Detenciones en Carabobo representan una criminalización de facto contra personas Lgbti
El abogado y activista Lgbti Alfredo Félix asegura que la detención e imputación de estos 33 hombres en Carabobo es ilegal y arbitraria, debido a que no existe ningún basamento legal para realizarla. Para la ONG País Plural y el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, estas acciones criminalizan a aquellos que expresen su orientación sexual o identidad de género de forma pública, además de sentar un precedente para una escalada de discriminación en el país
33 hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la tarde del domingo 23 de julio, supuestamente tras una denuncia de vecinos, en un local que funciona como sauna en Valencia, estado Carabobo. Trasladados a una delegación en un municipio diferente (Los Guayos), reseñados y expuestos con fotos, nombre y apellido, estas personas fueron presentadas ante tribunales tras vencerse el lapso de 48 horas que establecen las leyes.
En una audiencia de presentación que inició a las 5:15 p.m. y que se extendió por poco más de cuatro horas, los 33 fueron acusados por Fiscalía 5ta de Carabobo y la Fiscalía 28 Nacional de los presuntos delitos de «ultraje al pudor», agavillamiento y contaminación sónica. El tribunal 5 con competencia municipal, a cargo de la jueza Marialba Villarreal, admitió las acusaciones y dictó regimen de presentación a 30 de ellos, fianza para el dueño y dos trabajadores del local, además de la confiscación de la sede de «Avalon Club».
Abogados y ONG alertan que estas detenciones y acusaciones son arbitrarias y criminalizan de facto a aquellos que expresan su orientación sexual o identidad de género de forma pública. Además, señalan que estos arrestos sientan un nuevo precedente en la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex que se registra en el país, aunado al aumento de los discursos de odio por parte de grupos ultra religiosos contra la comunidad.
La ONG País Plural destaca que la actuación de la PNB expuso a estas 33 personas «al escarnio público y la humillación, exponiendo su identidad de forma masiva». Y es que estos hombres fueron reseñados, y tanto sus identidades y fotos fueron reveladas en la minuta policial que fue replicada por medios de comunicación regionales y nacionales.
Incluso se expuso que entre los asistentes existía una persona con VIH, una cuestión que no fue confirmada, en clara violación a los artículos 7, 8 y 9 de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares.
«Los órganos de seguridad no protegen a las personas LGBTIQ y es inaceptable que efectivos de la PNB actúen guiados por la discriminación. El Estado debe resguardar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación alguna», recuerda País Plural.
El abogado de Defiende Venezuela y activista Lgbti, Alfredo Félix, asegura que estas detenciones generan un impacto negativo pues se ve como contraria la expresión de la orientación sexual aún en el ámbito de lo privado.
«Esto lamentablemente también es regresar a situaciones anteriores cuando por la Ley de Vagos y Maleantes se perseguía a personas homosexuales y se les privaba de su libertad (…) Vivimos en un país que tiene muchas agresiones, inclusive de funcionarios públicos, contra población Lgbti», destaca.
Apuntando a la comunidad Lgbti
El abogado de Defiende Venezuela afirma que estas detenciones son arbitrarias e ilegales, pues no existe basamento legal para realizarlas. En este caso no está claro si estas personas fueron detenidas en flagrancia de algún delito, pero sí se estableció que no existía orden judicial o alguna conducta atípica que justificara los arrestos.
«No existe delito cuando un grupo de personas, más allá de su orientación sexual, se reúnen consensuadamente para mantener relaciones sexuales. Esto no resulta contrario a ningún principio legal», explica.
Alfredo Félix también destaca que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas establecen como arbitraria una detención cuando se realiza por motivos discriminatorios, es decir, que haya una diferencia de trato que recaiga sobre un grupo en situación de vulnerabilidad y que además genere una afectación negativa.
«En este caso, resulta evidente que a estos hombres los detuvieron porque eran gays. Si esto hubiera sucedido bajo otras circunstancias, no hubiera ocurrido», afirma.
En el caso del delito de «ultraje al pudor», comenta que este tipo penal establece requerimientos muy específicos, siendo el más relevante que los actos al ultraje se produzcan en vía pública.
«Aun cuando se viera este espacio (sauna) como vía pública, que no lo es, hay que ver entonces qué toman como pudor público. ¿Deben verse las relaciones homosexuales como algo negativo a la persona promedio de la sociedad venezolana? Porque esto no se puede evaluar en torno a los venezolanos más conservadores o más liberales», advierte.
Refiere la encuesta nacional presentada en febrero por Equilibrium Cende sobre percepción social de la comunidad Lgbti en el país.
Este instrumento fue aplicado a 1.259 personas en todo el país en diciembre de 2022, donde más de la mitad de los encuestados respondieron estar de acuerdo en leyes contra la discriminación (73%) o visibilización del colectivo en los medios (60%), aunque hay resistencias a que la expresión de la orientación sexual a través de muestras de afecto (49%) sean públicas.
Aunque la mayoría percibe la discriminación contra la comunidad Lgbti en la sociedad venezolana, siendo particularmente alta sobre personas trans (67%), no se autoperciben como discriminantes, es decir, consideran que el problema es externo a sus creencias y actitudes.
A juicio del abogado de Defiende Venezuela, estas circunstancias representan una escalada en la situación de discriminación en contra de las personas Lgbti. «Eran comunes las detenciones arbitrarias por orientación política, pero que esto se extienda a la orientación sexual implica una criminalización de facto y aún mayores dificultades de las que ya enfrentan las personas Lgbti en la actualidad».
Recomendó a la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional luchar de forma directa y clara contra este tipo de circunstancias. «Esto es un producto de los múltiples discursos de odio que están calando en la población, así como calaron en algunos medios de comunicación y policías».
Además, asegura que el Estado venezolano tiene que indemnizar a las víctimas, establecer protocolos nacionales para evitar este tipo de situaciones y que se regulen de forma adecuada este tipo de discursos de odio. «Ya se sentó un ejemplo, lamentablemente, se demostró que esto es algo que los cuerpos policiales pueden hacer a pesar de que era una práctica que no se cometía desde hace años. Hay que evitar que se difunda la idea de que las personas homosexuales no tienen derechos, de que valen menos y se les pueda encarcelar. Es un precedente complicado lo que sienta esta detención y por eso debe haber una respuesta contundente de la sociedad civil, del Estado venezolano y la comunidad internacional».
Instituciones en silencio
A pesar de los llamados hechos por activistas y ONG tanto al Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo, ninguna de estas instituciones se ha pronunciado por este caso.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ se exigió, a través de un comunicado, no solo la liberación inmediata de estas personas, «sino que se investigue el origen de la denuncia y se procese a quienes activaron el aparato del Estado por prejuicio y discriminación basada en orientación sexual».
También solicitaron al Ministerio Público velar por el debido proceso de estas personas y las denuncias de extorsión hechas por sus familias.
El abogado Alfredo Félix coincide en la necesidad de una investigación a este cuerpo policial y que se remueva cualquier tipo de expediente procesal que se pueda crear contra las víctimas, pues «se activó el sistema de justicia del Estado de forma innecesaria, esto está gastando recursos».
Un grupo de 11 ONG entregó la tarde del miércoles 26 un documento exigiendo el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que encabeza Alfredo Ruíz, y medidas para garantizar el debido proceso en este caso. Aisak Ovalles, coordinador de gestión de País Plural, exhortó a que «se entienda que no hay ningún delito y que se dicte una medida de protección para las víctimas porque no solamente fue vulnerada su identidad, sino que también fueron expuestos al escarnio público. Tanto ellos como sus familiares merecen respeto de los funcionarios y los medios de comunicación».
