Diputados de VP y otras fracciones rechazan informe de Monómeros e insisten en decreto
El informe de la Comisiòn Especial que investigó a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos sigue dando cuerda para la diatriba política. Diputados de VP y otras fracciones rechazan informe de Monómeros e insisten en decreto propueto por Juan Guaidó y que fue rechazado
El informe de la Comisiòn Especial que investigó a la empresa Monòmeros Colombo Venezolanos sigue dando cuerda para la diatriba polìtica.
Este miércoles 3 de noviembre, un grupo de diputados de Voluntad Popular (VP) y de otras fracciones, como la 16 de julio, y la de la Concertación repudiaron el polèmico reporte que fue aprobado, el dìa anterior, con 10 de los 18 votos de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
De los 10 votos a favor del informe, 6 fueron de Primero Justicia (PJ) y 4 de Acciòn Democràtica (AD), además hubo cuatro votos salvados (3 de VP más el de Guaidó), un voto en contra (Proyecto Venezuela) y 3 abstenciones (2 de UNT y una de PJ).
En el comunicado suscrito por el presidente de la Comisiòn de Contraloría, Macario González, y otros 50 diputados se replican varios de los argumentos esgrimidos contra el informe de la Comisiòn Especial que presidiò Bibiana Lucas (PJ), tras la investigación en Barranquilla.
El informe y el acuerdo sobre Monòmeros se impusieron, el martes dos de noviembre, en la pugna dentro de la AN, a la propuesta de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por un grupo de paìses, sobre el decreto para reestructurar a la empresa petroquìmica.
Pero, los parlamentarios que firman el documento esgrimen que mientras el objetado decreto de Guaidó despolitiza la administración, gerencia y funcionamiento de Monòmeros, «los documentos aprobados por una mayoría circunstancial de la Comisión Delegada no hacen más que consolidar una organización más político-partidista que gerencial, lo cual ha sido el germen de la situación que hoy atraviesa la empresa».
El comunicado fue suscrito por dos de los miembros de la Comisiòn Especial, que aprobó la AN el 12 de octubre: Josè Luis Pirela (fracción 16 de julio) y Marco Aurelio Quiñones (VP), quienes votaron en contra en el debate dentro de la instancia el 27 de octubre. Para ambos, con el informe se pretende encubrir presuntos hechos de corrupciòn.
La politización de Monómeros fue condenada en el informe y el acuerdo. Sin embargo, se dejó en manos del G4 la reestructuración de la directiva de la empresa y la reforma de los estatutos.
En su descargo, los diputados que objetan el informe puntualizan que Monòmeros debe seguirse investigando en profundidad a partir de la experticia realizada por la Comisión de Contraloría «para establecer las responsabilidades a que haya lugar e iniciar de inmediato una auditoría externa e independiente. Monómeros debe ser reestructurada, alejada de toda influencia partidista, de cara a la necesidad de transparencia, tal y como lo presentó el Presidente Juan Guaidó».
Además, el grupo de diputados refiere un aspecto sobre el que puso la lupa, en la sesiòn del dos de noviembre, la diputada Delsa Solòrzano (fracciòn de la concertaciòn) y una de las firmantes del comunicado. Se trata de que el informe está viciado desde su propio origen, «debido a que viola las reglas de conformación de las Comisiones parlamentarias establecidas en el Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, según las cuales, únicamente el Presidente de la AN, puede nombrarlas y designar a sus miembros».
Los diputados exigen la remoción del gerente general de Monòmeros, Guillermo Rodríguez Laprea, señalado por Supersociedades de Colombia por malos manejos de la empresa, «para poder así garantizar una investigación verdaderamente independiente y libre de influencias partidistas». Enfatizan que este es uno de los aspectos que contiene el decreto de Guaidó.
Otro aspecto neuràlgico, señalan, es la urgencia de nombrar una Comisión Reestructuradora. Destacan, asimismo, el compromiso con la protección de los activos de todos los venezolanos.
«Solo estableciendo las responsabilidades que correspondan, el país podrá conocer la verdad, pues la responsabilidad por un hecho de corrupción o cualquier falta es personalísima y los venezolanos tienen derecho a conocer la realidad de los hechos», subrayan.
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