Ecuador: ¿gobierno controversial?, por Félix Arellano
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La profunda crisis que está enfrentado el Ecuador, actualmente en una fase de tensa calma —gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal, el 30 de junio, luego de 18 días de protestas que dejaron seis muertos y más de 500 heridos—, podría definirse, emulando a Gabriel García Márquez, como: «crónica de una protesta esperada», pues desde que asumió al poder el presidente Guillermo Lasso, ha debido estar consciente de la frágil gobernabilidad de su administración.
Entre los factores que propician la inestabilidad del gobierno ecuatoriano destacan, entre otros, su posición minoritaria en la Asamblea Nacional, la presión del poderoso movimiento indígena, que está demostrando una vez más su fortaleza y la fuerza desestabilizadora del expresidente Rafael Correa con su importante movimiento político UNES, la mayor bancada en la Asamblea Nacional del Ecuador (49 de 137).
El triunfo de Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (abril 2021), sorprendió a propios y extraños; al superar, en un tercer intento, la fortaleza del correísmo.
Conviene destacar que Rafael Correa, gracias al incremento de los precios de las materias primas, logró administrar y despilfarrar una bonanza de ingresos y forjó un importante respaldo popular que le permitió mantenerse el poder desde el 2007 al 2017, de forma ininterrumpida.
En el triunfo del presidente Lasso resultó crucial la negociación con algunos sectores indígenas, en particular con el movimiento evangélico indígena, propiciada en gran medida por las diferencias que fueron creciendo entre algunos de esos movimientos con el presidente Correa, situación que Lasso logró capitalizar.
Pero no podemos olvidar que, en el imaginario colectivo de los sectores más vulnerables, el presidente Lasso representa, por una parte, a la oligarquía que tradicionalmente ha disfrutado de los mayores privilegios y, por otra, a la costa próspera, que ha discriminado la serranía indígena, que enfrenta mayores limitaciones económicas.
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El presidente Lasso ha debido estar consciente del peso e influencia del movimiento indígena ecuatoriano organizado que, paradójicamente, constituye uno de los sectores históricamente vulnerables, excluidos y, en muchos casos, menospreciado.
Las estadísticas oficiales lo calculan en tan solo un 10% de la población ecuatoriana; empero, centros de investigación estiman que representa más de un 35% de la población y está conformado por unos 14 grupos étnicos, entre los cuales la etnia quichua se estima mayoritaria.
Conviene recordar que uno de los avances que ha logrado el sector indígena ecuatoriano tiene que ver con el nivel de organización y, al respecto, existen varias instituciones, la más importante, que además está promoviendo las actuales protestas, es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), creada en 1986, actualmente bajo el liderazgo de Leónidas Iza. También existen: la Asociación de la nacionalidad Zarpa, la Confederación de los pueblos Kichwa, creada en 1972; la Coordinadora de la Cuenca Amazónica (Coica); e incluso la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine).
En ese contexto, resulta desconcertante la ausencia del sector indígena en el equipo de gobierno del presidente Lasso. Para los críticos, ha prevalecido el menosprecio a los pueblos indígenas. Ante los riesgos de la gobernabilidad resultaba prioritario mantener una estrecha y creativa relación con líderes tales como: Yaku Pérez y su importante movimiento indígena Pachukutik, Xavier Huertas de la izquierda democrática; además de otros representantes de los movimientos sindicales, gremios profesionales, movimientos estudiantiles, entre otras expresiones de la diversidad de la sociedad civil.
Pareciera que el presidente Lasso en su gestión de gobierno ha privilegiado los temas macroeconómicos, la productividad y la competitividad, con un marcado déficit de sensibilidad social. Algunos afirman que el gobierno se ha desvinculado de la crisis social que enfrenta el país, agravada por los efectos de la pandemia del covid-19.
Los problemas económicos y sociales se han agudizado, ha crecido la pobreza, la desesperanza en los jóvenes, la delincuencia y la inseguridad; a lo que se suma las continuas crisis en las cárceles del país con un importante número de muertos y heridos.
