El «arancel» del carbono y la agenda en AL, por Julieta Zelicovich y Leonardo E. Stanley
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Según el último Reporte de Riesgo Global (WEF, 2020), los aspectos climáticos se ubican entre los cinco mayores riesgos que deberá confrontar la economía mundial en el futuro. El informe apunta a considerar los efectos asociados con dos episodios. Por un lado, la irrupción de «cisnes verdes» como se denomina a las crisis financieras provocadas por el cambio climático y que afectan el sistema sociopolítico. Por otro, la imposición de nuevas barreras en el comercio basadas en la huella del carbón.
La huella del carbón y nuevas barreras al comercio
La continua emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en el último siglo ha generado un incremento en la temperatura promedio del planeta. La gravedad de este fenómeno ha sido clave para avanzar con la introducción de una serie de mecanismos de mercado a nivel global, regional y local.
En particular, los mecanismos de precios han ido ganando adeptos, aunque desde sus inicios existe una fuerte dispersión. Estos mecanismos predeterminan los niveles de emisiones permitido y buscan, junto con un impacto ambiental positivo, establecer un sendero para la reconversión.
Tras este objetivo, en 2005 la Unión Europea introdujo un régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE – UE), el cual funciona según el principio de «limitación y comercio». Este mecanismo impone un límite máximo a la cantidad total de emisiones (decreciente en el tiempo) por debajo del cual las empresas pueden negociar sus excedentes. La reducción paulatina del límite encarece la cotización, lo cual debería inducir a inversiones en tecnologías limpias.
Actualmente la tonelada de carbón ronda los 50€ y el récord fue alcanzado el pasado 14 de mayo cuando llegó a los 56,90€.
Europa ha impulsado la inclusión de la perspectiva ambiental de manera transversal a sus políticas públicas, incluida la comercial. Así en febrero 2021 Bruselas lanzó su plan de una «política comercial, abierta, sostenible y firme», en la que impulsa una adecuación de los instrumentos comerciales a la transición global «hacia una economía climáticamente neutra». También avanza con la instauración del programa verde (EU Green Deal), comprometiéndose a lograr la neutralidad climática en 2050.
¿Qué es el ajuste de carbono en frontera?
Todo ello habla de una acción muy ambiciosa en materia climática. En esta dirección se enmarca la idea de introducir un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, conocido como CBAM por sus siglas en inglés. Esta política, si bien está pensada en el marco de la búsqueda de la neutralidad de carbono, también conlleva una amplia repercusión geopolítica.
El Parlamento Europeo planteó la inmediata inclusión de los sectores del cemento, el acero, aluminio, refinerías petroleras, papel, vidrio, químicos, fertilizantes y electricidad, considerando el contenido de carbono en bienes intermedios, así como en el producto final. Los importadores se verían obligados a comprar un certificado cuyo valor se asocia al adoptado en el RCDE – UE. Así, el CBAM no solo equilibraría los precios internos con los de importación sino que también evitaría ser calificado como discriminatorio. Por otra parte, al calificar como un mecanismo de ajuste en frontera, el CBAM puede ser aprobado a nivel comunitario.
Además de los objetivos económicos —evitar la «fuga de carbono» — y ambientales —reducir el nivel de emisiones globales—, la UE también busca poner un piso a los estándares internacionales. Así, el CBAM termina condicionando los espacios de política de los socios extrazona y líder el “club del clima”.
Pero mientras algunos países podrían, eventualmente sumarse, otros directamente se oponen. EE. UU. estaría en el primer grupo, aunque por el momento la administración demócrata se mantiene cautelosa. Japón podría eventualmente sumarse y Rusia se muestra más reticente. China por otro lado considera al esquema como una traba comercial destinada a perjudicar su ascenso, visión compartida por las principales economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica.
¿Y las necesidades de los países en desarrollo?
Las críticas también apuntan a la incongruencia que dicha normativa tendría con la normativa consagrada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la importancia de considerar de las necesidades especiales de los países en desarrollo. Resulta discutible si el CBAM cumplirá con estos dos requisitos debido a que la decisión se estaría adoptando cuando las industrias de los países desarrollados ya han iniciado las transiciones a la producción descarbonizada.
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Toda resolución que finalmente se adopte será política. Vale recordar el rotundo éxito de los partidos verdes europeos en las elecciones que tuvieron lugar en 2019, y su efecto en la decisión adoptada por la presidente de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de avanzar con el tributo. Que las autoridades en Beijing hayan decidido lanzar su propio mercado de carbono no solo refleja un mayor compromiso ambiental, también responde al lugar que actualmente ocupan las empresas chinas en los mercados globales de energías renovables.
Independientemente de la probidad de la normativa, de aprobarse, el esquema afectaría a los países sin regímenes de emisión o donde los derechos se coticen a valores muy bajos.
Las exportaciones de cemento originadas en Colombia o Venezuela, o las de acero del Brasil podrían confrontar un mayor costo, asumir una externalidad que hasta el momento favorecía a su ecuación de negocios.
Aun cuando la pandemia aceleró la introducción del esquema, podemos decir que la idea no resulta novedosa. De implementarse, sus efectos serán globales. La dispar proyección de la recuperación económica pospandemia agrega elementos significativos a la evaluación de estas políticas. Sin embargo, una adopción apresurada, sin contemplar los desequilibrios globales, podría terminar consolidando una nueva geoeconomía.
Lo que sí queda claro es que si bien los modos de este proceso —quién, cuándo y cómo se hacen las reglas— pueden resultar cuestionables, su implementación próxima parece ineludible. Los países latinoamericanos no pueden ignorar ambos componentes y a la vez bregar por mecanismos de gobernanza más equitativos. Deben poner en agenda otros recursos para reducir la brecha de desarrollo asociada al cambio climático.
En esta agenda incluimos el financiamiento y la transferencia de tecnología, pero también la consistencia de las políticas macroeconómicas actuales (políticas de inversión y de energía) con sus consecuencias de futuro, más sustentable desde el compromiso ambiental. Todo ello plantea la necesidad de reconocer el problema e involucra urgentemente a los gobiernos latinoamericanos para contener el problema climático.
Julieta Zelicovich es profesora de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y Doctora por la misma universidad. Directora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales (GENCI). Investigadora Asistente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Leonardo E. Stanley es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development, Cambridge University Press, 2020.
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