El cangrejo del transporte público en Caracas
Mientras los usuarios sufren por una sistema cada día más precario y colapsado por la desincorporación de 85% de la flota, los camioneteros insisten en la necesidad de elevar en 300% el precio del pasaje como única salida para evitar que las pocas unidades aun operativas queden inservibles. Las autoridades se lavan las manos
Autor: Ronald Uribe
¿Se acuerdan del “agarra tu camionetica, mamita” que salía en Ni Tan Tarde, el programa que conducía Luis Chataing y Érika de la Vega? Ahora es un lujo el poder ir en el transporte público para llegar a nuestros destinos. La constante alza del pasaje, la escasez de insumos para los transportistas y la aparente falta de control de los organismos del Estado son un cóctel peligroso para el sector.
Los ciudadanos en Caracas viven un calvario para poder trasladarse en la capital. Pueden esperar varias horas una camionetica para llegar a su hogar o trabajo, según sea el caso. La situación del transporte público se ha venido deteriorando de una forma alarmante en los últimos tres años porque el acceso a los repuestos se hace cuesta arriba pues se tasan a dólar paralelo. Esta situación ha hecho que los venezolanos modifiquen su modus vivendi y busquen trabajar cerca de sus casas –o en ellas- por la carencia de este servicio.
“Estamos hablando de no menos de un mes”, alertó el presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Alberto Salazar, quien señaló que la falta de insumos como lubricantes para motor, cauchos y baterías impide que muchas unidades funcionen y las que quedan deben paliar una situación que se ha escapado de las manos.
“Un cambio de aceite debe hacerse una vez al mes aproximadamente y el litro cuesta Bs. 1.200.000, mientras que un chofer puede trasladar máximo a 600 usuarios al día a Bs. 1.000 el pasaje, por lo que se hace imposible realizar el mantenimiento preventivo de las unidades”, explicó.
De una opinión similar es el presidente la Asociación Civil de Conductores Casalta Chacaíto Cafetal y presidente del Bloque de Conductores del Oeste, Hugo Ocando. Manifestó que en la actualidad el 85% de los autobuses “privados” que prestan servicio en Caracas se encuentra paralizado por ese problema, e incluso subrayó que muchos choferes han decidido irse a las zonas de frontera, como Táchira y Zulia, porque existen “mejores condiciones”, debido a que ahí pueden cobrar el pasaje mínimo a Bs 3.000.
Muchos choferes han decidido irse a las zonas de frontera, como Táchira y Zulia, porque allí pueden cobrar el pasaje mínimo a Bs. 3.000″
A pesar de la debacle a la que el transporte público está sometido y que sólo queda aproximadamente un 15% en funcionamiento, descartó que el servicio se detenga de forma abrupta porque “estamos haciendo un esfuerzo muy grande”. Agregó que “no apuestan a la paralización” debido a que esa es su principal fuente de recursos para mantener a sus familias.
Reveló que durante el apagón que se registró el pasado 6 de febrero -producto de la explosión registrada en la subestación Santa Teresa que afectó por horas varias zonas de Caracas, Vargas y Miranda, además de al menos 10 estaciones del Metro- fueron pocas las camioneticas que salieron a recorrer las calles por temor a que sufrieran daños mayores.
“Las camionetas más grandes que tenemos son de 32 puestos y si van 10 personas de pie ya le hace un daño grave a las unidades. En esos casos, el usuario quiere irse como sea y una ballesta sale en Bs 10.000.000, que actualmente es impagable”, denunció.
Las “perreras”: el “por ahora”
Ambos voceros coincidieron en que el Estado aplica como “plan B” el uso de las “perreras”, que desde hace algún tiempo viene aplicando la alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías, para paliar la falta de transporte. Esto consiste en camiones -parecidos a los que usan los efectivos de la Policía Nacional para su traslado- que son abordados por la gente y van de pie (y como pueden) para sus destinos.
Con una foto, Farías ilustró la medida preventiva, “mientras planifican acciones que permitan optimizar el transporte en Ccs”.
