EEUU sanciona a dos rectores del CNE y funcionarios cercanos a Maduro
EEUU señaló que al sancionar a la rectora Indira Alfonzo y el procurador Reinaldo Muñoz, el Gobierno de Estados Unidos «sincroniza sus esfuerzos con Canadá»
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a cuatro personas del régimen de Nicolás Maduro o relacionadas a él, «que han facilitado los esfuerzos por socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela».
Los sancionados por la OFAC son los rectores del Consejo Nacional Electoral Indira Alfonzo y José Luis Gutiérrez, el procurador general Reinaldo Muñon Pedroza y el exgobernador David de Lima. Según el Departamento del Tesoro, «sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 mediante la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el control de la riqueza y los activos del estado para fines del régimen a través del Fiscal General».
«El corrupto régimen de Maduro está intentando tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a través de una elección fraudulenta», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, al tiempo que insistió que la administración de Donald Trump «sigue comprometida con atacar al régimen ilegítimo de Maduro y sus partidarios mientras buscan fortalecer su control sobre el poder».
En abril de 2020, luego de atender una solicitud de interpretación constitucional sobre la selección del Procurador General, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó a Reinaldo Muñoz Pedroza en el cargo. La Asamblea Nacional rechazó esta decisión y la usurpación de ese cargo por parte de Muñoz Pedroza, y posteriormente instó a los tribunales extranjeros, tribunales de arbitraje internacional y otras autoridades extranjeras a no aceptar esta representación o abogados designados por él como representantes del gobierno venezolano.
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En el caso de los rectores del CNE, escogidos en el cargo en junio de 2020 por el TSJ, Estadops Unidos considera que «este movimiento es parte de la constelación de esfuerzos que Maduro ha realizado para garantizar una farsa electoral parlamentaria el 6 de diciembre de 2020».
Además, el Departamento del Tesoro señaló que al sancionar a Muñoz Pedroza y la rectora Alfonso, el Gobierno de Estados Unidos «sincroniza sus esfuerzos con Canadá», que ya los había incluido en su Lista Consolidada de Sanciones Autónomas Canadienses en 2018 y 2019.
Con estas sanciones, «todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC».
También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de las personas designadas. La OFAC también señaló que sus restricciones «generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o de personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».
Acusado por corrupción
En el caso del exgobernador David de Lima, el Gobierno de Estados Unidos señaló que desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, ha estado trabajando con el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y además lo acusan de ser blanqueador de dinero del empresario colombiano Alex Saab.
La OFAC destacó que David de Lima además fue el líder «de dos esquemas de corrupción de compra de votos conocidos como “Operación Maletín Verde”y “Operación Alacrán” que orquestó en nombre de Maduro. El régimen de Maduro, con el liderazgo de De Lima, supuestamente compró los votos de los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional en montos de hasta un millón de dólares. Estos sobornos se realizaron con el propósito de socavar la reelección en enero de 2020 de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional».
Según las denuncias, el dinero en efectivo para los sobornos supuestamente fue proporcionado por las redes de lavado de dinero y corrupción de El Aissami y Saab.
Además, lo acusan de querer «manipular las próximas elecciones parlamentarias de 2020», por medio de una operación donde estaría involucrada el TSJ y el CNE para intervenir partidos políticos y nombrar operadores que se ajusten al régimen de Maduro.
