El arco minero, una mina de violaciones de todo orden, por Gioconda Cunto de San Blas
Hace pocos días las Academias Nacionales, en pronunciamiento conjunto, han puesto de relieve la gravísima situación de ilegitimidad e inconstitucionalidad, múltiples veces denunciada por organismos diversos, que rodea la actividad minera desplegada en los estados Amazonas y Bolívar, principalmente en el denominado “Arco Minero del Orinoco”, zona en la que actúan grupos irregulares de manera caótica e impune.
Acto ecológico con Hugo Chávez. Fuente: @sosorinoco
Resumiré el dramático documento en los límites que permite el portal de TalCual, a la vez que invito a mis lectores a leer el texto completo en el portal de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
La defensa de los derechos humanos (DDHH) está como primer frente de denuncia en el pronunciamiento, al resaltar las violaciones a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, los daños con frecuencia irreversibles a la salud por contaminación altamente tóxica con mercurio y cianuro, y el incremento en áreas potenciales de transmisión de enfermedades emergentes (covid-19) y reemergentes (malaria, sarampión y tuberculosis) de forma incontrolada, además de hostigamiento, persecuciones, desapariciones, torturas, abuso sexual, trabajo infantil, migración forzada, maltratos y masacres que son moneda diaria en la región.
La actividad minera ha sido parte de la vida diaria de la región desde hace décadas. Pero ahora se ha generado un severo daño ambiental y ecológico, conocido y documentado en las innumerables fotografías que circulan en las redes sociales desde que el Decreto 2.248 (Gaceta Oficial 40855, 24/02/2016) creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.
Por si fuera poco, la reciente Resolución Nº 0010 del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico, (8/4/2020, Gaceta Oficial No. 6.526 Extraordinario), publicada en medio de la cuarentena anti covid-19, determina las áreas en las cuales se podrá ejecutar la extracción fluvial de oro y diamante y su procesamiento en el marco del Arco Minero del Orinoco. Esta resolución afecta aproximadamente 700 km de ríos al sur de Venezuela y un área directa de 254 Km2 de las riberas de los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, afluentes del río Orinoco, y de los ríos Cuyuní y Yuruari, cuyas aguas fluyen al río Esequibo.
De esta manera se compromete el ciclo hidrológico de las cuencas amparadas por convenios internacionales, como la cuenca del Caroní que provee una de las reservas de agua dulce más importantes del país y genera el 60% de energía que abastece a las centrales hidroeléctricas.
En ese contexto, también la biodiversidad de la región está seriamente afectada, al depredarse unidades de conservación, entre ellos el Parque Nacional Canaima, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Se ponen en riesgo especies vivas, algunas en peligro de extinción, y procesos ecológicos, en menoscabo del derecho constitucional a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado para todos los venezolanos.
*Lea también: ¿Por qué Uruguay ha enfrentado mejor la pandemia?, por Marino J. González R
Estas violaciones graves e irreversibles de DDHH fundamentales a la dignidad de los venezolanos fueron denunciadas ante el Consejo de DDHH por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (Acnudh) en su Informe del 15/07/ 2020, en el cual indica que «la minería afecta el derecho a la autonomía y autodeterminación de algunos pueblos indígenas…es un factor perturbador de sus formas de vida tradicionales y afecta su capacidad para mantener una relación espiritual con sus territorios”.
Por todo ello, «al Acnudh le inquieta profundamente la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto al establecimiento del Arco Minero del Orinoco en sus territorios tradicionales”.
Todo lo aquí señalado convierte al Estado en cómplice de las prácticas de un modelo económico extractivo, violatorio de las leyes ambientales y contrario a la supuesta protección ecológica y desarrollo sustentable contemplados en la Constitución, esa misma aprobada en 1999 y promocionada por el régimen como “la mejor constitución del mundo”.
El maltrato ecológico a esa región no será fácil de revertir. Sus suelos delicados, sus ríos envenenados, el daño a la cultura y a la vida de los pueblos que allí habitan suman delitos contra DDHH de todo tipo que tendrán que ser reparados algún día, más pronto que tarde, cuando la institucionalidad retorne al país.
Mientras tanto, habrá que seguir documentando, como lo hacen las Academias Nacionales en el pronunciamiento que comentamos.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
