Después de Koki, por Javier Ignacio Mayorca
El desplazamiento y la posterior muerte de Carlos Luis Revette dejó un vacío de poder en la Cota 905, que se refleja en un incremento sostenido de la criminalidad
Twitter: @javiermayorca
Cuando mataron a Carlos Luis Revette, muchos pobladores de la Cota 905 y zonas aledañas se mostraron escépticos. La versión oficial, aportada en un tuit del ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, tampoco dio mucha certeza, pues carecía de respaldo fotográfico.
¿Por qué creer en un gobierno que, apenas meses antes, hizo propaganda con una operación de la extinta FAES en las trincheras que supuestamente ocupaba la tropa de alias Koki, dando a entender que habían barrido con la banda, para ver regresar a los mismos delincuentes la semana siguiente?
La incredulidad de los pobladores de ese sector caraqueño, además, se veía reforzada por un hecho verificable: Revette había mostrado una increíble capacidad de recuperarse de los golpes propinados por los cuerpos policiales. Es lo que algunos expertos llaman resiliencia. La primera operación de Liberación del Pueblo, en julio de 2015, tenía el propósito declarado de sacarlo del mapa delictual. No pudieron. Luego, ejecutaron allí otras tres redadas masivas bajo este mismo rótulo. En cada una patearon puertas sin órdenes judiciales, mataron a supuestos delincuentes y a otras personas que no tenían nada que ver con ilegalidades, tal y como lo ha denunciado Provea. Pero Koki seguía allí.
Esta característica de mantenerse firme a como dé lugar puede ser traducida en cifras. Según el criminólogo Freddy Crespo, Revette tuvo unos catorce años de sobretiempo.
En Venezuela, sostuvo este académico, los hampones que se abren paso mediante el ejercicio de la violencia no pasan de los treinta años de edad. Mucho menos si llegan a hacerse tan notorios. ¿Cuál fue su fórmula?
“Koki supo ganar la confianza de los pobladores de la Cota 905. Supo actuar políticamente, no solo siendo violento sino ganándose a la gente. En nuestras investigaciones sobre los prames “exitosos” nos dimos cuenta de que ganaban respeto mediante una mezcla de cariño con miedo”, explicó.
Koki fue protagonista central – pero no el único– de la ola de secuestros que azotó a la capital del país desde mediados de la década pasada. Su nombre se hizo del conocimiento público en 2015, a propósito de la filtración de un informe de la policía judicial, que lo situaba como líder de una de las tantas bandas que entonces operaba en la Cota 905. En la foto que acompañaba a estos primeros datos, parecía alto y casi famélico, acompañado por una mujer que apenas le llegaba por los hombros.
Pero lo que llevó al Ejecutivo a desplegar la operación Guaicaipuro 1, en julio de 2021, no fueron los cientos de víctimas del hamponato que operaba con relativa impunidad en la Cota 905 y sus alrededores desde hace más de una década. En este aspecto, la minuta policial que confirmaba la muerte de Revette fue reveladora, pues indicaba que sobre él pesaba una orden de captura por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas, emitida el 16 de julio. Esto tenía que ver directamente con las situaciones de conmoción generadas en pleno corazón de la capital, en las que incluso los delincuentes llegaron a bloquear la autopista Norte-Sur. Algo que según Crespo no tenía precedentes en la historia reciente del país.
El fin de la “paz bizarra”
A partir de 2016, Revette avanzó en la consolidación de lo que el párroco Wilfredo Corniel describe como “paz bizarra”.
Cuando se deseaba llevar a cabo la catequización o acciones de ayuda social en los sectores más conflictivos, riesgosos y abandonados por el Estado, Koki era el llamado a dar la autorización. Esta afirmación fue corroborada por representantes de ONGs que desarrollaban cierto trabajo comunitario en los confines de la Cota 905.
Koki no era un católico prácticamente, aclaró el religioso. Pero el delincuente temprano entendió que debía respetar ciertos símbolos, en especial si se desenvolvía en una comunidad creyente. Si se guardan las distancias, esa ha sido la misma posición adoptada por líderes criminales en Colombia y México. Al igual que ha sucedido en esos países cuando se verifica la muerte de un sujeto con estas características, por Koki también pidieron un par de misas.
Las operaciones policiales Guaicaipuro 1 y 2 no han traído institucionalidad, y mucho menos tranquilidad a los pobladores de la Cota 905 y sus alrededores.
