Desafíos para los DDHH en el 2021, Rafael Uzcátegui

Twitter: @fanzinero

La situación de alta incertidumbre hace que planificar en Venezuela sea un acto de quiromancia y prestidigitación. Sin embargo, es un ejercicio necesario para intentar construir certezas que nos permitan caminar bajo las sombras.

En nuestra opinión el 2021 estará signado por la recomposición política de la Asamblea Nacional. Si bien existe aún la posibilidad que las elecciones sean reprogramadas, todo parece sugerir que serán realizadas contra viento y marea el 6 de diciembre. A estas alturas Nicolás Maduro no tiene incentivos para posponerlas, todo lo contrario. Necesita la simulación de la sobre-representación política para enmascarar el agravamiento de la crisis económica en contexto de pandemia y aumentar la fragmentación del campo democrático a partir del control del parlamento.

Para el autoritarismo es clave recuperar el símbolo de la Asamblea Nacional para su propaganda y, paralelamente, estimular las fricciones dentro de los sectores opositores que hagan difícil la contención común del autoritarismo. En contraparte, estaremos sumergidos en la peor crisis de representatividad del campo democrático de los últimos años.

En materia económica el 2021 será un año complicado, en el que el Ejecutivo seguirá teniendo un marco limitado de actuación financiera. La Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia, continuará golpeando a los sectores vulnerables del país. La única respuesta posible del chavismo será retórica: adjudicar todos los problemas del país a las sanciones internacionales. La crisis continuará aumentando la cantidad de migrantes forzados venezolanos. El gobierno seguirá flexibilizando y aupando las transacciones con divisas para que el sector privado se convierta en el sostén de una economía precarizada.

Es posible que un sector del empresariado retome el proceso de adaptación del año 2019, antes de la pandemia, en la que se hablaba abiertamente del “modelo Chino”: Economía de libre mercado bajo el control del autoritarismo político.

La brecha entre la población que accede a divisas y la que está obligada a subsistir en bolívares continuará agigantándose. Dentro del país en crisis que somos, estos dos sectores la vivirán de diferente manera.

En materia social creemos que se disminuirá la distancia entre el centro y la periferia. Ya no hay manera que Caracas no sufra los rigores de la implosión de los servicios básicos. La capital experimentará durante el 2021 la misma intensidad de la crisis, con cortes recurrentes de luz, agua, telefonía móvil y fija así como acceso a internet, que el resto de las ciudades ha venido experimentando durante largo tiempo. El deterioro es irreversible y la centralización capitalina de la agenda informativa reforzará la sensación de hecatombe en Caracas.

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Donde seguirá habiendo diferencias importantes será en el suministro de la gasolina. La mezcla de frustración y agotamiento por el conflicto político, más las ansiedades vinculadas por el distanciamiento social y la cuarentena, harán del 2021 un año Prozac.

Amplios sectores de la población experimentarán síntomas de depresión, ansiedad y pánico, lo que incrementará su desvinculación sobre la discusión sobre el cambio político y la participación en iniciativas para ello. La población obligada a sobrevivir con bolívares continuará protagonizando protestas puntuales por derechos sociales mientras que la que tiene acceso a divisas estará deprimida y alejada de la acción política.

El punto de coincidencia entre ambos sectores será su deseo de irse del país. La conversación política será promovida por “élites”, en el sentido amplio de la palabra. Como hasta ahora, el gobierno está obligado a mantener y reforzar la FAES para contener el desborde del descontento en los sectores populares.

En materia internacional existirá la amenaza de la “normalización” de la crisis venezolana, en momentos en que el planeta estará intentando superar la pandemia del Coronavirus y abordar sus consecuencias. Maduro ha aprendido a trabajar con el Sistema de Naciones Unidas, por lo que puede utilizar algunos de sus mecanismos para aumentar la sensación de legitimidad y sobrerepresentación política.

Por ejemplo, con la visita del primer procedimiento especial, la Relatora Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, pero también con el desarrollo del memorándum de entendimiento entre Miraflores y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me atrevo a sugerir que, independientemente del resultado de las elecciones en Estados Unidos, no habrá giros importantes en su política hacia Venezuela, salvo el abandono de la retórica grandielocuente, en caso de victoria de los demócratas.

En materia de derechos humanos este contexto genera dos desafíos. El primero de ellos es contener las previsibles leyes antidemocráticas que serán promovidas y aprobadas desde la nueva Asamblea Nacional. Y en un escenario de crisis de representatividad del campo democrático, esta labor de contención sólo podrá articularse y realizarse desde la diversidad de la Sociedad Civil.

Entonces, esto presupone un tejido asociativo de base lo mas robusto y coherente posible. Para enfrentar la arbitrariedad legislativa necesitamos de organizaciones sociales y populares activas y movilizadas, de manera independiente y autónoma, con su propia agenda en base a sus principios. Que tengan el coraje de plantear sin titubeos opiniones aunque sean impopulares y alejadas de los extremos.

Un segundo dilema tendrá que ver con la vocación de Miraflores para tomar decisiones favorables o no para el disfrute de los DDHH de los venezolanos. Y como lamentablemente estamos convencidos de su falta de vocación política propia para esto, nos obliga a continuar estimulando la actuación de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre nuestro país.

Sólo esta presión obligará al Ministerio Público a realizar su trabajo, a que la Defensoría del Pueblo acompañe a la ciudadanía o que la actuación de los funcionarios policiales y militares tenga como camisa de fuerza la observación internacional. En este sentido se han logrado avances, pero el espacio ganado no hay que darlo por sentado. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ahora tiene una conformación más favorable a Nicolás Maduro, con las incorporaciones de Rusia, Cuba y China.

Un tercer desafío, vinculado a los anteriores, será el mitigar el impacto de la migración forzada, la criminalización, la emergencia humanitaria compleja y el Coronavirus sobre los hombres y mujeres que hoy conforman la sociedad civil. Las organizaciones sociales y populares del país estarán en la mira del gobierno de facto durante el 2021, tras el repliegue generalizado del liderazgo político tras su agotamiento luego de la carrera parlamentaria, que dinamitó buena parte de los puentes que vinculaban a los diferentes grupos.

¿Hay que esperar? Tristemente sí. Precisamente los apuros y atajos han hecho el camino de la recuperación de la democracia más largo. Lamentablemente los escenarios para los derechos humanos en el 2021 serán tan oscuros como los que hemos vivido hasta ahora.

Pero quizás sea esta hecatombe la que nos permita la reconfiguración social y política del campo democrático para evitar repetir los errores del pasado y, sobre todo, para poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Para que por fin, en algún momento, podamos ver la luz al final de túnel.

Sociólogo y Coordinador General de Provea

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