El Banco de España veta a dueño de Italcambio para comprar empresa de remesas
Las autoridades financieras españolas detectaron que varias de las empresas del holding del empresario venezolano tienen alta exposición al blanqueo por haber sido constituidas en un paraíso fiscal
El Banco de España vetó al dueño de Italcambio, Carlos Dorado, en la compra del 67,25% de las acciones de la empresa de envío de remesas Mundial Money Transfer por 1 millón de euros, al considerar que el holding venezolano carece «de la idoneidad necesaria para ostentar una participación significativa en la entidad».
De acuerdo a un artículo publicado por el diario El Confidencial, el 20 de noviembre de 2014 la casa de envío de remesas Mundial Money Transfer, conocida comercialmente como Mundial Envíos, comunicó al Banco de España que ampliaba capital para dar entrada a Dorado, a Gabriela Pizzorni y a Maximilian Mario Matalón Pizzorni. Cuando el Banco de España pidió más información sobre quién ejecutaría la inversión para controlar la casa de remesas, la respuesta fue que el «nuevo accionista era la entidad venezolana Italcambio, sin indicar quiénes eran los accionistas últimos de esta sociedad».
El sector de las remesas en España está regulado, por lo que se exige a sus directivos idoneidad y que no haya antecedentes de blanqueo. Ante la insistencia del regulador, Mundial Envíos admitió que el 67,25% de la empresa pasaba a pertenecer a Dorado y a los Pizzorni. En consecuencia, el Banco de España pidió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) «si tenía conocimiento de alguna circunstancia que pudiera afectar a la honorabilidad del Grupo Italcambio y/o sus propietarios».
La respuesta del Sepblac fue que «los adquirentes poseen un amplio ‘holding’ de personas jurídicas, en su mayoría patrimoniales, que, en algún caso, parecen tener por objeto negocios de una mayor exposición al riesgo de blanqueo, al haber sido constituidas en un paraíso fiscal»
Comenzó entonces una serie de comunicaciones con las autoridades de Venezuela y Puerto Rico. Finalmente, en enero de 2016, la comisión ejecutiva del Banco de España declaró que «los nuevos accionistas y administradores de Mundial carecían de la idoneidad necesaria para ostentar una participación significativa en la entidad, requiriéndoles la reducción de dicha participación y el cese en los cargos».
Resalta la publicación de El Confidencial que Mundial Envíos entró luego en una espiral destructiva que la llevó a suspender pagos en junio de 2017. Hace menos de un año cerró, dejando a cientos de clientes sin su dinero. En las cuentas presentadas en el Registro Mercantil ese año, la empresa admite que «ha detectado en el segundo trimestre del ejercicio 2017 irregularidades en la solvencia de la empresa y falta de veracidad en las cuentas de 2015», cuando Dorado y los Pizzorni estaban en la junta de accionistas.
«La sociedad ha tenido que registrar 2.221.769,69 euros en reservas voluntarias debido a ajustar saldos de corresponsales que para el ejercicio 2015 fueron falseados», señaló la empresa.
El 13 de junio de 2017, el Banco de España mandó una inspección a Mundial Envíos. En su web, un aviso alerta de que algo no va bien: «Mundial Money Transfer SA se encuentra en un proceso de evaluación de viabilidad, en breve serán notificados de la resolución final».
A pesar de que la empresa estaba en liquidación y con clientes protestando por haber perdido el dinero de sus remesas, los Pizzorni y Dorado recurrieron a la Audiencia Nacional tras la denegación del título de idoneidad. En una sentencia del pasado 18 de julio, la Audiencia da la razón al Banco de España y enumera los motivos por los que le denegaron la ficha de idoneidad.
En primer lugar, que la «Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela suspendió en julio de 2010 a Pizzorni su autorización para realizar negocios como intermediario financiero». Añade «la confiscación a Italcambio Casa de Cambio CA (otra sociedad del grupo Italcambio) de un cargamento de 2,5 millones de dólares americanos en efectivo en el aeropuerto de Caracas el 29-12-2003».
La Audiencia y el Banco de España no entran tanto en estas decisiones sino en que no se las notificaron inicialmente, en que incurrieron en «falta de transparencia» y que han sido las autoridades españolas las que han tenido que ir descubriendo lo que había. «Por más que, según alegan en su recurso, los recurrentes pudieran opinar que la cuestión no afectaba a su honorabilidad, por ser la decisión de las autoridades venezolanas arbitraria, y era el Banco de España al que correspondía efectuar esa valoración», indicó la sentencia.
Además de los antecedentes, su entramado offshore no ayudó a que recibieran la ficha de idoneidad. «Carlos Rafael Dorado Fernández, Gabriela María Pizzorni y Maximilian Mario Matalón Pizzorni son accionistas de 25 sociedades de las que cinco de ellas tienen el domicilio en Panamá. La complejidad del grupo empresarial de los nuevos accionistas, las jurisdicciones en las que opera y la naturaleza de la actividad de algunas de sus sociedades no podían ser ignoradas por el Banco de España a la hora de valorar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad en el caso».
«Al menos seis de las sociedades del grupo están constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, lo que genera dudas sobre el origen de sus fondos, por más que posteriormente se haya trasladado el domicilio de cuatro de ellas a España, además de que el grupo sigue teniendo dos sociedades con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, por más que los accionistas sean ahora sociedades españolas»
Esta red societaria en jurisdicciones opacas se completa con el trust del que Carlos Dorado era beneficiario último junto a otro empresario venezolano. Esta sociedad de administración de activos, abierta en 2015 a través del despacho Mossack Fonseca, estaba radicada en Nueva Zelanda, uno de los destinos de capitales offshore más cotizados de los útlimos años.
El abogado de Dorado y los Pizzorni no quiso comentar la sentencia ni sus defendidos devolvieron la llamada. El letrado sí aseguró al diario El Confidencial que van a recurrir al Tribunal Supremo, ya que no hay una sentencia firme.
