EEUU puede demandar a Venezuela ante la OMC por usurpación de la marca Kellogg's

La compañía estadounidense puede presionar al gobierno de Donald Trump para que introduzca una demanda en la Organización Mundial del Comercio por incumplimiento del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

Kellogg's, empresa transnacional que en 2018 cesó sus operaciones en el país, anunció que tomará “acciones legales pertinentes” contra Venezuela por apropiación, uso y comercialización indebida de sus activos. “Reafirmamos que el uso de nuestras marcas no se encuentra autorizado en el territorio de Venezuela por virtud de la expropiación y toma de nuestras operaciones por parte del gobierno de Venezuela desde el 15 de mayo de 2018”, indicó la compañía en un comunicado.

En mayo pasado, cuando se cumplió un año de la decisión de la estadounidense de dejar de operar en el país, supuestas cajas de Corn Flakes y Zucaritas de Kellogg's reaparecieron en algunos comercios, a un precio de 6.014 bolívares y de 7.380 bolívares, respectivamente, aun cuando en el registro de la marca Zucaritas de Kellogg's disponible en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no se observa ninguna anotación en la que Kellogg Company autorice a la administración de Nicolás Maduro el empleo de su marca.

Los productos elaborados en la planta en Aragua, ocupada por el gobierno en mayo de 2018, llevan impresos el lema “Conociendo a Venezuela” sobre una cinta de la bandera tricolor en la cara frontal, mientras que detrás dice “Juntos todo es posible”, eslogan que Maduro utiliza desde su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado.

El abogado Cástor González, especialista en Propiedad Intelectual y presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC), sostiene que Kellogg’s está absolutamente calificada para demandar a la República de Venezuela e inclusive facultada para denunciar la usurpación de marca en la esfera penal.

Señaló que la compañía puede demandar a Venezuela en un tribunal local por infracción del derecho de marca o presionar al gobierno de Estados Unidos para que introduzca una demanda en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde Venezuela es miembro desde 1995, por incumplimiento del acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).

“Los Estados miembros de la organización tienen la obligación de proteger la propiedad intelectual, y Venezuela no está cumpliendo con esa obligación. Ello queda perfectamente claro en el caso de Kellogg”, dijo.

El Estado venezolano, que ocupó las instalaciones de Kellogg's en Aragua, es responsable por los daños ocasionados a la compañía, como los derivados del uso indebido de la marca y de todas las ventas de esos productos que se realicen sin la autorización de la empresa, tratando de confundir al público consumidor.

La doctora en derecho Andrea Rondón, miembro del Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), coincide con González al sostener que los propietarios, los accionistas o la casa matriz de la transnacional pueden demandar a Venezuela por expropiación indirecta. Explica que la disposición, uno de los atributos de la propiedad además de uso y goce, sigue en manos del propietario original que es Kellogg Company.

El Observatorio de Cedice señala que quienes han sufrido afectaciones a su derecho de propiedad encuentran en las instancias internacionales una alternativa, como lo demuestra el fallo del tribunal arbitral de La Haya que recientemente dictaminó el pago de 366 millones de dólares de indemnización por la expropiación de las compañías Alimentos Frisa y Transporte Dole en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez.

Recuerda que en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) Venezuela ha sido demandada 47 veces desde el año 2000, y hay 19 demandas pendientes. Sin considerar los intereses que se ordena pagar en los casos en los que hubo un fallo, el Estado venezolano debe pagar más de 12 mil millones de dólares. “Es una cantidad que resulta pavorosa tomando en cuenta lo que se podría haber hecho con este dinero”.