¿Educación gratuita o privada?, por Jesús Elorza
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Desde el 27 de junio de 1870, Venezuela cuenta de manera oficial con escuelas públicas, gratuitas y obligatorias. A partir de ese momento se establece a escala nacional la obligatoriedad de la enseñanza gratuita de principios generales de aritmética, sistema métrico, idioma castellano, moral ciudadana y fundamentos de la Constitución Federal. Se obliga a los padres y tutores a instruir a sus hijos en las señaladas temáticas, o a contratar un maestro para el mismo cometido.
Además, se crea una Dirección Nacional de Instrucción Primaria conjuntas seccionales en los estados de la Unión; y un impuesto especial para la dotación material de las escuelas que se crearían en el futuro. En menos de tres años se logró la apertura en Venezuela de141 escuelas federales con 7.064 alumnos y 251 escuelas municipales con 8.017 alumnos; en 1885, 15 años después de la promulgación del decreto de Instrucción Pública, funcionaban ya, según las cifras oficiales, 1.312 escuelas federales con 80.900 alumnos y 645 escuelas municipales con 18.556 alumnos.
El derecho a la educación, su sentido y alcance, la función que compete al Estado, a los individuos y a la sociedad respecto a éste, han constituido tema de constante debate teórico en todas las sociedades a través de la historia.
En nuestro país hemos estado desde la declaración de independencia sosteniendo un modelo de gratuidad de la enseñanza con una obligación manifiesta del estado a cumplir con este cometido.
Sin embargo, la realidad es otra, la crisis social, política y económica que hemos atravesado han dejado en evidencia el regresivo deterioro del sistema educativo. El salario de hambre, la firma de los contratos colectivos, la inexistencia de programas de asistencia social para los cuidados preventivos y/o curativos en materia de salud para los maestros, profesores, obreros y empleados del sector, el pago de las prestaciones sociales, la homologación de las pensiones, la progresiva deserción de estudiantes y el establecimiento de horarios mosaicos que reducen drásticamente la jornada escolar, el cerco presupuestario a las universidades y la violación permanente a la Autonomía Universitaria.
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Frente a esta crisis hemos visto el surgimiento de propuestas orientadas o dirigidas al establecimiento de la privatización de la educación en el país. Los proponentes, señalan que la educación debe dejar de ser gratuita y en consecuencia todo aquel que ingrese al sistema escolar debe pagar por ello. Dejan de lado estos proponentes, que las lamentables condiciones de nuestros centros escolares y universidades al igual que las condiciones laborales y las condiciones de pobreza crítica de más del 80% de la población requieren de soluciones urgentes y no de propuestas neoliberales de privatización.
El colmo de los proponentes, de ese sistema lesivo al derecho humano de los ciudadanos de tener educación gratuita la de «implementar tickets o váuchers de subsidio otorgados o financiados por el estado para que las familias de bajos recursos puedan pagar la educación de sus hijos». Los proponentes de esta fórmula llegan al colmo de señalar que con este subsidio las familias podrán pagar los estudios de sus hijos en los centros escolares públicos (???) o privados de su preferencia. Cabía preguntarse, en qué centro escolar público se paga por inscripción o mensualidad.
El gran negocio seria abrir un centro escolar para que el gobierno le pague a un particular la cuota de inscripción y mensualidad de los estudiantes cuyo costo podemos prevenir que irán en aumento progresivo. Los mercaderes de la educación no limitan sus aspiraciones y pretenden congelar o eliminar definitivamente los contratos colectivos de los trabajadores en todos sus niveles (básica, diversificada y universitaria) y establecer una política dirigida al establecimiento y manejo de las jubilaciones y prestaciones a través de administraciones privadas de esos fondos.
Este problema, será uno de los debates más importantes a producirse en el próximo gobierno. De ganar, como todo hace prever que así será, Edmundo González; los distintos sectores gremiales, sindicales, estudiantiles, padres y representantes deberán participar activamente del debate sobre las propuestas para superar la crisis educativa en un gobierno de transición. Las tendencias social demócratas deberán confrontarse con los mercaderes de la educación en el tema de las privatizaciones.
Constitucionalmente la educación se define como: Un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.
La educación es un servicio público. En consecuencia, toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Estos derechos son los que definen a Venezuela como una tierra de gracia.
Por el contrario, los mercaderes pretenden transformarla en tierra de desgracia.
Jesús Elorza es Licenciado en Educación, profesor en la UPEL
