Derecho a la paz, por Roberto Patiño
Twitter: @RobertoPatino
Para algunos, la violencia de las bandas criminales son noticias que llenan la crónica negra de sucesos y que saturan, por espacio de algunas horas, las redes sociales. Lamentablemente, para otros, estos hechos ocurren muy cerca de su entorno y las detonaciones se convierten en sangre y miedo para ellos, para los seres queridos, para los vecinos y amigos que tuvieron la mala suerte de quedar en medio de enfrentamientos tan inesperados como arbitrarios. Es un conflicto que no parece agotarse con el tiempo y que se suma a la pesada carga que implica la sobrevivencia en Venezuela.
Cuando estos sucesos ocurren —y cada día son más seguidos, como por ejemplo, en La Vega— nos ponemos inmediatamente en contacto con nuestros líderes que habitan en las zonas en donde se registran estos enfrentamientos y sus palabras nos empujan a una realidad mucho más compleja que la descrita por los cronistas de sucesos.
Ellos nos cuentan sobre vecinos atrapados; nos explican las previsiones que deben tomar en sus hogares, nos hablan de las víctimas: de dónde eran, a qué se dedican, de dónde las conocían; la tragedia, para ellos, tiene un rostro propio, cercano, una tristeza con nombre y apellido.
En nuestras conversaciones nos dan detalles de la cadena de acción y reacción que se establece entre las bandas criminales y los cuerpos de seguridad. Nos describen —a veces solo con el tono de su voz— la indignación que hay ante una violencia absurda y desmedida que impone toques de queda y que los obliga a adaptarse constantemente, como si lo normal es tener que vivir bajo amenaza.
¿Esta es la sociedad que queremos?, ¿tenemos que aceptar esta normalidad de plomo y pólvora?
Por la vía de los hechos, el Estado venezolano ha renunciado a su deber de garantizar unos estándares mínimos de convivencia. Esta incapacidad del régimen de garantizar el monopolio legítimo y constitucional de la fuerza es la consecuencia de años de malas políticas de seguridad, de planes caracterizados por su escaso arraigo con las comunidades, por la violencia exagerada sobre la población inocente en operativos improvisados y por la entrega de concesiones a bandas delictivas; un inventario de errores que han llevado a que el régimen fracase en su primera obligación: garantizar el derecho a la paz de los ciudadanos.
La seguridad de los ciudadanos exige un trabajo coordinado con las comunidades y un ejercicio racional de la violencia, garantizando siempre y en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de la población.
Desde Caracas Mi Convive tenemos una amplia experiencia documentada, que demuestra que las políticas de seguridad, cuando se ejecutan sin control institucional, generan daños profundos en el tejido social.
No necesitamos «gatillos alegres» de bandas delictivas ni de funcionarios uniformados, requerimos políticas públicas que nos devuelvan el derecho de vivir en paz en nuestro país.
Roberto Patiño es Ingeniero de Producción-USB. Magíster en Políticas Públicas-Harvard. Director|de Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
