Ecuador retoma la discusión constitucional, por Julio Echeverría
El Ecuador se apresta a retomar la deliberación sobre la reforma política y el presidente Guillermo Lasso ha formulado un conjunto de preguntas que deberán ser consideradas para la consulta popular, que serían aprobadas por parte de la Corte Constitucional. Esta instancia deberá calificar si dichas preguntas proceden mediante la modalidad de enmiendas, de reformas o, en su defecto, ameritan un tratamiento por parte de una Asamblea Constituyente: son las tres modalidades que establece la Constitución para las reformas institucionales.
Existen muchas consideraciones detrás de la convocatoria del presidente a una consulta popular. Indudablemente, el régimen requiere renovar su debilitada aceptación, reducida al 17% después de algo más de un año de su posesión, cuando esta alcanzó el 75%.
Pero, más allá de una maniobra de legitimación, el régimen apunta a incidir en tres materias que son altamente gravitantes en la situación política actual del país: la seguridad ciudadana, la reforma institucional y la protección ambiental.
En materia de seguridad, la propuesta apunta a mejorar los niveles de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la policía, una propuesta que ya ha sido tratada por la Corte Constitucional y que ha recibido respuestas no suficientemente claras ni definitivas. La corte ha respondido partiendo del tradicional principio de la soberanía estatal, bajo el cual el papel de las FF. AA. es exclusivamente el de la protección de las fronteras frente a posibles conflictos con otros países.
El Gobierno considera que es pertinente regular un mayor involucramiento de estas fuerzas en el manejo de la seguridad interna mediante tareas complementarias a las de la Policía Nacional. Actualmente, esta colaboración puede darse mediante una declaración de emergencia o excepcionalidad, lo cual supone la suspensión de derechos ciudadanos. Según el Gobierno, la colaboración permanente en casos restringidos a delitos transnacionales, también llamados «de crimen organizado», no supondría la suspensión de estos derechos ni la intervención de las FF. AA. en tareas de protección civil propias de la policía. De esta forma, la enmienda no sería regresiva en derechos ni alteraría la estructura organizacional del Estado, limitantes constitucionales que podrían invalidarlas.
La segunda pregunta del ámbito de la seguridad plantea la extradición de involucrados en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y contrabando de armas. La Constitución vigente no contendría las herramientas para hacer frente a estos nuevos tipos de delito, en los que el nivel de amenaza rebasa las potestades de las soberanías nacionales.
Como vemos, estamos aquí frente a lo que podría caracterizarse como una inicial instrumentación de una política de cooperación regional y global sobre el tema. La tercera pregunta complementa este primer eje y plantea dotar de autonomía a la Fiscalía del Estado en las funciones de evaluación y sanción de fiscales, que actualmente reside en el Consejo de la Judicatura.
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El segundo conjunto de preguntas hace referencia a la reforma política. En esta materia es en la que seguramente se juega lo sustantivo de la consulta. Se trata aquí de eliminar las potestades en la nominación de los órganos de control (Contraloría, superintendencias, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, etc.) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), o llamado quinto poder, y devolverlo a la Legislatura. La Constitución del 2008 transfirió dicha potestad a este consejo que, en la actualidad, es reconocido como el más grande responsable de la crisis institucional.
En la propuesta presidencial, devolver las potestades de nominación a la legislatura, paradójicamente, termina por reforzar sobremanera el hiperpresidencialismo al entregar al Ejecutivo la potestad de designar los candidatos por integrar dichas funciones, dejando, así, a la legislatura el papel de su nominación formal.
La propuesta parecería responder a las urgencias coyunturales del momento: impedir que su principal oponente, el correísmo, cope dichos espacios al sustituir a la actual conformación del Consejo de Participación, que canalizaría la integración de los órganos de control con funcionarios afines.
Las preguntas en este bloque se completan con propuestas de reforma al sistema electoral y de partidos políticos: la reducción del tamaño de la legislatura (de los 137 representantes actuales a una cifra de más o menos 100) y la obligación a que los partidos políticos respeten protocolos de democracia interna para acceder al fondo partidario.
También aquí la propuesta es débil e imprecisa: reducir el tamaño de la representación y condicionar mediante expedientes tecnológicos actualizados (biometría en la certificación de las adhesiones partidarias y monitoreo de mecanismos de democracia interna a cambio del acceso a financiamiento público) parecerían no ser suficientes para lograr el objetivo propuesto. Las preguntas referidas a la protección ambiental (control de la afectación a las fuentes de agua y retribución económica a quienes protejan el ambiente) parecerían estar pensadas más que nada para atraer adhesiones a esta.
La formulación de las reformas, que reducidos grupos de expertos leerían, ha recibido un tratamiento débil a pesar de soportarse en 476 páginas de anexos. La consulta del presidente Lasso apunta a resolver problemas centrales de la democracia que requerirían deliberaciones más consistentes y modificaciones más profundas, pero que es enfrentado con la consulta, instrumento de democracia directa, el cual, en su aplicación, podría contaminarse de intereses políticos que no enfrenten razonablemente su grado de complejidad.
Queda por esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el camino adecuado para procesar las preguntas, pero el nivel de deterioro institucional en el que se encuentra el país parecería conducir a las fuerzas hacia la necesidad de discutir un examen integral de todo el texto constitucional. Esto podría significar obligatoriamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Julio Echeverría es sociólogo. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología, por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
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