La pandemia nos absorbe y pasan sin mayor atención algunos temas relevantes, es el caso de la suscripción, el pasado mes de junio, del acuerdo mediante el cual se crea la primera Asociación de Economía Digital en el mundo (DEPA, por sus siglas en inglés), entre tres país, pequeños en tamaño, pero dinámicos, innovadores, competitivos y prósperos a pesar de las difíciles circunstancias, como son: Chile, Nueva Zelandia y Singapur. El acuerdo representa un precedente importante, que contribuye a consolidar la tendencia a la digitalización de la economía mundial que estamos viviendo.
Si bien es cierto que la pandemia está estimulando una actitud crítica y revisionista de la hiperglobalización, por las vulnerabilidades que conlleva en temas de seguridad (sanitaria, alimentaria); también es cierto que el proceso de digitalización se presenta indetenible, y se fortalece como opción para mantener en funcionamiento a los países y sus economías.
En estos momentos se intensifica y expande el trabajo, la educación, la salud y los movimientos financieros por la vía electrónica.
Si profundizamos en la economía y los procesos productivos, encontramos que tendencias que avanzaban con algunas resistencias, se están fortaleciendo con la pandemia, es el caso de: las grandes plataformas digitales, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, las cadenas de bloques (blockchain). La digitalización llegó para quedarse; empero, junto a sus bondades, también contempla debilidades e inequidades que exigen una urgente atención.
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Para tratar de superar los problemas que genera la digitalización, resulta prioritario avanzar en la construcción de reglas que garanticen, entre otros, seguridad, transparencia y equidad. Estamos conscientes que la temática es novedosa a nivel global; de hecho, no existen reglas universales como ocurre en otras áreas como el comercio de bienes o servicios, las inversiones o la propiedad intelectual.
Ahora bien, cabe destacar que existen algunos avances en los acuerdos que se han negociado para conformación de zonas de libre comercio. Por ejemplo, Estados Unidos incluye el tema en el TLC con México y Canadá; la Unión Europea lo hace en el acuerdo con Canadá y, China, por su parte, lo incluye, entre otros, en el acuerdo bilateral con Chile.
Adicionalmente, se encuentran en pleno desarrollo proyectos más ambiciosos como las negociaciones al interior de la Unión Europea para conformar un mercado único digital; o el grupo de negociación que se ha conformado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde enero del 2019, integrado por 49 países miembros, incluyendo a los Estados Unidos y China.
Frente a este incipiente panorama, DEPA representa una referencia, además está abierto, previa negociaciones, a la incorporación de cualquier país interesado. El acuerdo está estructurado en 16 módulos, incluyendo, entre otros, el flujo transfronterizo de datos, identidad digital, inteligencia artificial e inclusión digital; y se ha planteado como objetivo fundamental: “la creación de un sistema de comercio favorable para las empresas TIC, incluyendo las Pymes, a través de la regulación de temas relevantes para la economía digital, fomentando la exportación de productos y servicios digitales entre los países miembros”
La complejidad y novedad de los temas que incluye es significativa y, algunos críticos del acuerdo han resaltado, como uno de los temas polémicos, lo referido a la regulación prevista sobre el manejo de los datos personales y sus vinculaciones con aspectos como: ciberseguridad y el control biométrico. También se destaca la aprensión frente a la normativa nacional de Singapur que, en estos temas, privilegia el papel del gobierno, en detrimento de la autodeterminación de las personas.
Desde nuestra perspectiva consideramos fundamental destacar el tema de la equidad, tanto en lo que respecta a los sectores vulnerables en los propios países desarrollados, como para los países más pobres, donde las condiciones de miseria se están agravando producto de la pandemia y la digitalización les excluye con mayor intensidad.
Los expertos en el tema digital evidencia la discriminación que puede generar resaltando la ausencia de infraestructura física e institucional acordes a los desafíos de la economía digital. En este contexto, un elemento importante tiene que ver con los dispositivos utilizados para acceder a internet y su disponibilidad. Los sectores con mayores recursos pueden acceder en mejores condiciones con líneas de banda ancha fija; otros, de recursos limitados, acceden por líneas móviles menos eficientes y los pobres no tienen mayores posibilidades de acceso.
El caso venezolano se presenta dramático. Los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020, (Encovi) (UCAB, UCV, USB) han reconfirmado que nos encontramos con un país destruido y empobrecido. Los niveles de pobreza extrema, desnutrición y marginalidad se han incrementado significativamente. En este contexto la brecha frente al mundo digital se profundiza; empero, se mantiene la falacia de la educación pública por vía electrónica.
Al avanzar en la regulación internacional el tema digital resulta se debe tener presente la generación de oportunidades para los países menos aventajados. Ahora bien, estamos conscientes que resulta muy difícil apoyar a los países donde sus gobiernos se han planteado el objetivo de destruir y empobrecer para controlar, en consecuencia, todo programa de apoyo será manipulado asumiendo el anacrónico concepto de la soberanía absoluta.
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