Desconfianza hacia el CNE y miedo frenan voluntad de testigos para nuevas elecciones
Testigos electorales temen que la ola de persecución que se registró tras las presidenciales del 28 de julio se repita en los comicios parlamentarios y regionales anunciados para el 27 de abril. ONG electorales subrayan que deben evaluarse las garantías que tendrán los partidos que decidan participar y los propios testigos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) cantó «partida» a la carrera para escoger a los diputados de la Asamblea Nacional (AN), a gobernadores y los integrantes de los consejos legislativos el próximo 27 de abril. Con esto, inicia el proceso de organización de cada eslabón que participa en estos eventos, entre ellos los testigos que son ciudadanos designados por las organizaciones políticas para garantizar y dar fe del correcto desarrollo del proceso electoral.
El gran reto que los partidos que disienten de las políticas de Nicolás Maduro será lograr que la ciudadanía se anime a fungir como testigo electoral y ejercer este derecho, diezmado por el miedo y la desconfianza institucional.
Tras las presidenciales del 28 de julio, la sola posibilidad de participar testigo se traduce en miedo a la represión y a las represalias de la administración de Nicolás Maduro. Cumplida la tarea en las mesas quienes recopilaron y entregaron actas electorales a la oposición fueron perseguidos y hasta apresados .
Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria desconocieron los resultados del CNE, que dieron a Maduro como ganador. Mediante registros impresos por las máquinas de votación, se insistió en que Edmundo González Urrutia ganó los comicios por más de tres millones de votos reflejados en los instrumentos que han sido calificados como «fraudulentos» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Estos documentos, según Machado, fueron aportados gracias a la gesta de los testigos.
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«El PSUV ya escogió»
«No, no sería testigo mientras siga este gobierno», dice Martha Zambrano, habitante de Las Adjuntas en el Distrito Capital. Relata que tras los comicios del 28 de julio no fue hasta luego de dos meses que dejó de sentir terror a que las fuerzas de seguridad se la llevarán presa por haber sido testigo electoral.
Cuenta que «nunca había sentido tanto miedo», sino hasta enterarse que «se estaban llevando detenido a los testigos de oposición».
En ese momento, añade, comenzó una pesadilla en su casa. La mujer relata que duró prácticamente una semana sin dormir y que incluso puso artefactos eléctricos en la puerta de su casa para escuchar si alguien intentaba entrar en la madrugada.
«Nunca me hicieron nada, pero a unos conocidos un miembro del PSUV los denunció y llegó una patrulla policial a su casa a las 10:00 pm para buscarlos», comenta la testigo.
Considera que no hay condiciones democrática para los próximos comicios y deja ver la desconfianza en el CNE. «El gobierno pondrá en los cargos a las personas que ellos decidan».
Para volver a participar como testigo en unas elecciones afirma que debe haber transparencia. En este sentido, cuestiona el hecho de que luego de seis meses aún no se muestran los resultados desglosados en los que se demuestre el triunfo de Nicolás Maduro, tal y como lo anunció el presidente del CNE.
«Con este gobierno ni aprobando garantías participaría, no las cumplen».
La ley reconoce a los miembros de mesa como las máximas autoridades de los centros de votación. Sin embargo, la norma establece en el artículo 158 que la actividad de los testigos no puede ser coartada por los integrantes de los organismos electorales subalternos. Es decir, cada testigo puede presenciar el acto electoral y puede exigir que se incorpore en el acta correspondiente las observaciones sobre cualquier irregularidad si la hubiere.
Con dudas razonables
Esteban Echarry, fue testigo electoral en la escuela Jesús María Portillo en Canaima, estado Vargas. Dice a TalCual que no aceptará ser testigo en las próximas elecciones que «impuso» el oficialismo porque la opacidad que mantuvo el ente rector en los comicios pasado generó desconfianza.
Para Echarry, la cúpula de funcionarios que ostentan la administración de Nicolás Maduro no respeta la Constitución.
«¿Qué nos hace pensar que está vez será distinto, si en una elección presencial no existió un resultado desglosado y comprobado? ¿Qué hace pensar que en estás elecciones será distinto y se respetarán los resultados?», se pregunta.
Asegura que él y todo el grupo de testigos que lo acompañaron en la jornada fueron testigos de la «derrota» de Nicolás Maduro ante Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria. Por lo antes descrito, menciona el hecho de que se vivieron días y horas de miedo por las informaciones de que las fuerzas del seguridad del Estado apresaron a participantes del procesos o a simpatizantes de la oposición para que «la verdad no se dijera».
Aunque no fue víctima de amenazas o de violencia, detalla que en las zonas cercanas a tu centro de votación rondaban colectivos motorizados en los días posteriores a los comicios.
Al ser preguntado sobre si participaría en caso de que el sector de la oposición que lidera Machado emplazara a la ciudadanía a participar recalca que «si la oposición de Vente Venezuela o la Mesa de la Unidad Democrática decide participar perdería credibilidad y por ende traicionaría al país debido a que gracias a ellos se descubrió la farsa electoral de la elección presidencial».
