Diputados piden activar convenios para proteger a población fronteriza de la guerrilla
Tony Geara pidió a la AN electa en 2015 que «tome cartas en el asunto», debido a las actividades de grupos armados e irregulares en el negocio de la minería al sur del estado Bolívar
Diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 pidieron a Colombia y otros países aliados activar los convenios o acuerdos necesarios para proteger a la población que vive en la frontera con ese país de las actividades de grupos guerilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La propuesta fue hecha por el diputado indígena Romel Guzamana, durante la sesión de la comisión delegada este martes 29 de junio, quien denunció que con la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, muchos de los frentes y guerrilleros se trasladaron a Venezuela, ocupando municipios fronterizos y expadiendo la entrada a otros grupos irregulares como el ELN y bandas organizadas.
Los Grupos Armados Organizados (GAO) están en 74 municipios entre colombianos y venezolanos, aseguró Guzamana citando datos del gobierno de Colombia, «los cuales a 18 se expandieron tras el repliegue de las FARC y el convenio con el ELN (…) En dicho país y la frontera tienen años conquistando territorios en áreas urbanas e indígenas, a través de actividades ilícitas como tráfico de drogas, tala ilegal, extorsión e incluso tráfico de personas».
Guzamana le pidió al gobierno que preside el mandatario Iván Duque -sobre quién se hizo un debate en solidaridad por el atentado sufrido el 25 de junio– que se implementen los convenios o acuerdos para proteger a personas víctimas del terrorismo en la frontera colombo venezolana, y de protección inmediata de la democracia.
#SesiónAN | El Dip. @ROMELGUZAMANA inicia el debate sobre la presencia de grupos irregulares armados en la zona sur-oriental del país. pic.twitter.com/5IM2DfKktx
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) June 29, 2021
Tony Geara pidió a la AN electa en 2015 que «tome cartas en el asunto», debido a las actividades de grupos armados e irregulares en el negocio de la minería al sur del estado Bolívar, «bajo la mirada indolente del gobierno regional y nacional».
El parlamentario dijo que Bolívar es un estado «empobrecido» que parece operarse desde El Callao. «Tenemos situaciones muy delicadas como lo que pasa con la gasolina. Los municipios principales como Caroní y Heres pasan hasta 10 y 15 días sin ser surtidos de combustible, ya que pasa directo a la zona minera».
Explicó que la gasolina no llega a la población, porque pasa a ser controlada por grupos armados. «Sobre todo son negociadas directamente por canjes y trueques con oro, situación que es más difícil de controlar».
Mientras que la presidenta de la Comisión de Ambiente, María Gabriela Hernández, dijo que Monagas ha devenido en los últimos años en un «espacio ideal» para almacenar y pasar droga a otros estados, debido a su proximidad al mar y cercanía a regiones como Sucre y Delta Amacuro.
«La carretera que une Carúpano con Monagas está tomada por criminales que impiden el resguardo de las fuerzas del orden, o en conocimiento se abstienen a actuar (…) El Curi y El Manco son los jefes de las bandas llamadas Los Bajos y Los Caraqueños, se han dispuesto a acabar con la Guardia Nacional en la zona, lo que explica los ataques a destacamentos».
Además, señaló que al sur del estado Monagas hay bandas armadas de los llamados sindicatos. «Se les paga a los muchachos de 14 años en adelante con motos para garitear, el cobro de vacunas o los mandan a las minas. Tienen el control de Barrancas y parte del Delta, tienen en su bolsillo a las autoridades civiles y militares, dominan o dominaban la rutra de agua por el Orinoco para extraer combustible, oro, personas».
La parlamentaria además dijo que hay una población al sur de Monagas «a la que llegaron los paracos, como les dicen los criollos por su acento (…) Tienen armas y mucho dinero que comparten con pobladores a quienes dicen proteger de las bandas delincuenciales locales». Dijo desconocer si pertenecen a las FARC o el ELN.
A principios de año, recordó Hernández, se realizó un operativo por parte de la Guardia Nacional en la población de Barrancas para capturar a grupos armados pero no se logró, lo que a su juicio demuestra «como la dictadura quebró y aniquiló a las Fuerzas Armadas Nacionales y organismos de seguridad del Estado para aliarse a grupos criminales foráneos a quienes protegen y conceden territorio».
Apoyo a Iván Duque
Los diputados de la AN electa en 2015 también se solidarizaron con el presidente Iván Duque por el atentado sufrido el pasado viernes 25, que se habría cometido por parte de disidencias de las FARC y el ELN con fusiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas venezolanas, según han dicho autoridades colombianas.
El presidente de la AN electa en 2015, Juan Guaidó, dijo que ya se comunicaron el gobierno colombiano para mostrar su solidaridad con el presidente Duque y el pueblo de ese país. «Durante años hemos visto como las armas de la República se secuestran para reprimir al pueblo de Venezuela (…) Utilizar armas de la República para aterrorizar a la población e incluso realizar atentados en países vecinos
Recordó que hace unas semanas, desde Brasil también se denunció la presencia de armas de fabricación rusa, pertencientes a las Fuerzas Armadas de Venezuela, en la frontera. Insistió que esto supone un impacto en la región para desestabilizar los sistemas democráticos. «Hay que investigar a fondo la presencia de estas armas para efectuar atentados en países amigos y desestabilizar».
José Luis Pirela, a nombre la fracción 16 de julio, calificó como un «acto aberrante» el atentado contra Iván Duque, al tiempo que consideró que es un acto reiterado «de la violencia generalizada que hoy caracteriza a Colombia. Las protestas devinieron en actos terriblemente vandálicos».
Exhortó además a todos los presidentes del mundo a que se pronuncien sobre este tema, y «emplazamos al dictador Maduro a que fije opinión (…) Su silencio es escandaloso y levanta sospechas. Cualquier atentando contra un presidente de la República, y más si fue electo democráticamente, nos lleva a la conclusión de que debe haber una fuerza atenta a lo que está ocurriendo en Colombia».
Gaby Arellano, presidenta de la subcomisión de fronteras, dijo que los ataques terroristas son dirigidos «de quien usurpa el poder en Miraflores y las mafias del narcotráfico. Maduro representa la inestabilidad para todo el hemisferio, especialmente las Repúblicas hermanas de Colombia y Brasil».
«FARC y el ELN son aliados fundamentales de la narcodictadura de Nicolás Maduro», aseveró la diputada, al tiempo que dijo que la diplomacia tradicional no es «suficiente» para lograr un cambio político en el país.
Mientras que el diputado Luis Florido también ratificó la solidaridad hacia el mandatario Duque, y se unió a una solicitud de investigación internacional sobre el atentado. «¿Quiénes están detrás de esto? ¿El ELN? ¿Las FARC? ¿Personeros del régimen venezolano? Esto está por demostrarse».