Salazar manifestó su preocupación por el uso de este tipo de transporte porque puede causar graves accidentes, como el registrado el miércoles 7 de febrero, cuando se volcó uno de esos vehículos en el sector El Junquito, que dejó al menos una persona fallecida.
Aprovechó para acusar que en los transportes privados existe un “descontrol” a la hora de fijar el precio de pasaje mínimo “y cobran lo que creen conveniente” y ante la falta de la Gaceta Municipal de Libertador –documento que es usado como referencia por las líneas de transporte para fijar las tarifas- “nadie puede reclamar. No tenemos a dónde ir a quejarnos”.
Los transportistas, en palabras de Ocando, insisten en que se ven obligados a subir las tarifas ante el incremento del costo de la vida y la necesidad de reparar su medio de sustento. En ese sentido dijo que en la actualidad “nadie para el deterioro” de lo que son víctimas las unidades y dijo que “no existe un subsidio verdadero ni para los estudiantes o pensionados, ni para los transportistas”.
Sí reconoció que existe una propuesta para aumentar el pasaje mínimo a Bs 3.000 en la rutas que van para La Trinidad, Baruta y El Hatillo, aunque dijo que esto es insuficiente. Estiman que el importe debería estar en al menos Bs. 8.000, pero indicó que están conscientes de que el usuario no puede sobrecargarse con tanto.
“El Estado no quiere aumentar la tarifa”, afirmó y destacó que la razón principal es porque 2018 representa un año electoral, hecho que fue anunciado durante una reunión entre los transportistas y los representantes de la cartera de Transporte.
Como Pilato
Una fuente en el Ministerio de Transporte -que prefirió mantenerse en el anonimato- aseguró que el tema del pasaje mínimo “es el de nunca acabar”, ya que las asociaciones de transportistas buscan reunirse con cada nuevo ministro para gestionar el aumento del pasaje, hecho que hace que la gente “se crea menos el cuento” y generan expectativas en la población.
Dijo que la gestión que llevó a cabo el ministro Ricardo Molina en 2016-2017 (época en la que se registraron varias protestas en el sector, que trancaron vías y paralizaron las actividades) “fue la peor” porque se centró en que el pasaje mínimo estaba en Bs. 200 y nunca mostro la Gaceta que refrendaba el valor, ya que es el Ministerio de Transporte y no la Alcaldía Libertador, el ente que fija los precios.
“Ellos (los transportistas) pueden llegar a un acuerdo con los alcaldes, pero subir el pasaje de forma inconsulta es una rebeldía (…) una desobediencia civil. Los usuarios que realmente se movilizan en transporte público saben que si la tarifa no está en Gaceta, no la pagan, así como el dichoso medio pasaje. Se puede prender el candelero en cualquier momento. Ellos ponen la tarifa aumentada de manera arbitraria y el primero que se les cuadre y se niegue, no se ponen a pelear sino que aceptan”, explicó.
Carnet milagroso
El 24 de enero de 2018, durante una reunión de los transportistas socialistas con el mandatario Nicolás Maduro, surgió la propuesta de que los pagos del pasaje estudiantil y el convencional a los choferes se hicieran vía electrónica con el denominado documento creado por el Ejecutivo, a lo que el jefe de Estado respondió de forma positiva y ordenó la creación de una comisión que estudiara la viabilidad del proyecto.
“Es inviable” y “tomado por los cabellos”, recalcó Ocando al ser consultado sobre el tema porque ese proyecto aún no está estudiado. Sin embargo, dijo que ante la falta de efectivo en Venezuela sería positivo el pago en electrónico.
No nos oponemos que la tecnología se imponga (…) pero no hay recursos para hacer eso. No hay estudios ni nada sobre la implementación del carnet de la patria como sistema de pago del pasaje”.
Hugo Ocando, dirigente de los transportistas
Para Luis Alberto Salazar representaría una “discriminación” cancelar el pasaje con este instrumento, porque obligarías a las personas a sacarse el carnet de la patria. Comparó este hecho con lo ocurrido en el este de Caracas y el servicio de Metrobús, que fue suspendido de forma indefinida a mediados de 2017 durante las protestas antigubernamentales y hasta la fecha, no ha sido restituido.
