Ejecutivo agarró por el brazo al TSJ
La separación de poderes quedó en el papel. La propia Luisa Estella Morales dijo que se trataba de un solo gobierno. Chávez acusó a magistrados de poner la plasta y luego se cambió correlación de poderes para limpiarlo
Autor: Keilyn Itriago Marrufo
El Poder Judicial venezolano estuvo supeditado por casi una década a las órdenes del presidente Hugo Chávez Frías. Las decisiones que desde el Tribunal Supremo de Justicia se emitieron a partir de 2003 lo demostraron, pues desde esa fecha prácticamente no hubo sentencia que contradijera el pensamiento revolucionario del Jefe de Estado. Con el pasar de los años los disimulos se desvanecieron hasta el punto de que la apertura de este año judicial se hiciera asegurando que la actuación del cuerpo de justicia se acoplaría de manera casi perfecta al II Plan Socialista de la Nación (2003-2019) y en consecuencia todos los proyectos en adelante se armonizarían con los cinco objetivos estratégicos del plan de Gobierno.
«Teníamos un Poder Judicial imperfecto, con jueces mejores y peores, pero por lo menos había una carrera judicial. Se podía llegar a la titularidad, había procedimientos disciplinarios para los jueces, existía una asociación de jueces que podía permitir que ejerciéramos nuestros derechos como tales y en el nombre de la justicia», recuerda la exmagistrada del TSJ Blanca Mármol de León sobre la era prechavista. Desde la llegada al poder del militar «golpista» en 1998 fueron muchos los cambios que comenzaron a darse en el máximo tribunal del país, no sólo en términos de conformación sino en funciones, beneficios e injerencias del Ejecutivo.
Poco a poco comenzaron a moverse las piezas como en un juego de ajedrez.
EL ACOMODO DE LA INSTITUCIÓN
«La Corte se suicidó para no ser asesinada, pero al final es lo mismo, está muerta», con esta famosa frase Cecilia Sosa Gómez se despidió de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que presidía en el momento en que se declaró la polémica sentencia que consideró la voluntad soberana del pueblo por encima de las leyes para dar pie al proceso de hacer una nueva Carta Magna, considerando la Asamblea Constituyente como «supraconstitucional». Pasados 14 años de aquel acontecimiento, Sosa considera que la gran diferencia del tratamiento de los magistrados, es que muy pocos de ellos pudieron terminar el tiempo contemplado en la Carta Magna (a lo sumo fueron 7), por lo que no se cumplió estrictamente con un proceso de consolidación institucional.
En 12 años hubo cinco constituciones de Tribunal Supremo desde el punto de vista de integraciones parciales, aun cuando el periodo fijado en la Constitución es de 12 años. «El congresillo, por ejemplo, fue una cosa inventada que no estaba en la Constitución que designó a los nuevos magistrados». Luego, vino una especie de legitimación cuando el Presidente fue sometido a elecciones bajo la nueva transitoriedad, en las Megaelecciones de 2000. Seguido, se dio otra designación con una ley especial para justificar que se quedaran los que estaban en el desempeño de sus funciones en ese momento. Posteriormente salió la Ley Orgánica del TSJ, allí pasaron de 15 magistrados a 20, y luego a 32, «para poder tener el control de todo el TSJ».
Y es que previo a ese pase de factura ocurrió la única ocasión que Mármol de León recuerda en la que la Sala Plena del TSJ no hizo lo que el Gobierno quería. Pues en el caso del 11 de Abril, en una proporción de 11 a 9, se dejó sin castigar a los militares acusados de golpistas (calificando sus acciones como «preñadas de buenas intenciones») debido a una mala actuación del Ministerio Público en el manejo del proceso. Tenían que evitar que pasara un nuevo episodio de este tipo, y lo dejaron claro: Queremos magistrados rojos rojitos.
Por último, se produjo una última designación con la reformada Ley Orgánica.
EL 11 DE ABRIL IMPUSO LA SENTENCIA
El golpe de Estado contra Chávez en 2002 vino a acentuar la ya notoria dependencia del Poder Judicial al Ejecutivo. Sosa así lo refleja: «Parece que comenzó a aplicarse el modelo de que las causas que no tuvieran incidencia política se resolvieran como en el TSJ quisieran, pero las que sí, eran decisión de Chávez». En palabras de Mármol de León, se inició «la razzia del Poder Judicial». Asegura que comenzaron a destituir jueces por número de denuncias absurdas, repetidas e infundadas; a jubilar a los titulares que no pudieron sacar por esa vía, y después se dedicaron a «flexibilizar» las condiciones para la jubilación de los jueces, «para, tal como lo oí en una Sala Plena, terminar de limpiar».
Con la camada de Luisa Estella Morales, actual presidenta del TSJ, las diplomacias frente a la imparcialidad fueron muy pocas. Mármol de León sostiene que sin dejar de ser prooficialismo, la dirección del máximo tribunal bajo la batuta de Iván Rincón y Omar Mora, se llevó en una escena de más recato al actuar y al decidir. «Lo que hemos visto con la presidencia de la doctora Morales traspasó todos los límites en cuanto a violentar lo que es el derecho y la justicia, y pasó a ser prácticamente un brazo del Ejecutivo, de una manera difícil de creer».
