Diversas demandas contra Trump buscan frenar deportaciones masivas: la disputa continúa
Distintas organizaciones argumentan ante los Tribunales que es ilegal utilizar las deportaciones masivas y exigen garantías mínimas al debido proceso; sin embargo, el máximo tribunal autorizó a Trump a hacer las deportaciones
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración de Donald Trump continuar con su política de deportaciones masivas, incluyendo el uso de una ley de tiempos de guerra para expulsar a migrantes venezolanos. Sin embargo, enfrenta una creciente presión judicial con múltiples demandas activas en diferentes tribunales del país.
Contexto
Desde enero de 2025, al iniciar su segundo mandato, Trump ha endurecido las políticas migratorias de Estados Unidos, reactivando medidas que ya habían sido polémicas durante su primer periodo. Una de las más controvertidas ha sido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de la era fundacional de Estados Unidos, para justificar la deportación de ciudadanos venezolanos vinculados —según la Casa Blanca— al grupo criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, se han producido deportaciones de estos ciudadanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador de personas libres de delitos.
El 9 de abril, jueces federales en Texas y Nueva York habían ordenado suspensiones temporales a estas deportaciones, exigiendo garantías mínimas de debido proceso; pero el máximo tribunal del país intervino para dar luz verde a las expulsiones.
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Decisión del Supremo
En una votación de 5-4, la Corte Suprema permitió que el gobierno de Trump continúe utilizando la ley de 1798, aunque subrayó que los migrantes deben recibir notificación formal y la posibilidad de impugnar la decisión en tribunales. Además, estableció que estos recursos deben presentarse en Texas, donde están detenidos los migrantes, y no en otras jurisdicciones como Washington.
La decisión revierte parcialmente un bloqueo impuesto por una corte de apelaciones, que había frenado las deportaciones exprés bajo esta ley. Aunque el fallo mantiene vigente la aplicación de la norma, deja abierta la puerta a litigios individuales en tribunales estatales.
Otras demandas activas
- Caso Kilmar Ábrego García: el 24 de marzo, la esposa del salvadoreño Kilmar Ábrego presentó una demanda tras su deportación errónea a El Salvador, pese a que existía una orden judicial que lo protegía. La administración reconoció un «error administrativo» y una jueza federal ordenó su retorno a Estados Unidos antes del 7 de abril.
- Demanda de la ACLU contra deportaciones expeditas: el 22 de enero, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno por permitir deportaciones sin audiencia ante un juez. Argumentan que la práctica viola derechos fundamentales y que ofrece menos garantías procesales que una simple infracción de tránsito. El caso sigue en proceso.
- Demanda para evitar traslado a Guantánamo: abogados migratorios presentaron una demanda para frenar el envío de 10 migrantes a la Bahía de Guantánamo, alegando que la base no cuenta con condiciones adecuadas y que la medida busca sembrar miedo entre los inmigrantes. El estado procesal exacto no ha sido actualizado, pero el recurso está activo.
- Eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS): varias demandas se interpusieron tras el intento del gobierno de cancelar el TPS para ciudadanos de Venezuela y Haití. Un juez suspendió la eliminación del programa, beneficiando a más de 600.000 personas, pero la decisión fue apelada. Migrantes venezolanos y haitianos alegan que la medida tiene un trasfondo racista.
- Argumentos en contra del uso de la Ley de 1798: diversas organizaciones y expertos han señalado que la Ley de Enemigos Extranjeros solo se justifica en contextos de guerra declarada, lo que no aplica en el caso de Venezuela. Además, subrayan que su aplicación a cuestiones migratorias representa una distorsión jurídica peligrosa.
La litigación en Estados Unidos con respecto a los migrantes y las nuevas políticas adoptadas por el presidente Donald Trump continúan y el panorama legal puede evolucionar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
