Desapariciones forzadas se cometen como ataque generalizado contra civiles, denuncia AI
Amnistía Internacional pidió a la Corte Penal Internacional investigar las desapariciones forzadas en el país como posibles crímenes de lesa humanidad, al considerarlas parte de un ataque sistemático contra la población civil por parte del Estado
Amnistía Internacional (AI) presentó un nuevo informe en el que alerta sobre un aumento drástico de desapariciones forzadas en el país, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El documento, titulado Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, analiza 15 casos concretos, aunque enfatiza que esta práctica forma parte de «un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque».
Según AI, se ha incrementado la práctica de desapariciones forzadas de corta duración, especialmente contra personas opositoras o percibidas como tales. «Las autoridades venezolanas demuestran que su crueldad no tiene límite», denunció Agnès Callamard, secretaria general de la organización.
La ONG subraya el impacto devastador de estas detenciones en la vida de las víctimas y sus familiares. «Este crimen pone en riesgo la vida y la integridad física de quienes desaparecen, y somete a sus allegados a una angustia constante», agregó Callamard.
Amnistía Internacional citó datos de Foro Penal que revelan que abril de 2025 fue el mes con más desapariciones forzadas registradas desde las elecciones: al menos 67 personas estuvieron con paradero desconocido.
Los principales organismos señalados como responsables de las detenciones son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional.
De los 15 casos documentados, 11 personas siguen desaparecidas. Se desconoce el paradero de ciudadanos venezolanos y extranjeros, entre ellos: Andrés Martínez (español), Danner Barajas (colombiano), Fabián Buglione (uruguayo), Jose María Basoa (español), Lucas Hunter (francoestadounidense) y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano).
Solo se logró confirmar la liberación de cuatro personas: Alfredo Díaz (desaparecido durante cuatro días), Eduardo Torres (ocho días), Rosa Chirinos y Raymar Pérez (cuatro meses).
Para el cierre del informe, al menos 46 personas seguían bajo desaparición forzada en el país, según Foro Penal.
Amnistía pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzar en la investigación sobre Venezuela e incluir este crimen de lesa humanidad. También exhortó a las autoridades venezolanas a detener de inmediato estas prácticas y liberar a todos los detenidos arbitrariamente por motivos políticos.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
