Deporte y revolución judicial, por Jesús Elorza
Twitter: @jesuselorza
El pasado 22 de junio me llamó la atención el anuncio que hizo Nicolás Maduro de la «creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano». Me pregunto si la fecha escogida para dicha notificación tiene alguna relación con el Día del Deporte, por el aniversario de la promulgación del decreto de creación del Instituto Nacional de Deporte, o si, por el contrario, tiene algo que ver con los hechos extrajudiciales que se han dado en el sector deportivo en las dos últimas décadas y que pudieran ser ejemplos a seguir en la venidera «revolución socialista del sistema de justicia».
El revolucionario convenio deportivo firmado entre el régimen y la dictadura de los hermanos Castro de Cuba, para la contratación de entrenadores, es una referencia obligada para todos aquellos que pretendan dejar sin efecto derechos constitucionales y derechos laborales, discriminando a los trabajadores venezolanos para favorecer a extranjeros.
Especial mención merece el marco jurídico aplicado para el asalto al Comité Olímpico Venezolano y a las federaciones deportivas a través de las asignaciones presupuestarias o con la intervención de la autonomía del sector federado, lograron una reforma estatutaria que hizo permisible que funcionarios de gobierno pudieran acceder a los cargos de dirección del movimiento olímpico y el federativo.
Hoy podemos apreciar cómo ministros, viceministros y diputados actúan como presidentes del olimpismo y las federaciones.
Para este logro revolucionario es importante destacar el ilegal marco jurídico aplicado en el sector deportivo con miras a tener el control totalitario del sistema organizacional del deporte venezolano: control del registro de entidades, control de los padrones electorales, supervisión del acto electoral a través del CNE, aprobación de las providencias administrativas y, para asegurarse frente a cualquier reclamo, están en perfecta coordinación con la Sala Electoral del TSJ que dictará sus sentencias siempre a favor de aquellos dirigentes identificados con el régimen.
Para no dejar ningún cabo suelto en este ejemplo de sistema de justicia revolucionaria, obligatoriamente hay que referirse a la aprobación de la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte que permite el establecimiento y afianzamiento de las bases de la supremacía socialista y revolucionaria en materia deportiva.
La modificación del paradigma organizacional permitirá que los consejos comunales pasen a ser la base piramidal del deporte y, en consecuencia, todo el voluntariado oligarca del deporte, como son los clubes, ligas y asociaciones serán sustituidas por las comunas.
La base jurídica contenida en la referida ley brinda un marco legal que somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario.
Entre los principios rectores contemplados en el referido texto destacan los siguientes:
-El dogma según el cual el Estado revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana, eliminando de hecho los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.
-Acabar con la descentralización del sector. El deporte será centralizado y dirigido únicamente por el «Sistema Nacional de la Actividad Física y Deportiva».
-La modificación estructural de la Organización Deportiva Nacional al establecer como unidad básica del sistema a los comités de deporte y recreación de los consejos comunales, lo que va a permitir el control de las asociaciones y federaciones.
-Transfieren a los consejos comunales la administración directa del servicio público deportivo prestado por los municipios y los estados, lo que significaría en la práctica la liquidación de los institutos o fundaciones que, a nivel regional y municipal, son los encargados de dirigir las actividades deportivas.
-A los organismos privados relacionados con el deporte profesional le establecen una comisión nacional contra la mercantilización del deporte y el deportista, con el objetivo final de acabar de una vez por todas con «la perversa práctica capitalista y neoliberal de la explotación comercial del deporte».
-Se amplía la base electoral de las organizaciones deportivas otorgando el derecho a elegir y ser electo a los atletas activos o retirados, jueces, árbitros, entrenadores. Esta normativa establece una incongruencia jurídica al permitir a los atletas activos ser «juez y parte» en los organismos deportivos.
En fin, esta situación de regresión institucional revolucionaria, sin lugar a dudas, busca acabar con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional. Queda pendiente, pero estoy casi seguro de que la comisión especial designada por Maduro impondrá el broche de oro al sistema de justicia al ordenar, con carácter obligatorio, que «para ser atleta, entrenador o dirigente hay que estar inscrito en el PSUV».
Jesús Elorza es Licenciado en Educación, profesor en la UPEL
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