Desbloquear la salida pacífica, por Gregorio Salazar
Sería una ingenuidad y un grave error de la oposición venezolana tomarse a la ligera, como un simple bluff, la amenaza de Maduro de acortarle el período legislativo a la Asamblea Nacional mediante la convocatoria a unas elecciones parlamentarias.
Provocación o no, huída hacia adelante, maniobra distractiva o globo de ensayo, esas o cualquiera otra conjetura sobre el verdadero objetivo de esta nueva estridencia declarativa de Maduro obliga a plantearse el surgimiento de esa convocatoria electoral como una posibilidad con todos los riesgos que ello implica.
Un gobierno desahuciado, incapaz de frenar la caída hacia el colapso definitivo del país que han manejado a su antojo durante 20 años, y una camarilla temerosa de ir a dar con todos sus huesos a una prisión dentro o fuera de Venezuela por sus muchos delitos es capaz de cualquier pirueta con resultados trágicos para los venezolanos con tal de prolongar su permanencia en el poder. Más aún si en otras oportunidades de convocatorias inconstitucionales, como la elección de la constituyente, les ha dado resultado.
Maduro asoma una jugada diabólica a sabiendas de que tendría como efecto inmediato el rechazo frontal del pueblo opositor, sobre todo si esos comicios son convocados y validados por la misma tríada infame (CNE,TSJ, ANC) que ha fraguado los fraudes y los desmanes del régimen chavista contra los partidos, su dirigencia y la Asamblea Nacional. Justamente, allí comienzan sus posibilidades de éxito.
Previsible que entre los partidos, como ya ha ocurrido, no habría una postura unánime frente a semejante convocatoria y ello profundizaría divisiones y enfrentamientos que harían mella cualitativa y cuantitativa en el universo electoral de la oposición.
Si Maduro impusiera sus reglas ventajistas y tramposas a través del aparataje institucional que domina, el grueso de la oposición organizada no tendría más opción que ser coherente con la postura que mantuvo frente a la convocatoria a las elecciones de la constituyente y a las presidenciales de abril del 2018, a la que rechazó igual que sus resultados y que, a final de cuentas, es lo que ha permitido el desconocimiento de la presidencia de Maduro por más de cincuenta de los países más importantes del mundo.
Ya se sabe que no basta con decir: “Maduro no puede porque la Constitución establece…”. Esas barreras legales y jurídicas, comprobado está, no existen para la dictadura. Por descabellado que parezca pueden nuevamente forzar unas elecciones en las que reeditando la combinación de trampa y abstención escojan un rebaño borreguil de diputados cuyo único propósito será desplazar la actual AN y desalojarla del Palacio Legislativo. Surgiría otro organismo espurio con nefastas consecuencia para la lucha opositora.
La oposición, preliminarmente, tendría dos caminos. Dar una demostración de fuerza y de movilización capaz de disuadir a Maduro de ese cometido con lo cual quedaría desinflado el globo de ensayo, la provocación o la intención verdadera. O avanzar aprovechando que la palabra “elecciones” ha reaparecido en la boca de Maduro para ir a fondo con la exigencia respaldada por la comunidad internacional de cambiar el mafioso Consejo Nacional Electoral. Tiene para ello un tablero propicio como lo es el espacio de conversaciones que se ha abierto en Noruega.
Con esa garantía fundamental, un nuevo CNE, imparcial y eficiente y que sanee todo el sistema electoral, comenzando por el REP, el pueblo venezolano recuperaría su fe en el voto y concurriría masivamente, me atrevo a decir, a cualquier consulta electoral que se le plantee porque la victoria sería de tales dimensiones que precipitaría el derrumbe del régimen, que es igual al cese de la usurpación.
La decisión de cambiar ese CNE, apéndice obsecuente del Ejecutivo, es la prueba del ácido para Maduro y los representantes que ha enviado a la mesa de discusiones en Oslo. Si no se avanza en ese sentido la salida pacífica a esta crisis apocalíptica seguirá bloqueada.