Agrega que «sería un acto de deslealtad a la población imperdonable que busca aún que se reconozca de manera pacífica el resultado que dio como ganador a Edmundo González Urrutia».
¿Y las garantías?
Los testigos son los encargados de garantizar y fortalecer la verificación ciudadana al cierre de la votación, mediante la revisión y certificación de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos en el acta de votación elaborada por los miembros de mesa. La participación de los testigos electorales figuras está garantizada por la Ley Orgánica del Procesos Electorales (Lopre) en su artículo 157 y en su reglamento a partir del artículo 446. Estos son son postulados por los partidos y acreditados por el CNE. El proceso no es aleatorio, sino que lleva una carga de organización partidista.
Paola vive en Maturín, estado Monagas. Evita dar su apellido por temor a ser víctima de represalias por parte de Nicolás Maduro. Fue testigo electoral en el centro de votación Leonardo Infante, ubicado en la parroquia Las Cocuizas. Evalúa si participar o no como testigo en las elecciones del 27 de abril.
Por un lado, se debate entre la participación plural de testigos electorales y los cuestionamientos hacia un proceso sin garantías, lo cual sería «seguirle el juego a Maduro».
En caso de participar, si la oposición llama a hacerlo, Paola condiciona su aceptación a que se conforme una estructura tan «sólida» como la que hubo el 28 de julio.
Explica que en su centro de votación hubo un testigo por mesa, dos radares, dos personas de apoyo en un punto de la oposición y abogados.
Sobre las presiones que se vivieron tras las elecciones, cuenta que los inconvenientes iniciaron el 29 de julio, cuando en medio de protestas en rechazo a los resultados dados por el CNE en los que se declaró a Nicolás Maduro como el ganador, comenzaron a buscar a los testigos.
«La coordinadora de mi centro conocía a todo el equipo de testigos y miembros de mesa. Ella llegó personalmente a la casa de una de los testigos de mi grupo y le pidió que le devolviera el acta. Pero ya para ese momento ni ella ni ninguno teníamos esas actas, nosotros entregamos eso la misma noche de las elecciones» acota.
A Paola no la buscaron. Relata que el día de las elecciones no le dieron credencial. Ella era parte de los «radares», grupo que se encargó de escanear la información de las actas. Cree que por tener credencial no fue perseguida.
«Yo estaba afuera del centro de votación. Lo militares se portaron excelente. Es más, ellos fueron los que me garantizaron que me entregarían el acta», añade.
Opacar la observación
Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, subraya que la participación en procesos electorales va más allá del mero ejercicio del voto, también tiene que ver con la participación como miembros de mesa y testigos electorales, estos último que «tienen una función particular: velar por que las elecciones se lleven a cabo de la mejor manera, que se cumplan las garantías, resguardar las actas que prueban resultados y garantizar que estas sean compartidas con partidos».
Enfatiza que el 28 de julio marcó un antes y un después en la celebración de procesos electorales y en lo que concierne a la participación de la ciudadanía en esos procesos.
A partir de lo antes expuesto, apunta que de cara a los próximos procesos electorales, es menester evaluar las garantías que tendrán los partidos que decidan entrar en ese evento entre ellas los lapsos que tendrán cada uno, las auditorías y o los tiempos para la formación que el CNE dedicará para miembros de mesas. Todo esto, explica, dará paso a que las organizaciones con fines políticos definan los lapsos para preparar a sus testigos electorales.
«Toca evaluar de qué manera se hace este evento y cuáles son las formas que se presentan en este evento para que participen los partidos, los integrantes del proceso y para que también la ciudadanía tenga la garantía de que su derecho a elegir estará presentes», sostiene la exrectora del CNE.
La ola de represión que se desató luego de los comicios del 28 de julio, así como las críticas del oficialismo hacia organizaciones defensoras de derechos humanos y observadores electorales, naciones o extranjeros, despierta la interrogante de si en estos comicios el grupo que observe será verdaderamente plural. El cronograma de los próximos comicios no contempla actividades con observadores nacionales o internaciones.
Colina explica que los grupos de observación como la Red Electoral Ciudadana tiene roles fundamentales en cuanto a la documentación de las jornadas comiciales. Recuerda que para la mayoría, para el correcto desempeño de las actividades, requiere de acreditación del CNE para poder estar presentes dentro del recinto y completar sus tareas.
«Esto requiere esfuerzos y recursos necesarios, así como también el despliegue de un número de personas», menciona, al tiempo que reconoce que «enfrentamos una contexto difícil» repleto de limitantes y el peligro de la persecución.
Ratifica la importancia de la veeduría y acompañamiento ciudadano para que se de el cumplimientos de las garantías. En este sentido, menciona a la propia sociedad civil, miembros de mesas, testigos y medios de comunicación como piezas claves para documentar y registrar de forma precisa lo que pasa, lo que no se hace o se deja de hacer y de si se cercena o no la garantías establecidas en las leyes venezolanas y sobre todo en la Carta Magna.
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