El Ávila amenazado, por Roberto Patiño
Twitter: @RobertoPatino
Desde hace un par de semanas, los caraqueños estamos en alerta ante el anuncio de Nicolás Maduro de organizar y convertir, al grupo de comunas oficialistas que hacen vida en la zona de El Ávila y el estado Vargas, en la primera “Ciudad Comunal” legalmente constituida en el país, a través de las llamadas leyes del “poder popular”.
Más allá de la alarma sobre los efectos medio ambientales que impliquen un proyecto urbanístico en el principal pulmón de Caracas (algo que debe explicar el régimen) existe un riesgo aún mayor sobre los ciudadanos, una amenaza que está presente en el texto legal que la Asamblea Nacional oficialista está aprobando con discreción (Ley de las ciudades comunales y la Ley del parlamento comunal), a saber: su aspiración de intervenir las formas de organización de base y alterar la organización política y territorial que existe en Venezuela.
El proyecto de las Ciudades Comunales forma parte de un grupo de leyes del poder popular que ha aprobado el régimen desde el año 2006, y que pretende intervenir y controlar de manera directa, todos los movimientos espontáneos de organización que existen en el país, una aspiración de la revolución desde tiempos de Hugo Chávez, para avanzar en su muy personal concepción de lo que “debe ser” un venezolano que vive en socialismo: una sociedad donde el ciudadano consciente y políticamente independiente se convierte en militante revolucionario y miliciano armado dispuesto a defender al régimen.
Si se revisan los textos legales de este llamado “poder popular”, es evidente la aspiración de convertir a las iniciativas comunales y los movimientos populares de base, en una extensión del partido de gobierno, un vivero de formación ideológica del socialismo, un órgano ejecutor de políticas públicas controladas por el partido de gobierno, un lugar para asfixiar la descentralización, un proyecto para militarizar a la sociedad civil y un plan para vigilar a los ciudadanos.
Es una forma que no se agota en lo comunitario, sino que quiere hacerse de carácter nacional, con un sistema que replantea la organización territorial de Venezuela y le quita competencias a las autoridades municipales y regionales, algo que no está permitido por la Carta Magna.
Todo lo que se señala en estos textos y que tiene su punto culminante en las llamadas “ciudades comunales”, la primera de ellas a estrenarse en El Ávila tras las elecciones regionales, atenta en contra de los espacios de libertades políticas que sobreviven en Venezuela, las organizaciones populares de base y las autoridades locales y regionales.
En nuestra experiencia desde Caracas Mi Convive, hemos corroborado cómo la verdadera organización popular que subsiste en el tiempo y que crece hasta consolidarse, nace con la participación voluntaria de las personas en torno a intereses que les son comunes. El poder popular, eso lo hemos visto, se funda de abajo hacia arriba, en escenarios de participación democrática y donde los liderazgos son reconocidos de manera espontánea y no impuestos por un partido. Esta verdadera organización de base, es un reservorio natural de democracia en el país y una fuente constante de las aspiraciones de cambio que hay en Venezuela.
*Lea también: Estado comunal: la puerta de escape del gobierno, por Rafael A. Sanabria M.
Nicolás Maduro prometió, antes de iniciar la campaña electoral, que las figuras de los “protectores” revolucionarios serían suprimidos para respetar la voluntad del pueblo el 21 de noviembre. Sin embargo con la aplicación de las llamadas “ciudades comunales” existe un riesgo real de que muchas de las competencias administrativas y buena parte de los presupuestos que le corresponden a los estados y municipios queden en manos de esta forma de organización en control de Miraflores.
El régimen tiene mucho que explicar sobre su ciudad comunal en El Ávila. Sobre el caraqueño se extiende una amenaza más peligrosa que un proyecto urbanístico desordenado, existe un riesgo de que los espacios ganados el 21 de noviembre no sean respetados y que se siga atentando contra las libertades políticas que existen en las comunidades de base en Venezuela.
Roberto Patiño es Ingeniero de Producción-USB. Magíster en Políticas Públicas-Harvard. Director|de Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