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“Antes caminabas por el barrio con su celular en la mano y no sucedía nada. Ahora, la gente se recoge temprano. Los negocios cierran a las 5 pm. A las 7 pm, todo es silencio”, refirió el párroco.
A pesar de las alcabalas que colocan los cuerpos de seguridad en algunas vías, Corniel observó un “aumento incesante de la inseguridad”, expresada en hechos de delincuencia común que todavía no llegan a transformarse en homicidios.
Esta percepción pareciera ser confirmada por las cifras que manejan los propios cuerpos policiales. En los meses previos a la operación Guaicaipuro 1, que desplazó a la banda de Revette de la Cota 905, eran reportados 90 delitos contra la propiedad en promedio mensual en las parroquias El Paraíso, Santa Rosalía y La Vega. A partir de agosto, cuando las policías supuestamente habían tomado control del área, el promedio de estos delitos se disparó a 117. Esto es, 30% más. En enero de este año, la situación se ha mantenido en los mismos términos.
Es posible que esto se deba al relajamiento de la cuarentena que dominó el escenario venezolano hasta noviembre de 2021. De igual forma, otros factores podrían entrar en juego. Pero también es posible que esto se deba a la ausencia de quien ejercía cierto control fáctico en ese sector de la capital.
Esta no es una buena señal. Según Crespo, en la Cota 905 Koki llegó a constituirse en una “representación del Estado”, quizá la única.
“Al no haber una estructura preventiva, acompañada por una mejoría económica que dé mayores oportunidades a esa población, vamos a ver una reproducción de la violencia”, advirtió.
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Breves
-El año pasado perdieron la vida en territorio colombiano 263 venezolanos, como consecuencia de actos homicidas. Esta es la cifra preliminar establecida por el Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Muchos venezolanos en tierras neogranadinas se ven involucrados en dinámicas riesgosas, en vista de las condiciones precarias con las que abandonaron su país natal. De acuerdo con la misma fuente, en ese mismo lapso fallecieron otras 140 personas por accidentes de tránsito. Otros 46 decesos fueron catalogados como suicidios. Los homicidios de venezolanos vienen en franco crecimiento desde 2017, cuando el referido observatorio comenzó a hacer la medición pormenorizada. En 2021, el alza fue de 32,8% con respecto al año precedente, con lo cual se llegó a un registro nunca visto. Desde 2017 hasta diciembre de 2021 han matado en Colombia a 752 venezolanos. Los registros más elevados en cuanto al número de víctimas acumuladas los tienen los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y la Guajira. En Arauca, un territorio fronterizo con el estado Apure, actualmente en disputa por facciones de distintas guerrillas, fueron reportados los homicidios de diez venezolanos en 2021, lo que también fue un récord. Según Medicina Legal, en 2021 ultimaron a 55 venezolanos en los municipios fronterizos.
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-El gobierno trinitario debe asegurar la integridad física y el estatus de refugiada de Darielvis Sarabia, cuyo hijo de cinco años de edad, Yaelvis Santoyo Sarabia, murió al ser impactado en la cabeza por un disparo presumiblemente efectuado por funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad, el 5 de febrero. Esta es la posición del comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos migratorios de Venezuela, David Smolansky. El ex alcalde, actualmente residenciado en EEUU, exigió al ministerio público de la isla una investigación profunda sobre lo ocurrido en aguas limítrofes con Venezuela. En esta línea, rechazó la deportación de 35 venezolanos que iban en el mismo peñero con Yaelvis y su mamá. “Esos son los testigos, vieron todo lo que pasó, y ahora están en Venezuela. Eso es muy grave”, dijo. El uso del poder armado de los guardacostas contra una lancha civil ha sido rechazado por organizaciones de derechos humanos de Venezuela y el Caribe. El diario trinitario The Guardian, reveló que los miembros de este cuerpo rigen su accionar por un protocolo conocido como “normas de enganche” (rules of engagement), en el que se prevé la utilización de las armas como “último recurso”. Pero esa no era la situación planteada. Según el especialista en derecho marítimo Francisco Villarroel, el uso excesivo de la fuerza “es evidente en este caso”. Destacó que el propio reporte divulgado por el gobierno trinitario no señala en ningún momento que los emigrantes venezolanos tuviesen armas en la embarcación. “No tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse”, dijo. Sin embargo, Smolansky advirtió que este incidente no perturbará las relaciones entre el régimen de Maduro y el gobierno de Keith Rowley, su principal aliado en el Caribe. En el trasfondo, dijo, prevalecen intereses políticos y económicos asociados a la explotación de gas en las aguas compartidas.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