A pesar de eso, su opinión coincide con la de Ocando en que la tecnología es positiva para los venezolanos. “Es una propuesta que se hizo hace ocho años. Los autobuses Yutong están equipados con para poder pagar de esa forma”, detalló.
En “pico e’ zamuro”
Ante el inicio del asueto de carnavales, comprendido entre el 9 y 14 de febrero de 2018, ambos sectores –choferes y usuarios- se mostraron preocupados por el tema.
Hugo Ocando, quien preside la Asociación Civil de Conductores Casalta-Chacaíto-Cafetal, reveló que en horas de la noche de este 8 de febrero se llevó a cabo una reunión con el viceministro Claudio Faría, quien al parecer manifestó su preocupación por el servicio y pidió que el mismo no se vea afectado, al igual que se mantengan las tarifas que actualmente se están cobrando.
También dijo que el Gobierno les había ofrecido unos insumos para después de las fiestas carnestolendas, con lo que podrían alargar un poco más la vida de las camioneticas.
La preocupación del presidente del Comité de Usuarios va más allá, ya que a su juicio, no existe movilidad para el temporadista en estas fechas, que por costumbre viajaban para alejarse de la ciudad y vivir experiencias diferentes.
El caos también arropa al transporte extraurbano: Expresos Occidente, por ejemplo, solo tiene en funcionamiento cinco de las 300 unidades de su flota»
Advirtió que líneas como Expresos Occidente, Aeroexpresos Ejecutivos y Expresos Camargüi están trabajando con un número limitado de unidades y las colas de pasajeros en los terminales son largas.
“Expresos Occidente está trabajando con cinco vehículos de 300 que tiene la flota: tres que van para San Cristóbal, uno para Maracaibo y uno para Bolívar. Eso está sucediendo en Aeroexpresos Ejecutivos. Tienen cuatro unidades de 70”, señaló.
Según Salazar, las unidades “piratas” (porque no están dentro de una línea conformada) ven más viables ir a las zonas fronterizas, por lo que cobran cerca de Bs. 600.000 por pasaje para llevar a los usuarios hasta, por ejemplo el estado Táchira. Recalcó que esta práctica es peligrosa porque no poseen seguro de viaje.
“En los terminales, como el de La Bandera, son corruptos. Te piden el pasaje en efectivo. Por ejemplo, en San Cristóbal, puedes pagar por punto de venta, pero el pasaje tiene un recargo de Bs. 300.000”, previno.
Además, sugirió que algunos transportistas van a esas zonas para facilitar el contrabando de combustible.
Se quejaron también por la suspensión del subsidio a los usuarios y la falla en las proveedurías de transporte.
“No están funcionando”
La fuente consultada dentro del Ministerio de Transporte reveló que no tienen insumos para mantener las proveedurías en funcionamiento y que por esa razón, se llevan a cabo los decomisos por parte de la Sundde, que a su juicio está siendo mal utilizada por el Gobierno, debido a que esa superintendencia depende exclusivamente del Ministerio de Finanzas y no de Transporte.
Alertó que se aprovechan de las leyes para hacer un “decomiso previo” para poder tomar lo que necesitan. En este caso, baterías y cauchos. La Sundde tiene esas facultades por ley, pero lo malo está en que Transporte “comercializa” con los insumos que son decomisados.
“Como Ministerio no puede vender ni comercializar. No tiene patrimonio. Y son unos bienes en decomiso preventivo. Eso sería vender la cosa ajena. Para poder vender eso, tienes que esperar una decisión judicial. Pero no puedo llegar vía Sundde a decomisar y luego vender. Eso es para ponerle los ganchos”.
Denunció que muchos de esos insumos no llegan al pueblo por “las roscas que hay”, ya que “llegan los generales, empresas del Ministerio de la Defensa para llevarse insumos. Ha habido fiscales de la Sundde que han renunciado por amenazas de muerte”, puntualizó.
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