Para el recuerdo queda la imagen de los magistrados, en Sala Plena e inicio de año judicial, cantando el «Uh, Ah, Chávez no se va» frente al primer mandatario, sonriente.
El hecho de que la presidenta del TSJ haya sido destituida dos veces como jueza, a criterio de Sosa García, pone en duda que pueda mostrar nacional e internacionalmente capacidad y conocimiento. El sentido de excelencia que debe haber en la escogencia de los magistrados y fiscales del Ministerio Público, a juicio del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rosell, se perdió totalmente. Aún recuerda su entrada a la instancia judicial cuando pasó por pruebas verdaderamente exigentes, además de haber sido interpelado dos veces por la comisión legislativa del Congreso de la República para revisar los antecedentes. «Todos éramos profesores universitarios, doctores en derecho y con amplia trayectoria judicial, pero ahora la meritocracia se perdió totalmente». El nombramiento de Luis Velásquez Alvaray, que venía de ser diputado por el PSUV, es un claro ejemplo de esto. Él mismo luego, acusado de corrupción, denunció la operación de la banda «Los Enanos», que trabajaban con la Fiscalía.
LO QUE EL PRESIDENTE DIGA
Muy en especial la Sala Constitucional del máximo tribunal del país se dedicó a decir sí a los caprichos de Chávez. De acuerdo con Sosa actualmente se han tomado los poderes inclusive de las otras salas, «no hay ninguna duda.
Sus integrantes con la jurisprudencia han cerrado todas las denuncias de antejuicio de mérito de la Corte en pleno, que es la única competencia que tiene. Y al crear la capacidad de revisar las sentencias de todas las salas demuestra que es la sala que todo lo puede, además de tener en sus manos la interpretación constitucional».
La sentencia del artículo 231 anunciada el pasado 9 de enero con la cual se estableció que Chávez seguía siendo Presidente y que podía hacer la juramentación cuando quisiera, vino a empañar la legalidad de la Constitución venezolana. Para el exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar significó la muerte de la República, pues «lo que ocurrió no tiene tradición en la experiencia institucional y política de Venezuela, ni siquiera en los tiempos de dictadura». Como «irónicamente inconstitucional» y llena de contradicciones argumentales también la considera el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Lamentó que se haya establecido una continuidad administrativa que nunca existió, rompiendo el hilo legal del país.
SUELDOS POR EL CIELO
El aumento a 32 magistrados significó también un drástico cambio a nivel económico; más aún cuando los jueces comenzaron a aumentarse cada año los sueldos a números exorbitantes. Había que mantenerlos contentos. La Corte antigua tenía 15 salas, redujeron el impuesto sobre la renta y se aprobaron los cestatickets de 10 mil bolívares hace dos años. Sosa explica que en la última década, si bien los cargos tenían el beneficio de un salario bueno, el de magistrado se volvió a disparar.
«Hay salas que no se justifican. La Sala Electoral, por ejemplo, el número de causas que tiene es muy bajo. Estas fueron siempre manejadas por la Sala Político Administrativa. La Sala Civil, lo que hoy en día es la Sala Social, la podía manejar la Sala de Casación Civil. Vemos unos contrastes muy grandes entre las salas».
El manejo de la prensa, a juicio de Sosa, también ha sido un aspecto negativo. Con el pasar de los meses, el acceso de los periodistas, sobre todo de medios privados, al Tribunal se hizo cada vez más una tarea casi imposible. Las pocas declaraciones se dieron puertas afuera.
«Ahora verdaderamente es una caja de Pandora», apunta la jurista.
EFECTO AFIUNI, EFECTO MIEDO
Desde que Chávez dijera en cadena nacional el 11 de diciembre de 2009 que a la jueza María Lourdes Afiuni tenían que darle una condena de 30 años por ser «una juez bandida», se instaló en los juristas venezolanos el temor de otorgar cualquier beneficio a un preso al que el Gobierno le tuviera el ojo encima. Aplicar la sentencia de la ONU y darle una cautelar a Eligio Cedeño, acusado por el caso Microstar, le costó a Afiuni años de odio en su contra. Tal como ella lo dijo en el libro de Agustín Blanco Muñoz Chávez me puso presa, vino a ocupar el puesto del empresario que estuvo durante casi dos años en el Sebin y cuyo expediente lleno de irregularidades no podía demostrar los delitos por los que se le acusaba. A juicio del exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rosell, el Ministerio Público también perdió todo sentido de independencia y autonomía, pues entraron cualquier cantidad de órdenes. «El fiscal tiene que llamar a Caracas muchas veces para ver cómo resuelve un caso».
*Este artículo fue publicado en la edición impresa de TalCual, el 7 de marzo de 2013