La crisis de los sectores más vulnerables, en particular del sector indígena, ha estimulado las protestas que, bajo el liderazgo de la Conaie, con Leonidas Iza a la cabeza, iniciaron, un tanto fragmentadas y débiles, el pasado 13 de junio; empero, cuando el gobierno cometió el error de detener al líder Iza, el 14 de junio, facilitó la unificación de todos los sectores críticos al gobierno, en particular el correísmo; lo que exacerbó las protestas a nivel nacional.
La habilidad de Guillermo Lasso para negociar con los sectores sociales durante la campaña electoral, extrañamente se ha desvanecido en la acción de gobierno y, al respecto, cabe destacar las declaraciones de Juan Carlos Holguín, actual Canciller, quien en reciente entrevista a la BBC (22/06/2022) ha señalado: «Ganamos una elección escuchando a la sociedad civil, pero al llegar al poder abandonamos esa prioridad».
El ambiente de descontento popular ha sido aprovechado y fortalecido por los movimientos radicales, en particular, por Rafael Correa y sus seguidores, que juegan en diversos planos para incrementar la inestabilidad del gobierno y, de ser posible, lograr la salida del Presidente Lasso.
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Desde el primer día de gobierno, el presidente Lasso ha debido estar consciente de la gran fragilidad de su administración. Su partido CREO solo logró 12/137 representantes en la Asamblea Nacional y UNES, el partido de Rafael Correa, alcanzó 49/137. Si bien ningún partido tiene mayoría, el parido del presidente evidencia gran fragilidad y requiere del apoyo de sectores críticos del correísmo; en particular, del movimiento indígena Pachakutik con 27 representantes y la izquierda democrática con 18 representantes.
Conviene destacar que el correísmo juega, entre otros, con la estrategia de manipulación mediática propia del populismo y el autoritarismo y cuenta con respaldo internacional de los movimientos autoritarios, que promueven inestabilidad en el continente. Por otra parte, recientemente ha recibido el golpe de la anulación del habeas corpus a favor de Jorge Glass, exvicepresidente de Rafael Correa, quien ha sido detenido de nuevo en Cotopaxi.
El radicalismo correísta azuza la inestabilidad desde varios frentes, con particular énfasis, en la protesta de calle, aprovechando y manipulando los legítimos reclamos de la población que ha enfrentado las graves consecuencias de la pandemia y ahora sufre el incremento de los precios, en particular de los combustibles; amén de la crisis de los servicios públicos y la inseguridad. Los radicales estimulan la protesta y aprovechan la oportunidad para generar vandalismo y destrucción.
Pero el correísmo también juega sus cartas en el plano institucional y acaba de ejercer una osada maniobra, activando la aplicación del artículo 130 de la Constitución Nacional, que permite a la Asamblea Nacional, con un mínimo de 92 votos de los 137 miembros de la conforman, destituir al presidente del país por «crisis política o conmoción interna».
En efecto, el correísta partido UNES, con sus 49 representantes, promovió la destitución del presidente Lasso, pero la votación final solo logró sumar 80 votos y, al no alcanzar el mínimo previsto de 92 votos, fue derrotada; empero, dejó en evidencia una vez más la inestabilidad del gobierno.
Por otra parte, conviene destacar que el presidente también puede activar el mecanismo de llamada «muerte cruzada» y, activando lo previsto en el artículo 148 de la Constitución, disolver la Asamblea y convocar a nuevas elecciones generales.
Iniciar una guerra institucional no parece el mejor camino para la construcción de gobernabilidad en el Ecuador, lo más adecuado sería que el presidente retome su capacidad de diálogo y negociación, como lo logró en la segunda vuelta de las elecciones, e incorpore en el gobierno a los sectores democráticos, en particular del ámbito indígena, críticos del correísmo y de esa forma iniciar una verdadera transformación social en el país.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
