Gobierno condena al sindicalista Rubén González a 5 años y 9 meses de cárcel
El sindicalista lleva 8 meses y 15 días preso en la cárcel de La Pica, ubicada en Monagas. Le fueron imputados tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional
En la tarde del martes 13 de agosto, el sindicalista Rubén González escuchó por segunda vez en ocho años una sentencia de prisión en su contra. Cerca de las 3:00 pm, el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, Monagas, a cargo del coronel Alexis Baloa, condenó a 5 años y 9 meses de cárcel al secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, quien lleva más de 8 meses tras las rejas de la cárcel La Pica.
González fue condenado por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. La sentencia fue dada en la cuarta audiencia de un juicio que inició hace apenas mes y medio, el pasado 3 de julio. Dos semanas después, el 16 de julio, se llevó a cabo la fase de promoción y evacuación de pruebas. El abogado de González y sindicalista Miguel Ekar aseguró que durante el proceso la Fiscalía Militar no presentó ni un elemento de convicción que demostrara la culpabilidad del dirigente sindical.
“Este 13 de agosto finalizó el juicio militar más aberrante en Venezuela. No vamos a descansar hasta ver a Rubén González en libertad. La injusticia no podrá estar por encima de la justicia”, expresó Ekar.
“Hoy la narcodictadura mediante juicio militar anticonstitucional e ilegal somete al dirigente sindical Rubén González a 5 años 9 meses de cárcel. Su único delito fue defender los derechos de los trabajadores de Guayana y sus tablas salariales. Pero pronto vendrá la justicia y los encarcelados serán sus carceleros”, expresó Degraín Marichales, delegado de Sintraferrominera. “Hacemos responsable a la fiscal Karelis Nuñes y al juez coronel Alexis Baloa por cualquier veredicto inusual o fuera de las leyes”, dijo el dirigente sindical horas antes de la sentencia.
En efecto, juzgar a civiles en tribunales militares es ilegal. El artículo 49, numeral 4, de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”.
En la mañana de este martes 13 de agosto el dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas Mauro Zambrano, denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desalojaron a la familia de González al momento de iniciar el juicio en su contra, a las 10:00 am.
“Denunciamos que funcionarios de la Dgcim sacaron a los familiares de Rubén González del tribunal que celebrará su audiencia preliminar este 13 de agosto. Estos actos son orales y públicos. Exigimos su libertad inmediata”, escribió el dirigente.
El dirigente de Voluntad Popular (VP) del estado Bolívar José Basanta también denunció el hecho: “Familiares de Rubén González denuncian que funcionarios del Dgcim los sacan del tribunal y acordonan todo el perímetro del mismo”.
González fue detenido en la madrugada del jueves 29 de noviembre de 2018 luego de que guardias nacionales retuvieron en Anaco a 60 trabajadores de empresas básicas de Guayana, entre ellos el dirigente sindical.
Regresaban de una protesta laboral realizada el miércoles en Caracas, en la que trabajadores de la administración pública les entregaron a comisionados de la Defensoría del Pueblo un documento en el que le exigen al funcionario Alfredo Ruiz Angulo que “ejerza las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo o cualquier instancia judicial en defensa de los derechos e intereses colectivos de los trabajadores del sector público”.
El viernes de esa misma semana un tribunal militar de Maturín le dictó privativa de libertad y lo trasladaron a La Pica.
Del 8 al 12 de julio, la Comisión de Encuesta relativa a Venezuela establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó al país para constatar las denuncias de violaciones a los convenios internacionales laborales relativos a la libertad sindical, la consulta tripartita y la fijación de salarios mínimos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Los miembros de la Comisión de la OIT también visitaron Guayana, donde la Intersectorial de Trabajadores de la ciudad (ITG), capítulo Heres, denunciaron la persecución a trabajadores y dirigentes de las empresas básicas de Guayana. Uno de los casos que mencionaron fue el de González.
No es la primera vez que el sindicalista es condenado. El 28 de febrero de 2011, tras 28 audiencias, realizadas en cuatro meses, el Tribunal Sexto de Juicio a cargo de la juez Magda Hidalgo, en Puerto Ordaz, condenó al sindicalista a 7 años y 6 meses de prisión por dirigir una huelga por parte de los trabajadores de la empresa básica para exigir el cumplimiento del contrato colectivo. Fue acusado de agavillamiento (reunión para delinquir), instigación pública a delinquir, violación de zonas de seguridad y violación al derecho al trabajo.
A los pocos días, González quedó en libertad condicional tras 17 meses preso y dos días de protestas realizadas por trabajadores.
El secretario general de Ferrominera simpatizó con el chavismo en sus inicios, pero ser consecuente con sus ideales tiene un costo que el Gobierno obliga a pagar.
