Editorial | La UCV y las sombras de nuestra historia electoral
00Ese país a escala que es la Universidad Central de Venezuela. Después de la jornada agridulce que resultó en la suspensión del proceso del 26 de mayo y la decisión de diferir la primera vuelta electoral para el 9 de junio, muchas alertas se encendieron.
Era inevitable escuchar en las filas estancadas de votantes de qué manera este escenario caótico podría ser una muestra de la convocatoria a elecciones primarias en la oposición. Los procesos electorales en Venezuela se han convertido en el «coco» de los ciudadanos. Razones hay de sobra.
Por eso las sombras que ayer aparecieron en la UCV revivieron los peores temores: surgieron versiones de sabotaje, se oyó rápidamente la posibilidad de una impugnación, se asomó una intervención judicial (otra vez), pusieron en la mesa componendas de grupos políticos y la más temida fue la idea de tener que prolongar aún más la urgente renovación de autoridades que suman casi tres períodos vencidos, lo que ha significado estar 11 años de tiempo extra al frente de un complicadísimo período, en el cual el asedio no ha parado: presupuesto deficitario por diseño, intervenciones judiciales para sostener una política de agotamiento institucional y la inevitable confrontación interna.
Hasta ahora entre muchos gritos y altisonancias, la verdad es que ninguna explicación de lo que ocurrió ha sido satisfactoria, por tanto es prioridad que los responsables de este proceso fallido pongan las cosas en claro.
Por ejemplo, la Comisión Electoral eligió la opción de unir en una misma jornada las elecciones de gobierno y cogobierno, a pesar de que implicaba una logística mayúscula por la cantidad de cargos vencidos. Se trataba de unas megaelecciones (293 cargos) que tenían como añadido el aumento del padrón electoral porque se incluyó a empleados administrativos y obreros, más jubilados.
Tampoco se ha dicho la razón por la cual se reportaron tantas omisiones en las listas de votantes. Por mencionar algunas, en la Facultad de Humanidades y Educación no aparecían registrados 204 egresados de las cohortes más recientes. El mismo viernes 26, en la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales varios egresados comentaban que había una promoción completa de 150 personas que ni siquiera aparecía y varios de ellos ya habían introducido impugnaciones que les permitieran votar.
La lista definitiva del padrón electoral también se publicó en fecha límite, por lo que muchos egresados se enteraron que no estaban en lista el mismo día de la elección.
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Todo esto sin contar que se escogió un sistema manual y se rechazó la propuesta que había hecho la escuela de Computación de la UCV para tener voto automatizado, ya que la sola mención de la participación del «coco-CNE» generó ronchas inmediatas en los actores involucrados.
Pero la perla fue el resguardo de las boletas. Ya que habían optado por reparar las lectoras ópticas que tenían más de una década sin uso, las condiciones de las boletas tenían que ser óptimas porque las máquinas no leen el material si está dañado por humedad.
Entonces ¿Cómo se explica que si a las 3:00 de la madrugada se detectó un riesgo por las filtraciones en la sala donde estaban las boletas este factor no fuese considerado como prioridad para resolver? Una fuente del decanato de la Facultad de Humanidades y Educación explicó que otro mal antecedente fue que a las 5:30 pm del jueves 25, aún no habían sido entregados los cotillones electorales completos y faltaba material por imprimir, a pesar de que se estaba convocando a los miembros de mesa y de logística para que estuvieran a las 7:00 am para proceder con el acto de instalación de mesas.
Sin embargo cerca de las 11:30 am, ya con todos los votantes aglomerados en cola, aún ni siquiera se habían armado las cajas para depositar el voto. El armado, sellado y cierre de las cajas requiere de testigos y un acta que garantiza que el recipiente donde se depositan los votos no contiene nada previo a su sellado y está en perfecto estado.
