Drogas en Venezuela, por Javier Ignacio Mayorca
El reporte entregado por el canciller estadounidense al Congreso en Washington pone de relieve el nuevo rol del país como emporio para la fabricación de cocaína
Twitter: @javiermayorca
El 3 de marzo, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken entregó al Congreso de su país un extenso informe en el que observa un cambio en el papel jugado por Venezuela en la industria mundial de las drogas.
«El rol de Venezuela en la cadena global de suministros pasó de ser un país de tránsito a una nación productora de cocaína», sostuvo el funcionario.
La afirmación del Canciller norteamericano en sí misma no es nueva. En septiembre de 2020, el entonces presidente Donald Trump ya incluía a Venezuela en la lista de países productores de drogas. En una entrega de este mismo espacio, divulgada en octubre de 2021 (Venezuela completa el ciclo), advertíamos que los militares venezolanos habían encontrado enclaves completos destinados a la fabricación de cocaína, en territorio zuliano a más de 30 kilómetros de la frontera, lo que implicaba la posibilidad de abarcar en un mismo territorio a todo el proceso productivo de este alcaloide.
En mayo de 2022, la organización InSight Crime difundió un informe donde se indica que el país podría situarse en el cuarto lugar en la lista de mayores productores de cocaína.
Todo esto contrasta con un discurso oficial que niega la situación. Según la propaganda gubernamental, hasta el sol de hoy Venezuela es un «territorio libre de cultivos ilícitos».
El gobierno estadounidense no había sustentado mayormente sus afirmaciones en cuanto al rol de Venezuela como productora de drogas. Pero ahora, el informe entregado por Blinken sostiene que el actual Gobierno “depende cada vez más de las rentas del narcotráfico, junto con otras actividades ilícitas”.
En este esquema, los grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-Nueva Marquetalia serían operadores clave, pues “dominan las rutas de tráfico en la región fronteriza”.
¿Cómo se llegó a este punto?
Acercamientos y rechazos
Desde el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela entró en una dinámica de aislamiento en cuestiones de cooperación internacional contra el delito organizado, donde se incluye la producción y el tráfico de drogas. El país no solo cesó la cooperación en los programas de consolidación institucional con la Sección de Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado (que incluía a las entidades policiales como la Administración para el Control de Drogas, DEA). Al retirarse de la Comunidad Andina de Naciones y de la Organización de Estados Americanos, también quedó sin participación en los programas contra la producción y el tráfico de drogas que eran financiados a través de esos organismos.
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En 2008, Chávez estuvo a punto de sacar a Venezuela del sistema de policía internacional (Interpol), molesto porque esa institución había certificado la autenticidad de los datos extraídos de las computadoras de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, el canciller de las FARC fallecido durante un polémico bombardeo de las fuerzas colombianas en el Putumayo ecuatoriano.
Simultáneamente, se forjó un nexo cada vez más estrecho entre el Gobierno, por un lado, y las FARC y el ELN por el otro. Aunque la justificación era de orden político e ideológico, detrás había una clara permisividad hacia los negocios ilegales.
Ya con Maduro en el poder, se hicieron esfuerzos por acercarse nuevamente a la cooperación policial internacional. Pero el daño ya estaba hecho. El país ni siquiera enviaba a sus nuevos funcionarios a los cursos de entrenamiento en materias tan diversas como drogas e investigación de secuestros, por temor a que fuesen «reclutados» por fuerzas internacionales. Los detectores de explosivos y sustancias controladas, donados por la Unión Europea al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, nunca fueron utilizados y quedaron como chatarra. Optaron por comprar otros directamente a un proveedor chino.
Desde luego, estas son apenas pinceladas en un cuadro de gran formato, donde los asuntos de drogas son muy importantes, pero no son los únicos. El menú de la delincuencia organizada es mucho más amplio.
