Diálogos: aspectos a considerar, por Gregorio Salazar
¿Cómo se va a resolver el supuesto “desacato” de la Asamblea Nacional? ¿Por cuánto tiempo más va a prolongar su ominosa permanencia la constituyente espuria? ¿Cuántos miembros del CNE serán removidos para hacerlo una institución capaz de realizar unas elecciones libres y sin ventajismos? ¿Después de la elección de una nueva Asamblea Nacional qué? Son algunas de las interrogantes que la ciudadanía, incluso quienes no le ven futuro a las negociaciones abiertas entre el régimen y varias organizaciones políticas bastante modestas, se plantean.
Esa nueva mesa de diálogo es, por ahora y hasta nuevo aviso, tamaño bonsái. Que esa instancia rompa los estrechos moldes en los cuales se mantiene para pasar a robustecerse incorporando a los factores de oposición capaces de movilizar mayoritariamente al electorado sería lo deseable, no sólo porque en medio de una crisis de esta magnitud el país no puede permanecer en estado catatónico, sino porque fundamentalmente las elecciones legislativas son un mandato constitucional y corresponden en el 2020. Mal podría la oposición cerrarse a ellas de antemano sin pelear por condiciones para su participación.
Mucho se pudiera avanzar sobre todo si la bancada oficialista diera señales de estar dispuesta a reconocer la Asamblea Nacional como el centro del diálogo y la toma de decisiones, pero de eso no hay asomo. Hubo quien sostuvo que la sola presencia de la bancada opositora significaba el reconocimiento de la AN, pero la propia facción roja se ha encargado de desmentirlo: ni siquiera reconocen a Juan Guaidó como su presidente. Pero lo cierto es que para algo han regresado y pronto dejarán ver para qué.
En cuanto a la permanencia de la constituyente espuria, Felipe Mujica, uno de los principales voceros de los partidos firmantes del acuerdo con el régimen reveló esta semana que lo previsto es que ese cuerpo se mantenga en funcionamiento hasta el día en que se juramente la nueva AN
Lo anterior equivale a decir que la constituyente chimba que prometió una nueva carta magna, de la cual se ignora todo y no se ha presenciado un solo debate, tendría garantizados otros 15 meses de funcionamiento “supraconstitucional y plenipotenciario” con la potestad de cambiar el marco institucional bajo el cual hoy se darían las negociaciones.
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Por cierto, cuando finalmente se dignen presentar la nueva constitución la obligatoriedad de someterla a referéndum les brindaría una buena oportunidad de pulsar cómo está el respaldo a la revolución y a su esclarecida dirigencia. ¿Van a perder esa gran oportunidad? Es de suponer que contando con el respaldo de los 16 millones de venezolanos que firmaron contra Trump no tendrán porqué temerle al voto popular.
En lo que respecta a la nueva composición del CNE, el oficialismo se ha encargado de aclarar, por boca de la vicepresidenta de la constituyente espuria, Gladys Requena, que sólo están dispuestos a revisar el período de vencimiento de los rectores, pero no a una renovación completa. Sólo dos, se menciona, saldrían por esa vía.
El ex rector del CNE, Vicente Díaz, uno de los negociadores en las mesas de diálogo de Santo Domingo y Oslo, ha señalado que en ese particular el oficialismo no ha variado su postura. Díaz ha hecho hincapié en que los cambios que se necesitan sobrepasan con creces la sola modificación interna de la directiva del CNE, dado que es toda la institucionalidad del país la que está pervertida y ha venido operando en forma orquestada para garantizar el obsceno ventajismo oficialista.
Si de verdad como dicen los voceros del “nuevo diálogo” está abierta a incorporar al denominado G-4, flaco favor se le hace a este llamado con los ataques persistentes contra Guaidó y la dirigencia opositora dentro de Venezuela y en el exilio.
La principal razón es que los seis partidos firmantes del acuerdo cuentan con sólo 8 votos en la AN, escenario de donde saldría el nuevo CNE. A menos que lo que se quiera es quemar esa instancia para aterrizar de nuevo y en forma inconstitucional en manos del servil TSJ.
