El aborto: un método peligroso y triste, por Gisela Ortega
La interrupción del embarazo es un asunto de suyo grave. Para la sociedad y para la mujer, que debe considerarse una víctima “criminalizada” en aquellos países que aún lo tipifican como delito sin atenuantes.
Sin embargo, en la práctica, el aborto constituye, como lo confirma la estadística, un método peligroso y tristísimo de control de la natalidad. Peligroso, porque en América Latina suele realizarse en la clandestinidad y sin los recaudos médicos mínimos.
Y tristísimos porque las principales perjudicadas son las adolescentes y mujeres jóvenes que en no pocas ocasiones terminan con ese hecho su vida reproductiva. O mueren.
No hay confiabilidad de los datos que existen para estimar la mortalidad y morbilidad materna especifica por los subregistros existentes. Está determinada fundamentalmente por el aborto séptico, sobrepasando ampliamente la hemorragia y la toxemia gravídica.
El mayor número de gestaciones se registra en los grupos más jóvenes de la población en edad fértil y por consiguiente son los más expuestos a las implicaciones propias del embarazo, entre ellas el aborto.
La liberación de las mujeres de la maternidad no deseada es un criterio que se reafirma y se extiende cada vez en mayor proporción en los países del planeta, y se torna un derecho legítimo, del cual debe ser acreedora la mujer.
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El aborto, como producto de un embarazo no deseado, afecta a las mujeres del mundo y de todas las clases sociales, tanto en áreas urbanas como rurales. Es un problema que está determinado por factores diversos, entre los cuales se destaca la diferencia de poder entre géneros, la insuficiente educación sexual y reproductiva, así como la imposibilidad de tener acceso a servicios básicos de salud y de planificación familiar, señalan las investigaciones realizadas por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Organización Mundial de la Salud.
La penalización del aborto en los países en vías de desarrollo trae como consecuencia su práctica en forma clandestina y en condiciones insalubres que pone en peligro la vida de millones de mujeres por las altas tasas de morbilidad y de mortalidad, relacionadas con ello, y sus implicaciones éticas, religiosas, jurídicas, médicas y sociales, esta praxis constituye un problema de justicia social y de salud pública de tratamiento sumamente complejo.
Distintas investigaciones y encuestas llevadas a cabo indican que las mujeres más propensas a someterse a un aborto son las que mantienen uniones estables y con varios hijos, es decir, aquellas que corren el riesgo de un embarazo no deseado por estar aún en edad reproductiva con una vida sexual activa, que no desean tener un hijo en un futuro cercano o no quieren definitivamente tener descendencia. A la maternidad voluntaria.
El tratamiento legal que se le ha dado al aborto en las sociedades latinoamericanas no solo lo convierten en un problema de justicia social, sino que limita el principio ético fundamental de la libertad individual. Mediante una postura penalizadora y restrictiva sobre el aborto, se le impide a la mujer el ejercicio pleno de su derecho a la maternidad voluntaria.
En cuanto a la perspectiva religiosa, además del principio del probabilismo, el debate permite a los legisladores que consideran al aborto como inmoral en su fuero íntimo, discutir proyectos de ley o favorece políticas que permitan esta práctica. Existen razones suficientemente serias y valiosas, respaldadas por muchas personas y por autoridades confiables para apoyar estos proyectos de ley. Por otro lado, estos son permisivos, no coercitivos ya que no se le exige a nadie tener un aborto. Además, no existe un consenso entre las religiones en cuanto a que el aborto constituye un homicidio.
Es necesario tener presente que la penalización afecta de manera distinta a las mujeres según sus recursos económicos, discriminando a aquellas que por carecer de medios suficientes deben acudir al aborto clandestino, infringiéndose de esta manera el principio de justicia y equidad.
Para poder llegar a decisiones basadas en la equidad que reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos básicos, el aborto debe ser abordado con una óptica distinta. Es esencial que los legisladores revisen la ley interna de sus países, tomando en cuenta los principios fundamentales de la filosofía y la religión junto con la realidad social que afecta a las mujeres, y valoren su autonomía y capacidad para decidir, de una manera responsable, el destino de sus vidas y su salud.
Existe un distanciamiento entre los preceptos de la Iglesia y las prácticas de sus miembros. Estudios realizados indican que el aborto es común en los países prominente cristianos, demostrando que la decisión de interrumpir el embarazo tiene poca relación con la práctica de la religión católica.
En su libro “El poder y la vida”, Valery Giscard D’Estaing, Presidente de la República de Francia -1974-1981-, relata: “Yo soy católico -le dije al Papa Juan Pablo II-, pero también soy Presidente de una República, cuyo estado es laico. No tengo porqué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa para que sea respetada y pueda ser aplicada, comprendo perfectamente el punto de vista de la Iglesia Católica y como cristiano lo comparto, juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social”.
Las altas cifras de mortalidad y lesiones en mujeres jóvenes a consecuencia del aborto realizado en condiciones de riesgo, son testimonio trágico del fracaso de la sociedad por salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres victimizadas por la ceguera de los legisladores y la terquedad religiosa.
Entre los factores que de forma concluyente influyen en la mujer para tomar la decisión de abortar se encuentran -además del orden social- el miedo a los padres, la falta de compañero, la escasez de vivienda, de ingresos debido a los precarios salarios, las violaciones, el incesto, el miedo a perder el trabajo, entre otras.
Los gobiernos deben eliminar todos los obstáculos legales y reglamentarios a la salud reproductiva y cursar planes completos de salud dirigidos a edades específicas. Implementar programas sobre sexualidad, anticoncepción y reproducción que ayuden a los y las adolescentes a desarrollar su capacidad de tomar decisiones responsables. Deben asegurar el acceso universal a información y servicios confidenciales y de alta calidad en materia anticonceptiva, así como atención pre y postnatal para adolescentes al margen de su estado civil.
