Diputados aseguran que Maduro «se lava la cara» ante la CPI con reforma judicial
Desde que se instaló la comisión de reforma judicial, se han producido excarcelaciones en todo el país. Las últimas se realizaron en Yaracuy, donde se excarcelaron a 400 personas, y el estado Vargas, donde fueron liberados con medidas sustitutivas 41 personas
Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobaron un acuerdo, este martes 20 de julio, donde se rechazó la pretensión de una nueva reforma judicial, a través de una comisión encabezada por Diosdado Cabello y Cilia Flores, pues lo consideran un «intento» de invisibilizar las denuncias interpuestas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En la sesión virtual de la comisión delegada, los diputados Williams Dávila y Tamara Adrián recordaron que este sería el sexto intento de una reforma judicial en poco más de 20 años, con condiciones que el oficialismo ha promovido a través del tráfico de influencias, el retardo procesal y el control político sobre el sistema de administración de justicia.
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Williams Dávila recordó que dicha reforma, anunciada el pasado 22 de junio, debe enfrentarse a problemas estructurales dentro de las cárceles, controladas algunas por pranes y otras bajo control del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Señaló que, según cálculos de ONG, hay 75.00 presos en todo el país, de los cuales 40 mil están bajo la figura de detención preventiva. «Aquí tenemos en El Helicoide a presos con más de siete años sin juicio (…) Esta es una respuesta política por parte de la dictadura de Nicolás Maduro ante los avances y la denuncias de la Corte Penal Internacional», aseveró.
Desde que se instaló la comisión de reforma judicial, se han producido excarcelaciones en todo el país. Las últimas se realizaron en Yaracuy, donde se excarcelaron a 400 personas, y el estado Vargas, donde fueron liberados con medidas sustitutivas 41 personas.
La diputada María Beatriz Martínez dijo que esta «supuesta» reforma judicial solo sirve para “cortar cabezas a los que no le son cómodos o no se cuadren en sus estructuras corruptas de mercaderes de la justicia”.
Reiteró que con esta comisión, el régimen de Nicolás Maduro pretende “lavarse la cara y tratar de huir de todas las denuncias de delitos de lesa humanidad que se han presentado ante instancias internacionales (…) ¿Cómo es eso que es Maduro el que dispone quién y qué debe ser reformado?”.
Martínez también acusó a Cilia Flores y Diosdado Cabello de repartirse las cuotas y dependencias del poder judicial con esta comisión, pues señaló que han sido señalados de estar involucrados en actos de corrupción y narcotráfico por la justicia internacional.
En el acuerdo aprobado por la AN electa en 2015 se exige a la comunidad internacional seguir implementando medidas de presión sobre el régimen venezolano que permitan visibilizar las masivas violaciones a los derechos humanos, a través de documentos, informes y medidas sancionatorias individuales.
Universidades por el suelo
En la sesión de la comisión delegada, los diputados también debatieron sobre la situación de las universidades públicas y autónomas del país, acusando al régimen de Nicolás Maduro por la desidia y el déficit presupuestario al que están sometidas estas casas de estudio desde hace años.
La diputada Rosa Petit, quien calificó el debate como «muy sensible y delicado», señaló que el problema de las universidades se remonta a 1999 cuando se le da rango constitucional a la autonomía universitaria, pues a su juicio dio pie a las continuas agresiones sobre las instituciones universitarias autónomas.
“Se inició una fuerte polarización entre las nuevas universidades y los programas de una institucionalidad paralela gubernamental y el perjuicio fue para las principales universidades públicas. Existe un progresivo estrangulamiento financiero por parte del Estado a las universidades que ha llevado al desmantelamiento de las actividades de posgrado e investigación”, aseveró.
Mientras que la diputada Sonia Medina recordó que la crisis económica y el decaimiento de los salarios ha forzado el éxodo de profesores y estudiantes “que no ven aquí oportunidades para desarrollarse profesionalmente, se impide también la libre elección de autoridades universitarias. Se producen asaltos a bibliotecas, quemas de instalaciones, robos a oficinas y laboratorios. El aula magna de la UCV hoy está convertida en contenedor de basura y no tiene luz, se requieren 300 millones dólares para su recuperación”.
Por su parte, la parlamentaria Mildred Carrero dijo que hay una “política perversa” por parte de Nicolás Maduro para destruir a poco más de 30 universidades públicas, por medio de una asfixia presupuestaria.
“La Universidad de Los Andes recibió 9 mil millones de bolívares para gastos de funcionamiento de enero de 2021, siete meses después de haberse iniciado el año. Para esa fecha representaban 8.000 dólares, pero al día de hoy se ve reducida a 2.613 dólares por el tipo de cambio, para una pérdida de 67,7% del poder de compra. Faltan todavía los recursos para proyectos destinados a las facultades”, detalló.
Nuevo contrato del interino
La Asamblea Nacional electa en 2015 también aprobó un nuevo contrato con agentes de servicios financieros, creados en Estados Unidos, para la atención de gastos inherentes al gobierno interino. Con esto se reemplaza el contrato firmado en agosto de 2020 con BRV Administration Co. LLC y BRV Disbursement Co. LLC.
En este nuevo acuerdo, cuya vigencia empieza a partir de abril de 2021 hasta el 31 de enero de 2022, se dispone que BRV Disbursement no formará parte de ese nuevo acuerdo para no tener agentes de desembolso por separado. Por tanto, es reemplazado Admin CO «que llevara a cabo todas las funciones relevantes, previamente realizadas por el agente de desembolso».
En un informe de la Comisión de Finanzas, presidida por Carlos Paparoni, se explicó que estos cambios se hacen a fin «de permitir y facilitar la disposición, administración y desembolso de los recursos aprobados por la Asamblea Nacional que se encuentran disponibles en el Banco Federal de la Reserva en Nueva York».
Corrupción en ayuda humanitaria
Antes de la sesión de la comisión delegada, el mandatario interino publicó una serie de tuits donde se deslastra de presuntos actos de corrupción cometidos por su gabinete a través de fondos asignados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Guaidó aclaró que el informe de Usaid sobre el manejo de 500 millones de dólares en la región, es de fecha 2017-2019, período en el que no estaba establecido el gobierno interino. “Lo que sí dice es que en febrero de 2019 la dictadura impidió el ingreso de la ayuda humanitaria”.
Con Recursos del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobado por la @AsambleaVE, se ejecutó #HéroesDeLaSalud, bono en dólares que benefició a personal medico y de enfermería en la primera línea contra el #Covid19https://t.co/yfsN4Vljk7 pic.twitter.com/WWTkrrtwkN
— Juan Guaidó (@jguaido) July 20, 2021
Reiteró que “el gobierno encargado no ha ejecutado fondos de ayuda humanitaria directamente”, algo que ya han aclarado funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, entre ellos el embajador para Venezuela, James Story.
También señaló que según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “1,9 millones de personas recibieron algún tipo de Ayuda Humanitaria en los primeros 5 meses del 2021”.
