EEUU exige a Nicaragua liberar al monseñor Álvarez, encarcelado por negarse a destierro
La administración de Joe Biden se compromete a presionar al gobierno de Daniel Ortega para liberar al monseñor Rolando Álvarez, quien recibió una condena de 26 años de prisión y fue despojado de su nacionalidad
Estados Unidos exigió al gobierno de Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua, la liberación del monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado de su país por decisión del sandinismo.
Un portavoz del Departamento de Estado recalcó a EFE que Álvarez fue «injustamente encarcelado» e insistió en el compromiso que mantiene Estados Unidos para presionar por su liberación.
Para Washington es reprochable la decisión del gobierno de Ortega de despojar de su nacionalidad a 224 presos políticos tras recibir una medida de excarcelación que estaba acompañada con una orden de destierro del país, tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para que la administración de Joe Biden recibiera a este grupo.
«La administración de Biden condena el despojo de la ciudadanía del monseñor Álvarez y de los hasta ahora presos políticos. Esa medida viola los derechos fundamentales de estas personas», acotó el vocero del gobierno estadounidense.
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Según Daniel Ortega relató en cadena nacional, Álvarez se encontraba dentro del grupo de los 222 presos políticos excarcelados y desterrados, pero antes de abordar el avión, se resistió y negó a abordar. Los funcionarios al servicio de Ortega no pudieron obligarlo porque el trato con Estados Unidos implicaba que todos los implicados accedieran a ser llevados a Norteamérica voluntariamente.
Además de Álvarez, también rechazó el destierro Fanor Alejandro Ramos, condenado por el gobierno sandinista con cargos de traición a la patria, almacenamiento de drogas y tenencia ilegal de armas.
Los 222 presos políticos que sí viajaron a Estados Unidos fueron excarcelados en la madrugada del jueves 9 de febrero y despachados a Estados Unidos pocas horas después. Mientras esto ocurría la Asamblea Nacional de Nicaragua preparaba una reforma del artículo 21 de la Constitución Política que facultaba a los tribunales nacionales a despojar de su nacionalidad nicaragüense a los «traidores de la patria», medida que se aplicó con los 224 implicados.
Los excarcelados se encontraban en diferentes penales del país, incluyendo a personas que estaban detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «el nuevo Chipote». Entre el grupo, figuran los precandidatos presidenciales Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, el empresario Pedro Joaquín Chamorro, el líder campesino Medardo Mairena, la defensora de derechos humanos Ana María Vijil o la excomandante guerrillera Dora María Téllez.
