forma de llamar al régimen de Maduro sino como una “dictadura que asesina”; por eso «nosotros ahora tenemos la responsabilidad de recuperar las competencias del ejecutivo y la lucha que nos tocó es de no rendirse».
Guaidó también indicó que conversó la mañana del martes 2 de julio con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quién se solidarizó con la familia de Acosta Arévalo y el resto de los familiares de presos políticos. Además, reiteró su apoyo para lograr un cambio de gobierno en el país
«Entendemos de la errores, pero más importante: entendemos nuestra responsabilidad», dijo el parlamentario, quien invitó a los ciudadanos a participar en la marcha del 5 de julio desde la sede del PNUD hasta la Dgcim.
