Departamento del Tesoro sanciona a Jorge Arreaza y a la jueza Carol Padilla
Arreaza y Padilla pasan a engrosar la lista de personas acusadas por EEUU de violar los derechos humanos al pueblo de Venezuela, por lo que serían sujeto de denuncia ante la Corte Penal Internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 26 de abril nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos. En esta oportunidad, las penalizaciones fueron contra el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y la jueza Carol Padilla.
La sanción contra Arreaza ocurre horas después de que el canciller hablara en el seno de la ONU en donde amenazó que el gobierno de Nicolás Maduro podría tomar acciones contra la embajada de EEUU en Caracas, si la Casa Blanca ejerciera acciones contra las instalaciones de Venezuela en Washington.
«Los Estados Unidos se mantendrán atentos y observarán mientras el régimen ilegítimo de Maduro hace morir de hambre al pueblo venezolano», dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, al hacer público el anuncio.
«El Departamento del Tesoro continuará atacando a los internos corruptos de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Esta Administración está con el pueblo venezolano y junto a una coalición internacional comprometida a responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela», acotó.
Carol Padilla de Arretureta es la jueza a cargo del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia en Funciones de Control. En diciembre de 2017, fue nombrada juez suplente del Tribunal de Apelaciones del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas.
Entre los casos que maneja su despacho destacan el del jefe de despacho de la Presidencia de la AN, Roberto Marrero, del concejal del Cabildo Metropolitano Fernando Albán y del diputado Julio Borges, para quien pidió orden de captura.
Al igual que en decenas de otros sancionados, las medidas contra Arreaza y la jueza conllevan el bloqueo de todos sus bienes en EEUU, incluido el congelamiento de sus cuentas bancarias, así como la prohibición a todo ciudadano estadounidense de mantener cualquier tipo de relación comercial o financiera con el denunciado.