Inicialmente, daba la impresión de que las operaciones de tráfico de drogas podían ser efectuadas por individuos o pequeños grupos, enquistados en posiciones de poder, con el propósito de engrosar sus propias cuentas. Pero lo que Blinken sugiere en su reporte para el Congreso es que este comercio, así como otros intercambios ilegales, son las alternativas a las que habría acudido el régimen para sustentarse. Entonces, pasaría de ser un asunto de mero enriquecimiento individual para ser un factor en las finanzas públicas.
Frente a semejante afirmación, lo menos que uno puede exigir son pruebas.
La evidencia sugiere que el país todavía se mueve en estos asuntos con criterios de selectividad. Por ejemplo, los militares continúan reportando el hallazgo y la destrucción de «laboratorios» para elaboración de pasta base de coca, o su conversión en clorhidrato de cocaína. En 2020, fueron 79. Al año siguiente, 60, y 61 en 2022.
La gran mayoría de estos enclaves fue intervenida en el desarrollo de la operación Escudo Bolivariano, enfocada en la neutralización de los frentes de las FARC-Ejército Popular, la misma facción que secuestró a ocho militares venezolanos en Apure. Nada contra el ELN. Así se desprende del abundante rastro fotográfico difundido en las redes del actual jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe Domingo Hernández Lárez.
Ante este dato, se podría pensar que desde la perspectiva de los militares la situación ha sido controlada, o que simplemente la elaboración de cocaína se ha concentrado en grupos hacia los que no se ejerce represión.
La probabilidad en cuanto a esta segunda alternativa es alta, tomando en cuenta las crecientes extensiones de cultivos ilícitos de coca reportadas en los departamentos Norte de Santander y Cesar. Nada indica que los sembradores, generalmente controlados o supervisados por grupos irregulares, se detendrán al llegar a una frontera que, dicho sea de paso, en esos confines es apenas una coordenada.
Breves
-La policía española capturó en Madrid a la venezolana Elis Margarita Valladares Sánchez, de 67 años de edad. Sobre ella pesaba una orden de búsqueda y captura cursada a través de Interpol, en relación con el secuestro y posterior homicidio del empresario Juan Manuel Barcia Rodríguez. El 9 de noviembre de 2020, este hombre de 54 años de edad fue sacado por la fuerza de su industria Plásticos Valencia, con sede en la urbanización Naranjillos de Guacara. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado en el sector Marlboro de la carretera vieja Caracas-La Guaira. No tenía documentos de identificación, pero mediante el trabajo de comparación dactilar se dictaminó que se trataba del hombre desaparecido en Carabobo. En este caso aparecen implicados los funcionarios de la extinta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bryan Goyo, Emilio Cavaniel y Emilio Cárdenas, junto a los estudiantes de la Universidad Nacional de la Seguridad Kleiber Mendoza y Enderson Ramírez. Pero ellos serían solo los ejecutores de un plan para el despojo del capital y los bienes acumulados por el comerciante, urdido en su propio núcleo familiar. Como autor intelectual del secuestro fue señalado el medio hermano de la víctima César Barcia Valladares, cuya madre es la mujer recientemente apresada en suelo europeo. Los datos del expediente indican además que ella presenció el momento en que los agentes de la FAES se llevaron a Barcia Rodríguez.
-Venezuela es un «refugio seguro» para las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta es una de las advertencias consignadas por el analista en «asuntos latinoamericanos» June Beittel, en un documento presentado en febrero ante el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU, una dependencia que nutre con información decantada a los parlamentarios de los distintos comités. Según este documento, la administración de Nicolás Maduro tiene «simpatía ideológica hacia el ELN», la organización guerrillera fundada por el sacerdote Manuel Pérez en 1964. «Los militares venezolanos y otras autoridades han sido cómplices de las actividades ilegales del ELN en muchas instancias#, sostiene Beittel. Esta situación ha permitido una expansión del grupo irregular en territorio nacional, lo que además posibilita que los guerrilleros exploten nuevos mercados criminales. El ELN, indica el analista, ha sido uno de los grupos al margen de la ley que se fortaleció a propósito del cierre de las fronteras, toda vez que se pudo hacer con el control de diversos flujos ilegales entre Colombia y Venezuela.
Javier Ignacio Mayorca es periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
