Ejecutivo se apodera de un presupuesto de 2022 financiado por el bolsillo del venezolano
Casi 99% del presupuesto de la nación para el 2022 lo acaparará el Poder Ejecutivo para distribuir entre sus ministerios y vicepresidencias, con lo que se pretende pagar la nómina del sector público compuesta por 5.509.563 empleados, de los cuales el 80,61% son militares
Si son las cuentas claras las que conservan amistades, queda claro por qué el chavismo tiene tantos enemigos. La opacidad y el hermetismo han sido moneda corriente en la administración política del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente cuando de dinero se trata.
Desde 2017, por decisión unilateral y sin mediar palabras con nadie, el Gobierno dejó de presentar el presupuesto de la nación, lo que viola los designios constitucionales que señalan claramente el deber del Ejecutivo de consignar ante la Asamblea Nacional el presupuesto de cada año.
Durante los últimos cinco años la información sobre los presupuestos anuales ha sido opaca. El Ejecutivo ha acudido a instancias externas a la Asamblea Nacional, como la ilegítima y ya disuelta asamblea constituyente, con la finalidad de aparentar un ápice de institucionalidad, pese a que la Constitución no valida estas alternativas.
En este período, la ONG Transparencia Venezuela ha trabajado en la publicación de presupuestos elaborados a partir de información extraoficial a la que tuvieron acceso, complementando con información de las gacetas oficiales que contienen modificaciones presupuestarias.
Para el año en curso, Transparencia Venezuela logró conseguir los datos del presupuesto planificado por el chavismo para este 2022, en los cuales se revela una vez más la ya marcada centralización que padecen los Poderes Públicos.
Y es que, de los Bs 62.085.722.000 (aproximadamente $13.796.827.111), el Poder Ejecutivo recibirá Bs 61.398.911.000, lo que equivale a un 98,43% del presupuesto nacional.
Para Transparencia Venezuela, esta es una clara señal del inexistente balance que existe entre los poderes públicos, que más bien deberían ejercer contrapeso entre ellos.
«Este presupuesto es una prueba de la captura del Estado por parte del gobierno. Un Estado que ha centralizado el poder en el gobierno en 98,43%, y mantiene anulada la capacidad del resto de los poderes públicos para hacer contrapeso, hacer justicia independiente, exigir cumplimiento de la constitución y las leyes», argumentan en el informe publicado por la ONG.
El minúsculo restante del presupuesto nacional se reparte entre los otros cuatro poderes. El Judicial es el segundo con mayor asignación, de Bs 335,8 millones ($74,6 millones), un 0,57% del dinero. Le siguen el Ciudadano con Bs 217,2 millones ($48,2 millones), un 0,35%; el Electoral con Bs 60,4 millones ($13,4 millones), un 0,10%; y finalmente el Legislativo con Bs 53,2 millones ($11,8 millones).
Toda esa masa monetaria que recibirá el Ejecutivo, a diferencia de otros años en los que la industria petrolera fungía como casi único financista, dependerá en gran parte del bolsillo de los venezolanos.
En otros años el petróleo aportaba una tajada casi absoluta del dinero recibido por el Estado. En esta ocasión, de acuerdo con las estimaciones expuestas en el presupuesto de este año, la industria petrolera aportará aproximadamente Bs 38.069 millones ($8.652.212), lo que representa un 61% del total.
El 39% restante recaerá sobre los hombros de la población venezolana, ya que se trata de ingresos tributarios como el IVA, el Impuesto sobre las Grandes Transacciones Financieras, el Impuesto Sobre la Renta e impuestos de cigarrillos, licores, telecomunicaciones e importación.
Si bien es cierto que todos estos impuestos ya figuraban desde antes, 2022 tendrá la particularidad de que se extenderán hacia la totalidad de la población, indistintamente de sus capacidades adquisitivas o estrato social.
El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, creado para gravar las operaciones relacionadas con grandes cantidades de dinero, ahora aplicará a cualquier pago hecho en dólares. Por otra parte, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, se aplicaban exenciones para los asalariados con ingresos bajos; mientras que ahora la única manera de evitarlo es con generar menos de 1.000 Unidades Tributarias ($4,4) anuales.
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Los impuestos comprenden un 87,33% de los ingresos no petroleros reflejados en el presupuesto. El porcentaje restante se reparte entre los impuestos por actividades de minería, pues el Gobierno sigue dependiendo del ecocidio en el Arco Minero de Guayana para recibir financiamiento.
Presupuesto con tajadas para todos
La razón que encuentra el Ejecutivo para quedarse con casi el 99% de los ingresos del país es la repartición que debe hacer entre los organismos que se desprenden de este poder.
Al menos 33 ministerios y siete vicepresidencias deben recibir porciones de ese presupuesto para ejecutar decisiones. En este sentido, la cartera que más se beneficia con esta política es el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, que se quedará con 18,97% del presupuesto.
El Ministerio para la Educación es el segundo beneficiado, al recibir 11,14% del dinero. Pese a ser el segundo ministerio con mayor asignación, las condiciones de la educación pública dejan mucho que desear y el salario de los profesores apenas se calcula entre los $25 y $52, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas.
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; encabezado por el almirante Remigio Ceballos Ichaso, sigue en la lista. La cartera recibirá 9,93% del dinero para alimentar despachos como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y organismos policiales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
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La vicepresidencia sectorial de economía, pese a tener relación con el Ministerio de Finanzas, recibirá una tajada importante al hacerse con el 7,03% del presupuesto; mientras que la Vicepresidencia del Socialismo Social y Territorial se quedará con un 5,33%.
El deteriorado sistema eléctrico del país contará con un 5,06% dirigido hacia el Ministerio para la Energía Eléctrica y apenas un 6,06% será ofrecido al Ministerio para la Salud, en plena pandemia de covid-19, con riesgos de nuevas variantes y la necesidad de mantener el programa de vacunación.
Siguen en la lista los ministerios para la Defensa (4,94%), para la Educación Universitaria (4,02%), de Industrias y Producción Nacional (2,45%) y de Atención a las Aguas (2,43%). El resto de las carteras ministeriales, vicepresidencias y otros órganos que se desprenden del Ejecutivo se reparten el 23,66% en proporciones más diminutas.
Una buena porción de estas asignaciones están destinadas al pago de las nóminas de todas las entidades gubernamentales, pues es necesario mantener los salarios de hambre que paga el Gobierno a una plantilla sumamente gruesa.
Actualmente la nómina del Gobierno está conformada por 5.509.563 empleados. El detalle está en que solo 1.068.305 de ellos se contabiliza como profesionales, trabajadores u obreros. La gran mayoría, el 80,61%, corresponde al personal militar.
Un 6,67% del presupuesto del país se designará para los gastos de personal. Esto quiere decir que aproximadamente un 5,33% del total del presupuesto nacional se utilizará para pagar el sueldo de los componentes militares del Gobierno, cuya inmensa mayoría está constituida por milicianos.
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