La frustración tuvo su punto cumbre cuando finalmente -en medio de improvisaciones y desespero- miembros de las subcomisiones electorales de cada facultad autorizaron el inicio de la votación pero solo para estudiantes y egresados porque eran las únicas boletas que tenían. Hubo casos, como por ejemplo en Medicina donde llegaron 51 boletas para egresados. En la Facultad de Humanidades, los egresados adultos mayores y jubilados se convirtieron en prioridad para ingresar porque se estaban descompensando debido a las horas de espera. Los miembros de mesa tuvieron que dar inicio a un proceso que apenas tenía disponibles 41 boletas destinadas para un padrón electoral de más de 29.000 votantes de 10 escuelas.
La falta de respuesta oportuna y la necesidad de que los candidatos tuvieran que exigir explicaciones antes de que la Comisión diera una razón clara por el retraso, puso el detonante para que los ánimos se caldearan. Versiones de todo tipo corrieron por los pasillos. Como dice el argot popular: «el que está picado de culebra, bejuco le para el pelo».
Y para finalizar la jornada, la protesta de un grupo de estudiantes que irrumpió en la sala donde las autoridades y la comisión electoral estaban reunidos lanzó el fósforo que faltaba. La rectora Cecilia García Arocha recibió el foco de los gritos que la apuntaban como responsable: ¡Renuncia, renuncia!, le vociferaban.
García Arocha respondió que los insultos ya eran «gajes del oficio» y que precisamente si había alguien que no quería estar en ese lugar era ella misma: «Yo me voy el 14 de julio porque me quiero ir. No es porque me hacen ir».
No es la primera vez que lo dice y en eso ha sido clara. La exigencia visceral de su renuncia necesita verse con los lentes de la praxis: el artículo 20, numeral 15, de la Ley de Universidades establece que en caso de renuncia de alguna autoridad, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), que en la práctica opera bajo el control de los puntos de agenda, derechos de palabra y votaciones que rige el Ministerio de Educación Universitaria, sin temblarle el pulso procedería a designar un rector interino.
Y los antecedentes de esas decisiones ya han dejado efectos ¿O el consenso para que se aprobara el reglamento transitorio que permitió destrancar estas elecciones no es el resultado de «poner las barbas en remojo», en vista de lo que ha ocurrido en otras universidades autónomas, como por ejemplo la Universidad Simón Bolívar (USB)?
Hacer memoria no hace daño. El 16 de septiembre de 2021, la sesión del CNU en la que se evaluarían los procedimientos para designar un rector interino, luego del fallecimiento del rector Enrique Planchart, terminó siendo el acto de designación inmediata de las tres autoridades principales (rector, vicerrector académico y vicerrector administrativo) presentadas por el Ministerio de Educación Universitaria. Solo se necesitó la intervención del consultor jurídico del CNU, quien señaló que como habían transcurrido más de 180 días y no hubo proceso electoral, se podían designar todas las autoridades.
Ante esta decisión salvaron su voto los rectores de la UCV, UDO, UNEXPO, LUZ, UCLA, ULA y por supuesto la misma USB, que había presentado una lista de 20 nombres de candidatos, pero no hubo derecho a pataleo y el entonces ministro César Trómpiz hizo oficial la designación. Cero voz, cero voto.
La emoción y la razón no pueden desligarse. Queremos ir a votar emocionados. Pero también queremos razones para hacerlo. Muchas condiciones han cambiado y otro país se ha configurado durante estos 15 años desde que se realizaron aquellas elecciones que llevaron al frente de la UCV al actual equipo de autoridades, del cual solo permanece la rectora García Arocha y el secretario Belmonte. Por eso, la posibilidad de que en medio de este conflicto se genere una vacante de la principal autoridad de la UCV es una puerta giratoria que puede dejar salir algunos problemas, pero permitir que entren tantos otros.
Que el ambiente sombrío que hoy pesa sobre la universidad pueda tener la luz y la lucidez que exige este momento de cambio. Esperamos respuestas. Ucevistas, nos vemos el 9 de junio.